Cuando presentó la designación de Juan Cabandié como ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alberto Fernández expresó que “va a ocuparse de lo importante y no va a necesitar disfrazarse de árbol” en referencia al anterior Secretario de Ambiente, el rabino Sergio Bergman, de quien su disfraz en un festival de Cine Ambiental es de las pocas acciones que se le recuerdan, además de sus declaraciones frente a los incendios forestales que suceden cada verano: “lo más útil que podemos hacer es rezar”. El presidente no le pide mucho, más atendiendo que –al igual que su antecesor- no tiene el menor antecedente en la temática.

La única alusión a la cuestión en el discurso de asunción de Fernández fue que “estamos inspirados en la encíclica Laudato si de nuestro querido papa Francisco, carta magna ética y ecológica a nivel universal. Por eso hemos tomado la decisión de jerarquizar como ministerio al área ambiental”.

Para eso reclamó “una política ambiental activa” y un modelo “de valoración de los recursos naturales”, mientras que en el resto de las áreas de gobierno se han puntualizado objetivos que colisionan abiertamente con cualquier desarrollo sustentable.

Las mayores concesiones que promete a los pulpos que explotan Vaca Muerta -para lo cual desembarcó Guillermo Nielsen en YPF- explican que Cabandié viajara hasta Madrid para participar de la conferencia climática de la ONU (COP25) pero evitara allí hacer referencia al tema en discusión: la emisión de gases de efecto invernadero y la generación energía a base de combustibles fósiles. La vía libre al fracking, además, abarca los intentos por habilitarlo en Mendoza, donde tendría el consabido perjuicio de dejar sin agua a los cinco oasis de riego de la provincia en que se basa la producción agrícola e industrial.

A su vez, la adjudicación de la Secretaría de Minería a un propulsor del “modelo Barrick” de San Juan, Alberto Hensel, es una carta blanca al lobby de las mineras por reducir los míseros impuestos que pagan y flexibilizar aún más los controles de impacto ambiental. El flamante secretario ya se hizo eco de la presión por habilitar la megaminería contaminante en Chubut y Mendoza, y reclamó modificar la Ley de Glaciares para permitir la explotación minera en zonas periglaciares. En cuanto al litio, tan promocionado, diversos estudios realizados en las provincias de Salta y Jujuy señalan que los efectos de la extracción del mineral en las fuentes de agua de la zona afectada significan un riesgo hídrico para toda la región, y provocaría daños irreparables con consecuencias directas para los pobladores locales.

El nombramiento en Agroindustria de Luis Basterra, un delegado del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, deforestador, promotor del agronegocio con transgénicos y del uso de agrotóxicos, también echa por la borda cualquier política ambiental. Esto cuando está muy cuestionada la implementación de la Ley de Bosques Nativos, cuyo presupuesto es subejecutado mientras crece la tala ilegal en toda la región chaqueña (provincias de Salta, Santiago, Formosa y Chaco), al igual que en Santá Fé, Córdoba y zonas patagónicas. Hay, además, toda una presión en marcha, para proceder a una degradación de categorías en el ordenamiento territorial y habilitar nuevas zonas a la deforestación para que avancen los negocios de los empresarios sojeros, azucareros, petroleros, ganaderos y madereros, mediante el avance de la frontera agrícola.

El conjunto de la “política productiva” del nuevo gobierno tiene un denominador común: el desastre del medio ambiente. La tarea de Cabandié será, entonces, disimular la depredación que se agravará por la acción de los pulpos capitalistas, estimulada con el único fin de recaudar dólares para pagar la deuda. En esa línea, apuntará a crear el gabinete contra el cambio climático, con el objetivo de cooptar a algunas de las organizaciones que vienen reclamando por la temática.

En contraste con la orientación del gobierno, los movimientos ambientalistas tienen todo un desafío de lucha en esta etapa que se abre, como las que se están librando contra la megaminería en Chubut y Mendoza. Además de las cuestiones señaladas, se agrega la pelea contra los incendios forestales, por la Ley de Humedales, el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, la derogación del decreto 591/19 que permite el ingreso de residuos peligrosos al país sin certificado de inocuidad sanitaria y ambiental.