En el último mes, no fueron pocas las voces oficialistas que pidieron a quienes están descontentos con el gobierno “por izquierda” que mantengan su apoyo a Alberto Fernández. El primero en ponerse en la fila fue Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande, quien el mismo día del recule del gobierno para expropiar la empresa Vicentin, afirmó en las redes sociales que “hay una ofensiva desestabilizadora contra el gobierno (…) más allá de toda crítica legítima, hay que aguantar los trapos”.

La violenta diatriba que Grabois protagonizó en las redes sociales contra Julio De Vido, acusándolo de corrupto luego de que este compartió en redes la carta de Madres de Plaza de Mayo con críticas al gobierno de Fernández, muestra no solo la virulencia de la interna en el frente oficial sino la desesperación por censurar cualquier planteo que deje expuesto el carácter antipopular de un gobierno que aparece reculando frente a cada amague de una política popular o progresista.

Mientras se cruzan carpetazos de corruptela que incriminan a todo el frente oficial, debe notarse por un lado que la denuncia de destacados cristinistas por privilegiar una política de acuerdo al gran capital tiene un componente muy fuerte de impostura. Los gobiernos kirchneristas tuvieron largos idilios gobernando paso a paso en consulta con sectores capitalistas como Techint, Clarín o la Sociedad Rural que ahora descubren sorprendidos como favorecidos por su presidente Alberto Fernández. Por otra parte, los “negocios con Stanley” que De Vido le enrostra a Grabois como dirigente del triunvirato clerical-piquetero de San Cayetano son el componente monetario de una política de cooptación estatal de las organizaciones de desocupados para hacer pasar la continuidad de la miseria y la precarización. Esa política la implementó en gran escala Néstor Kirchner, con De Vido como ministro. Grabois y sus aliados continuaron bajo el gobierno de Macri y ahora del de Fernández una tarea de contención reaccionaria que ejercieron de la mano de De Vido y Kirchner los D´Elía, Milagro Sala o Pérsico.

El que trató el tema con la menor cantidad de pelos en la lengua fue el filósofo José Pablo Feinmann en la contratapa de Página 12 del último 5 de junio. El escriba expresó: “lo que habría que revisar es el desencanto que se adueña de algunos periodistas que esperan el cumplimiento de ciertas cuestiones que prometió Alberto F. durante la campaña y sobre todo en su discurso de asunción. ¿Qué les pasa? ¿Olvidaron que Alberto es peronista? ¿Olvidaron que Perón decía que en política hay que tragarse un sapo todos los días?”. Claridad no le faltó.

La única verdad

Es indudable que existe un sector de la población que veía al gobierno de Alberto Fernández como un posible motor de transformación social y que se ve desilusionado con las políticas del oficialismo.

El espacio político que llegaba a “poner plata en el bolsillo de la gente” tomó medidas apenas abrió la puerta de la Rosada como restituir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), deteriorando la capacidad de consumo de la clase trabajadora o la “Ley de Solidaridad”, que bajaba las jubilaciones de la ya de por sí recortada fórmula macrista. Mientras empezaba a acomodarse en el sillón de Rivadavia, el gobierno pactaba el monitoreo de la Economía por parte del FMI, se mantenía en el Grupo de Lima y realizaba una gira con algunos de los principales jerarcas del imperialismo como Netanyahu, Macron y Merkel.

Fue la pandemia la que clarificó más nítidamente que el gobierno termina haciéndole pagar la crisis a quienes trabajan. El ejecutivo nacional pactó con la UIA y la burocracia sindical de la CGT una reducción del salario nominal del 25% (en algunos cosas, con los descuentos, llega a cifras cercanas al 40%), volvió a ajustar y a luego congelar el aumento jubilatorio y decretó el pago en cuotas del aguinaldo. Se congelaron las paritarias. Sacó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que prohibía los despidos que resultó no brindar defensa alguna, ya que el gobierno y los sindicatos usaron sistemáticamente la cláusula que les permitía acordar despidos a pesar de la prohibición general. Solamente en marzo y abril se redujeron 284.821 puestos de trabajo registrados (contando los informales, la cifra supera holgadamente el medio millón). No solamente no lo cumple el sector empresarial, sino que tampoco lo hace el gobierno, como lo demuestran los despidos del 20% de la planta de YPF (empresa con directorio estatal).

