Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó la ley de jubilación  privada gracias a un acuerdo secreto de Cavallo  con Naldo Brunelli, que aportó los “diputados gremiales” que le faltaban al oficialis-mo para alcanzar el quorum y votar el proyecto.

El proyecto votado en general, es aun más reaccionario que el  anterior. Obliga a los trabajadores a ingresar al sistema privado planteando una falsa “optativi-dad”. Al mismo tiempo, elimina las pensiones de invalidez y viudez al reducirlas a cifras irrisorias.

La ley mejora el  negocio de los bancos, compañias de seguros y grupos económicos. El único escollo que subsiste para éstos es el articulo 39, que establece una garantia en pesos y dólares para los aportes que se hagan al  Banco Nación. Los pulpos esperan ver modificado o anulado este artículo en la votación en particular o en la reglamentación de la ley,  porque naturalmente preven la devaluación del peso.

La llamada “oposición” fue pulveri-zada en todas las votaciones. Su “estrategia”  de negociar el quorum a cambio de “consensuar” los proyectos fracasó en toda la línea. Es que todo lo que podía ser aceptado por “consenso” ya estaba incorporado en el proyecto oficial: la eliminación del 82 %, la elevación de la edad para jubilarse,etc., propugnados en el “proyecto alternativo” , son puntos claves de la ley votada. El paso que la burguesía quería franquear era la institucion de la jubilación privada, lo cual lograron merced al apoyo de la reprodrida burocracia sindical.

El cuento de la optatividad

Aunque el proyecto se declara “optativo”  la opción no existe, porque las nuevas cláusulas castigan económicamente más al trabajador que ingrese o permanezca en el sistema público.

De ahora en más  por cada año de aporte al sistema público, el trabajador recibirá una jubilación basica de  200 pesos más un haber o prestación por permanencia del 0,5 % del salario promedio de los ultimos 10 años. Así, si un trabajador aporta durante 40 años al sistema publico recibirá una jubilación del 20 %( 40 x 0,5 % )del salario de los ultimos 10 años. O sea que si gana  1000 pesos por mes, su jubilación será de 200 pesos ( 20 % de $ 1.000) más la básica de  200 pesos, en total  400 pesos.  En sintesis, se jubilaría con el 40 % de su salario.

En la privada, en cambio, a la jubilación básica de  200 pesos, podrán sumar la capitalización de sus aportes de 40 años. Esta debería darle, si el Fondo no quiebra y si la especulación florece durante cuatro décadas, la posibilidad de una jubilación “privada” de 450 pesos a 500 pesos. En total (“básica” más “privada”), se jubilaría entonces con  650/700 pesos en lugar de los  400 pesos del sistema estatal.

En ninguno de los casos, la jubilación alcanzaría al 82 %, incluso si el trabajador hubiera aportado como en este ejemplo, en forma ininterrumpida durante 40 años, (sin desempleo, ni suspensiones, ni enfermedades prolongadas). De haber dejado de aportar por alguna  de estas razones, tanto la jubilación estatal como la “privada” disminuirían aun más respecto del 82 % .

No estamos por lo tanto  frente a un régimen optativo, porque no se ofrecen  jubilaciones equivalentes. Los “liberales” privatistas saben que en ese caso la “jubilación privada” no tendría ninguna chance, porque la garantía de un sistema estatal es jurídicamente superior al del más seguro sistema privado.

Pensiones

Las pensiones por  invalidez y muerte quedaron trituradas, sea que se opte por el sistema publico o el privado.  Esto, porque se eliminó la norma tradicional que aseguraba las pensiones equivalentes al 70 % del sueldo del trabajador fallecido o accidentado. En su lugar, el salario de referencia para determinar las pensiones será del 70 % del sueldo promedio de los ultimos cinco años y sobre ese valor las pensiones serán equivalentes al 50 %. Por lo tanto, de un plumazo las pensiones que-daron reducidas al 35 % del sueldo del trabajador (50 % de 70).  La pensión co-rrespondiente a un sueldo de  1.000 pesos (siempre y cuando se actualice co-rrectamente el sueldo de los ultimos 5 años será de 350 pesos, en lugar de 700 pesos, como determina la actual legislación.

El proyecto oficialista ha salido  con una hechura más reaccionaria de la que entró, gracias a los “aportes” de los “sindicalistas” al Congreso.