“¿Quién iba a decir hace dos años que esto ocurriría?”, se pregunta con total incredulidad el diario madrileño El País (18/ 10/92), en un sugestivo informe titulado, “El riesgo de quiebras aconseja extremar la vigilancia sobre los fondos de pensio­nes”. En pocas palabras. La jubilación privada en España está en quiebra.

Según el informe, el grueso de la jubila­ción privada española está constituido por fondos de previsión internos que manejan las propias empresas “sin acudir a una entidad gestora y otra depositarla del capital”. “Las estimaciones más optimistas —agrega El País— elevan la cantidad hasta los 2,5 billones de pese­tas, de los que podrían beneficiarse hasta 500.000 trabajadores llegado el momento de su jubilación”. Sin embargo, como reconoce el Ministerio de Economía

Español, “una cosa son los compromisos adquiridos por las empresas con los trabajadores y otra muy distinta la dota­ción real del fondo de pensiones". Es decir, los fondos provisionales han sido to­talmente evaporados por las empresas.

Según El País, el temor que recorre España es que se repita "el caso de la quiebra del imperio de Maxwell o el BCCI, en los que se descubrió que los fondos de pensiones de los trabajadores no estaban dotados (respaldados) y que, por tanto, éstos se quedaban sin empleo y sin pensión El informe señala, ade­más, que el tema se ha convertido en “una cuestión de Estado... porque en caso de Insolvencia del empresario, no sólo por una razón de bienestar y garantía social sino porque, de otra forma, el Estado puede acabar siendo responsable civil subsidiario, como ha ocurrido reciente­mente en Italia. Y en España pone los pelos de punta la crisis de Galerías Pre­ciados, en cuya solución el fondo de pensiones es determinante, y aunque el Estado ya no tiene formalmente nada que ver ahí, la empresa ha pasado por sus manos”.

Pero sucede que la parte de los aportes que las empresas efectuaron a dichos fon­dos previsionales fueron deducidos anual­mente del “impuesto de sociedades”, lo que significa que, en definitiva, no fue la patronal la que aportó su propio dinero sino los contribuyentes españoles, o sea los propios trabajadores. De esta manera, et aporte patronal a los fondos previsionales fue una forma legal de apropiación del pre­supuesto del Estado o un crédito público gratuito. Después de confiscar a los contri­buyentes, la “iniciativa privada" termina confiscando la propia jubilación de los traba­jadores.

SI se tiene presente que “los planes y fondos de pensiones en España comen­zaron a ser operativos en el mes de di­ciembre de 1988”, tamaña bancarrota es realmente una proeza “empresaria". Que el sentido de la jubilación privada es el fraude fiscal surge del análisis efectuado por el director del Banco Santander, Alfredo López Estévez (La Reforma Provisional y los Fondos de Pensión, abril 1992) al seña­lar que “las primeras aportaciones (patronales) se realizaron evidentemente por razones fiscales”. “En estos más de tres años, las Instituciones Financieras nos hemos esforzado por tratar de con­vencer a los clientes para que considera­ran el Plan de Pensiones como un pro­ducto del ahorro y previsión para la jubi­lación, y no solamente fiscal. Sin embar­go, el éxito ha sido relativo si se tiene en cuenta que el 40% de las aportaciones se recaudan en prácticamente el último mes del año”, es decir para poder deducirlo de los impuestos al cierre de tos Balances de las empresas.

La conclusión del informe de El País es simple: "alcanzar la jubilación tranquila y sin grandes riesgos económicos empie­za a ser cada día más complicado para los trabajadores”.