Este ataque contrasta muy fuertemente con los beneficios patronales. El gobierno facilitó subsidios a Techint, Clarín, Coca-Cola (y otras) del 50% de los salarios sin siquiera pedir la apertura los libros contables de esas empresas. Esto da lugar a fraudes con toda las letras, como ocurre con los trabajadores de las empresas de comidas rápidas, a quienes se les termina pagando menos sueldo que el ATP del Estado. Mientras esto ocurre, el gobierno archivó cualquier tipo de impuesto, aporte o lo que sea a las grandes fortunas y reculó de manera significativa con la expropiación e incluso intervención de Vicentin. La moratoria impositiva y el blanqueo de capitales a quienes evadieron 440.000 millones (y se sentaron al frente en el acto del 9 de julio) va en ese mismo sentido.

El gobierno nacional, a su vez, otorga cada vez mayores concesiones a acreedores de deuda, incorporando entre 10 mil y 15 mil millones de dólares a la ya “buena oferta” inicial. Los acreedores tienen sí una “paritaria” magnífica: recibirán un pago sin quita de capital, con menos “período de gracia” y una tasa de interés que quintuplica (o más) la que se paga en los mercados internacionales.

El gobierno está muy lejos de otorgar una salida en tiempos de pandemia a los trabajadorxs informales: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) dejó a cuatro millones de personas afuera y consistió en tres cuotas de 10 mil pesos extendidas en cuatro meses y medio. En julio la Argentina puede llegar a llegar al 50% de pobreza. El “cerco” de Villa Azul fue la muestra del avance general de una política represiva con Berni, Manzur y Capitanich a la cabeza bajó la cual se enmarca el ataque a la comunidad qom en Chaco, el asesinato de Luis Espinoza y Wálter Nadal en Tucumán y la desaparición de Facundo Astudillo Castro.

El gobierno no invirtió de forma considerable, tampoco, en un sistema sanitario en peligro de colapso (ni centralizó el sistema de salud para no tocar los intereses de la salud privada). Levanta la cuarentena en el peor momento de los contagios, no por éxitos epidemiológicos sino por presión de los lobbys patronales, que amenazan con descargar aún más la crisis sobre lxs trabajadorxs.

Muchas de las corrientes que a veces defienden al gobierno “por izquierda” intervienen en la universidad. Todas callan frente al brutal ataque que hay a la educación superior: las universidades nacionales y los colegios preuniversitarios funcionan con un presupuesto votado en diciembre del 2018 (con el dólar a 38 pesos y con una inflación encima del 70%).

Esto de quienes venían a cambiar al país y que quieren “cambiar el mundo”, según dijo Alberto Fernández en su charla con Lula. Como decía Juan Domingo Perón, la única verdad es la realidad.

Estado, polarización y disputa

Es claro, entonces, por qué un sector con aspiraciones progresistas empieza a ver al gobierno de reojo. Sin embargo, las organizaciones “izquierdistas” sumadas al Frente de Todos sostienen su apoyo al gobierno con la teoría del “Estado en disputa”: desde “adentro” se podría empujar al gobierno para el lado de “los sectores populares”. Si hay un partido por definir la orientación del gobierno, el equipo de Techint, el FMI, la Sociedad Rural y el imperialismo está ganando por goleada.

