El 22 de junio, a las 11:30 horas, se realizará una acción de lucha autoconvocada por diversas organizaciones de jubilados de todo el país, entre las que están la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, nuestro Plenario de Trabajadores Jubilados, Jubilados Docentes Autoconvocados por el 82% móvil de Chaco, la Asociación de Jubilados Provinciales Autoconvocados de Córdoba, Asociación de Jubilados Norma Plá de Córdoba, la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, Jubilados de Izquierda, el Centro de Jubilados de ATE Neuquén, Comisión de Jubilados de Amsafe, AGD UBA, entre otros, y estará presente el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino.

La jornada es de tipo virtual y se desarrollará simultáneamente con la movilización convocada por la Coordinadora de Organizaciones de Jubilados en Lucha de Córdoba y la convocada en Rosario por parte de la Secretaría de Jubilaciones y la Comisión de Jubilados de Amsafe. Es decir que será una movilización física y virtual, mixta, según las provincias.

Se llevará a cabo en momentos en que se halla para su tratamiento la  nueva postergación a la suspensión de la movilidad en el Congreso y que ha comenzado a reunirse la bicameral de Previsión Social que está abordando  la reforma del cálculo de movilidad y las cajas provinciales.

La ley que suspende la movilidad hasta el año que viene, pondrá a prueba a todas las fuerzas políticas. No debe pasar. Si la suspenden por un DNU, hay que arrancar una ley que lo anule. Depende de nuestra lucha. Los diputados del Frente de Izquierda estarán al servicio de ella.

La suspensión de la movilidad, que viene desde diciembre de 2019 y que ahora se busca prorrogar, ha significado una rebaja del poder adquisitivo de los haberes jubilatorios. También es un paso decisivo hacia la liquidación de la jubilación como salario diferido, acercándola aún más a un subsidio a la vejez, en tanto se disocia cada día más del salario en actividad de cada trabajador. Ni hablar respecto de la canasta familiar, que en su versión básica, según la defensoría de la Tercera Edad, estuvo en 45.000 pesos en abril.

A la anulación del derecho adquirido de movilidad se agrega el plan de liquidación de las cajas provinciales, como ya ha ocurrido en Córdoba y pretenden hacerlo en Misiones, Buenos Aires, Santa Fe y en otras jurisdicciones.

Estas medidas, que afectan enormemente a los no cuidados “adultos mayores”, forman parte de las discusiones y acuerdos con el FMI y los acreedores internacionales.

El gobierno de Fernández, apelando a los DNU, ha utilizado los fondos jubilatorios para subsidiar a los capitalistas a través de las ATP. El vaciamiento de la Anses se completa con la eximición de aportes patronales, los despidos, suspensiones y el trabajo en negro.

Las trece cajas provinciales viven la misma suerte: constantes intentos de modificar los aportes, el cálculo del haber, la movilidad y la edad, junto con el manejo delictuoso de los fondos para otros fines que interesan a los gobiernos provinciales. 

A todas luces hay una continuidad con la política del gobierno de Macri y la última etapa del gobierno de Cristina Fernández en el sentido de unificar a la baja todo el sistema jubilatorio nacional.

La crisis de expansión del coronavirus en los geriátricos no es ajena al vaciamiento del Pami y demás obras sociales provinciales.

Kicillof, por su parte, ha resuelto usar los fondos de Ioma (obra social provincial de estatales, docentes y jubilados) para rescatar a las clínicas privadas.

La Jornada Nacional de Lucha de las Organizaciones de Jubilados es una protesta con los recursos de lucha que permite la cuarentena.

Los jubilados y sus organizaciones, en forma autoconvocada vamos por: 

• Defensa de la movilidad. Devolución del derecho adquirido.

• 82% móvil, en base al mejor sueldo en actividad.

• Mínima de $45.020 equivalente a la Canasta Jubilatoria.

• Trabajo bajo convenio y en blanco de todos los trabajadores.

• Plan de viviendas para jubilados.

• Restitución de los fondos de Anses. Devolución de los bonos de deuda, reinstalación de los aportes patronales.

• Por la administración y control de trabajadores y jubilados de Anses, de las cajas provinciales y especiales y de Pami y obras sociales provinciales, por medio de directorios electos por los propios trabajadores y jubilados.

• No pago de la deuda externa.

• Impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas.

• Testeos masivos y sistemáticos a residentes y trabajadores de los geriátricos, por medidas de salud e higiene adecuadas y preventivas para evitar los contagios.