En momentos en que la conmoción social por el crimen de 185 personas, en su mayoría jóvenes humildes, reavivó en las calles céntricas de la ciudad las movilizaciones para “que se vayan todos”, Aníbal Ibarra designó en el cargo más sensible a uno de los políticos repudiados que siempre vuelven.

 

'Juanjo Alvarez’, antecedentes

 

El 26 de junio de 2002, más de 40 personas fueron heridas con munición de guerra en Avellaneda; allí eran asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Juan José Alvarez, desde que había asumido el cargo de secretario de Seguridad en diciembre de 2001, había impulsado el accionar conjunto de las cuatro fuerzas de represión interior, que bajo su coordinación se puso en marcha el 26 de junio.

 

El viernes 7 de junio, tres semanas antes de los crímenes de Avellaneda, Alvarez había anunciado que el gobierno “estaba decidido a impedir” las protestas que cortaran los accesos a la ciudad. “Cuando se le preguntó si el gobierno actuaría con mano dura para controlar los piquetes, Alvarez sostuvo que no se trata de ‘dureza o blandura, sino de una decisión política. A la ciudad no se la puede bloquear’, insistió, y sostuvo que ‘habrá operativos conjuntos de las fuerzas de seguridad para hacer frente a este tema’” (Agencia DyN).

 

Durante la trágica jornada, Alvarez dirigió el operativo desde su oficina, en permanente comunicación con los jefes de la Policía Federal. Bajo sus órdenes se habían impedido, aquella misma mañana, otros tres bloqueos de puentes, y sólo faltaba evitar “a cualquier costo” el corte del Puente Pueyrredón.

 

Inmediatamente después de los asesinatos, y hasta que se conocieron públicamente las fotografías que incriminaban a la Policía, Alvarez se convirtió en vocero oficial. “Los que manifestaron son otros (respecto a los cortes anteriores). Esta vez lo han hecho de una manera absolutamente violenta e irracional. Hubo personas dentro de la manifestación que pedían el auxilio de las fuerzas policiales porque veían correr peligro su propia integridad”, sostuvo ante micrófonos, grabadores y cámaras de televisión. Durante esa conferencia y en los días siguientes, Alvarez insistió en mencionar –cada vez que pudo– la existencia de armas de fuego entre los manifestantes. No le importó que la policía no hubiera secuestrado ni una sola a pesar de las 160 detenciones y ningún efectivo hubiera sido herido por los disparos. “Se han visto agresiones con una honda, con escopetas, armas y bombas molotov”, dijo.

 

En el trabajo de investigación Darío y Maxi, dignidad Piquetera , publicado en forma de libro por el MTD Aníbal Verón en el Frente Darío Santillán, se analiza la actitud de Alvarez: “¿Sabía el secretario de Seguridad que estaba mintiendo o en su buena fe reprodujo información falsa? Como dijimos, no hubo ni hay ningún informe que certifique sus palabras. Después de ejercer como intendente de Hurlingham en el Gran Buenos Aires y como funcionario en áreas de seguridad en la provincia de Buenos Aires o en el gobierno nacional, Juan José Alvarez aprendió con precisión lo que somos los movimientos de desocupados, nuestros alcances y limitaciones. No desconocía el tema. Era consciente de que estaba mintiendo para justificar los crímenes. Tan bien conocía lo que había pasado aquel día en Avellaneda que, antes de terminar la conferencia, cometió el fallido que lo delató. Refiriéndose a la denuncia del chofer al que le incendiaron el colectivo en la avenida Mitre al 1.300, a trece cuadras del Puente y cuando ya no quedaban manifestantes, lo hizo en estos términos: ‘Como ha denunciado un chofer de colectivos, lo ha bajado del mismo personal que estaba con escopetas’. Con su acto fallido Alvarez no hizo más que confirmar lo que cualquiera que estuvo en Avellaneda aquella tarde sabía: que portando escopetas, armas de fuego, Itaka, el 26 de junio sólo hubo personal policial”.

 

Carrera política

 

De 49 años, Alvarez construyó su carrera haciendo gala de legalista en materia de seguridad, distinto de los Ruckauf o Atanasoff. Sin embargo, la práctica lo encontró compartiendo y justificando ese trabajo sucio. Los roles que el vicejefe de la Side y el secretario de Seguridad del gobierno de Duhalde jugaron en la planificación, ejecución y justificación de los crímenes de Avellaneda, lejos de ser antagónicos con el de Alvarez, fueron complementarios: para disparar sistemáticamente sobre los manifestantes, había que montar el escenario de saturación de fuerzas represivas que dispuso Alvarez.

 

‘Juanjo’ Alvarez dio sus primeros pasos políticos en los convulsionados años ‘70, militando en la derecha sindical peronista. Entre los años ‘91 y ‘93 fue el director más joven en la historia del Banco Provincia. Como gran parte del elenco duhaldista, conoce el menemismo desde adentro: fue subsecretario de la Presidencia de la Nación hasta 1995, especializándose en Modernización Pública (forma elegante de definir la política de privatizaciones). Fue electo intendente de Hurlingham en 1995 y 1999, cargo que abandonó el 26 de octubre de 2001 para hacerse cargo del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

 

Durante la rebelión popular que terminó con el gobierno de De la Rúa, Alvarez jugó un rol destacado en las maniobras tendientes a favorecer al aparato político del duhaldismo: “Ustedes, si quieren darles a los comercios chicos, dénle p’adelante, basta que no se metan con los hiper”, dice el diputado provincial Luis D´Elía que le dijo el entonces ministro de Seguridad de la provincia, en el marco de los saqueos del 19 de diciembre.

 

Una vez caído De la Rúa, Alvarez –desde el Ministerio provincial– volvió a aportar su visión ágil y efectiva para desactivar lo que días antes había ayudado a activar. Una impresionante campaña de acción psicológica se montó durante las madrugadas del viernes 21 y sábado 22 de diciembre, con el fin de retraer el estado de efervescencia popular que habían generado los saqueos y el derrocamiento del gobierno por el pueblo. Asumido Rodríguez Saá, Alvarez fue designado para el mismo cargo pero en el gobierno nacional, por pedido expreso de Ruckauf.

 

A partir de diciembre de 2001, en el marco de la estrategia del PJ para neutralizar la movilización popular, mientras Oscar Rodríguez y Quindimil planteaban “disputarle la calle a los piqueteros y los zurdos”, Alvarez apelaba a operaciones de acción psicológica. La misma lógica se dio el 26 de junio de 2002.

 

Este es el personaje que Kirchner y Duhalde le impusieron a Ibarra frente a la crisis de poder en la Ciudad.