La agenda de ataque a quienes menos tienen no responde a los elementos más derechistas de  la coalición oficial como elementos aislados, sino a la subordinación general de todo el gobierno a los reclamos de la clase dominante. O sea, la naturaleza y el rol del propio Estado como instrumento de una clase dominante para defender sus intereses, no para el “bienestar social general” del “campo popular”. El Estado es y será de clase. Puede, por momentos de cierta bonanza o renta extraordinaria, ceder algún beneficio circunstancial, que en realidad es una conquista arrancado por la clase obrera con su lucha. Pero nunca lograr el bienestar social. Su objetivo es mantener en pie un régimen social, no cambiarlo. Siempre “los miserables” están por delante.

El objetivo de este progresismo gubernamental es lavarle la cara a una política ajustadora, cubrirla por izquierda. Si no, podemos observar con atención esta frase de Grabois en abril, en el portal Infobae: “las propuestas políticas que abrazarán la juventud y los desposeídos traicionados por el sistema harán que las élites ciegas extrañen la agenda moderada del llamado populismo latinoamericano con su pequeño impuesto a las grandes fortunas, sus pequeñas retenciones a las exportaciones, su pequeña intervención en el sector financiero y sus magras políticas sociales. La tentación de apelar a soluciones drásticas como nacionalizaciones masivas, confiscación de bienes suntuarios, gravámenes altísimos y reformas económicas socializantes será cada vez más fuerte”. Dicho con más claridad, Grabois ofrece los servicios del nacionalismo como una alternativa más barata para los capitalistas para evitar las transformaciones de fondo que podrían derivar de las explosiones sociales que ya han comenzado en la región y amenazan con tomar dimensiones revolucionarias.

Es falaz que hay que estar con el gobierno nacional para “enfrentar a la derecha”. Se argumenta para esto, por ejemplo, las marchas anticuarentena. El trío de Fernández, Kicillof y Larreta ha hecho más por flexibilizar la cuarentena a pedido de las empresas que cualquier grupo de bolsonaristas conspiranoicos. Han montado un verdadero pacto nacional de gobierno con Cambiemos, que tuvo una nueva demostración en la cita separada de Fernández con su bloque parlamentario sin que las críticas del Frente de Izquierda rompieran su armonía. Los une la agenda de las enormes concesiones a acreedores de la deuda y de imponer los reclamos de la Unión Industrial Argentina a los trabajadores. ¿Hay algo más derechista que bajar los salarios un 35% cuando hay inflación? ¿Es o no es, acaso, una medida conservadora liquidar jubilaciones, mientras con la plata de la Anses se subsidia a Techint o mientras se paga la deuda? ¿Hay algo más represor que las policías de Kicillof-Berni, Capitanich y Schiaretti?

 

Hoy no hay nada más “funcional” a la agenda de la burguesía que el propio Alberto Fernández. En las cuestiones de fondo, la derecha está con el gobierno. “Larreta es mi amigo”, dijo el propio presidente, sin que nadie le pregunte.

La verdadera polarización es la que tiene a quienes trabajan, de un lado, y los Rocca, Pagani, FMI, Magnetto, Mindlin del otro. Es decir, la lucha por ver quién paga la crisis.

¿De qué lado hay que estar?

No se puede estar a ambos lados del mostrador. O se está con Techint o con los jubilados. O se arregla con los bonistas o se beneficia a lxs trabajadorxs. Es por esto que las ilusiones de quienes apostaron al gobierno para cambiar la realidad se encuentran con un bloqueo. Pero, lejos de la desmoralización, la reacción debe ser buscar otra salida.

Desde la izquierda, entendemos que el único camino para transformar y que haya una salida de “lxs que menos tienen” pasa por construir un canal de independencia política del estado y los partidos que representan intereses patronales.

El Partido Obrero viene siguiendo esa ruta en la construcción del Frente de Izquierda- Unidad, del Plenario del Sindicalismo Combativo y de la pelea por la independencia del movimiento de mujeres, de la juventud. La pelea por una transformación social no puede estar sometida a pedir permiso a quienes pelean por defender sus privilegios. Solo rompiendo con sus imposiciones y los prejuicios que instalan en la sociedad podremos liberar la energía de los movimientos de las masas que necesitan transformar la historia y son las únicas que lo pueden hacer.