El secretario general de la CGT Regional y del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), y también legislador del peronismo, ha obtenido una jubilación de privilegio días antes de que se aprobara en la Legislatura el robo jubilatorio cordobés. Cobrara unos 250 mil pesos. Para llegar a esa cifra, superior incluso al salario de un parlamentario, Pihen ha recorrido un largo camino de traición al movimiento obrero y a la causa de las y los jubilados. La resolución que le otorga el “beneficio” no tiene desperdicio.

Resulta que en el año 2002, previo a que comenzara la historia de la armonización jubilatoria, el gobierno de De la Sota promovió un programa de retiros voluntarios. Pihen, que en ese momento ya conducía el SEP desde hacía diez años, solicitó la jubilación con solo 56 años de edad. Luego en el 2003, Pihen renuncia a la jubilación anticipada pero efectúa una “reserva de derechos” y el trámite se archiva. El 11 de marzo del 2020, el burócrata pide el desarchivo del expediente y el beneficio que finalmente el gobierno le otorga.

A Pihen no lo afectará la reforma previsional del pasado 20 de mayo. Pero no solo eso. Tampoco lo afectará la reforma del 2002 y la del 2008. Mediante esas reformas los gobiernos de Duhalde-De la Sota y Cristina Kirchner-Schiaretti, comenzaron y continuaron el proceso de “armonización jubilatoria” de la Caja provincial con el régimen de la Anses. El objetivo de la armonización es básicamente destruir el régimen local que garantizaba el 82% del mejor salario bruto y pasar a calcular como nación, donde un jubilado percibe poco más de la mitad su salario en el retiro. Ahora Schiaretti-Fernández han completado en gran parte ese objetivo histórico. Pihen es el único al cual se le reconoce la aplicación de Ley 8.024, un reclamo extendido entre trabajadores estatales.

Para alcanzar los $250 mil de jubilación, Pihen no se jubila como trabajador, lo hace con una jubilación de privilegio en la categoría “legisladores y funcionarios del Poder Legislativo”. Pihen quiere cobrar un precio alto por todos sus “servicios” al gobierno peronista, equiparándose a los ingresos que perciben funcionarios del Estado capitalista y jueces y fiscales, que llegan en algunos casos a los 400 o 500 mil pesos. La UCR por medio del exintendente Mestre ha salido a plantear que se trata de una estafa. Sin duda que lo es, pero contra las y los trabajadores, y no contra los funcionarios macristas-radicales que fueron los primeros en atacar gravemente la Caja de Jubilaciones (decreto 1.777 de 1995), y que tienen a cientos de sus integrantes cobrando jubilaciones de privilegio.

El hecho de que Pihen haya reiniciado su trámite en marzo pasado es una prueba que ratifica nuestra denuncia de que la burocracia sindical conocía los planes de reforma laboral de Schiaretti. Su complicidad en la entrega estaba clara desde mucho antes, cuando el SEP y también la Uepc (docentes), fueron haciendo pasar las rebajas de aportes al fondo compensador, por aumentos salariales. Ello significaba quitarle financiamiento a la Caja para pavimentar las bases económicas y sociales de la reforma reaccionaria.

Todo este entramado delincuencial del gobierno y la burocracia sindical es rechazado por el movimiento obrero y la población trabajadora. Las encuestas marcan una caída importante de la imagen de Schiaretti, que tiene sus causas en este robo. Se ha creado una enorme presión social al respecto, que incluso ya se vio reflejada en un primer fallo judicial en contra de la reforma previsional.

Pero lo más importante es que el movimiento reclama lucha. Las burocracias sindicales, luego de haber dejado pasar el robo jubilatorio sin movilizar, han tenido que improvisar “caravanas” para montar una especie de rechazo, pero se niegan a decretar el paro general y la movilización masiva. El activismo clasista y combativo tiene una enorme responsabilidad en la situación planteada, pues ante la traición y la entregada de la burocracia, debe impulsar el reagrupamiento para reclamar asamblea general y plan de lucha.

Desde el Partido Obrero y la Coordinadora Sindical Clasista intervenimos en esta lucha con un programa de salida obrera la crisis: abajo el robo jubilatorio, restitución del 82% móvil y de la ley 8.024, terminar con el trabajo precarizado y en negro, reponer aportes patronales, eliminar jubilaciones de privilegios de funcionarios, que la Caja sea conducida por trabajadores mediante un directorio electo y revocable, plan de lucha y paro general, congreso de delegados de bases, y fuera la burocracia sindical.