La designación de Carolina Píparo al frente de la Anses bajo el próximo gobierno de Javier Milei opera en el marco de los adelantos del presidente electo hacia una ofensiva privatista de la jubilaciones, con el retorno de las AFJP, y un ajuste en lo haberes allanado por el Frente de Todos, los K con Raverta y Sergio Massa, que dejan la jubilación mínima en tan solo $105.713.

La excandidata “libertaria” a gobernadora por la provincia de Buenos Aires, actual diputada nacional por la misma fuerza y exlegisladora provincial y funcionaria distrital (La Plata) por Juntos por el Cambio tomará las riendas de la Anses, junto a un hombre del sistema previsional privado y el capital financiero, Juan Manuel Verón.

El ajuste que Milei prepara contra los jubilados tiene un punto a su favor, garantizado por el gobierno del Frente de Todos y Sergio Massa; la vulnerabilidad de unos 5,5 millones de jubilados (73%) que cobran la mínima, cuyos haberes finales se componen de otros ingresos (bono de $55.000, prestación alimentaria Pami, etc.) que el nuevo gobierno podría no renovar en enero del 2024.

La sola no renovación del bono prorrogado y actualizado por Massa implica un recorte inmediato del 34% en las jubilaciones, sin mediar reforma previsional ni convocatoria al Congreso alguna, dejando la mínima en alrededor de unos 100 dólares.

Lo que tiene en mente

A la hora de resaltar la “autoridad” de dichas designaciones en la Anses, Milei destacó sobre Verón que “ha trabajado activamente en la reforma del sistema previsional de México”. Cabe agregar que el sistema previsional de México es de capitalización privada, similar a la experiencia fallida de las AFJP.

La reforma previsional mexicana vino a convalidar un régimen de apropiación y utilización de los ahorros de los trabajadores mexicanos en manos de entidades financiera. Muchos de estos negocios orientados a transacciones con el propio “Estado mexicano”, con la compra de bonos públicos.

Verón, de actualidad laboral en la multinacional mexicana Principal Financial Group -una compañía especializada en servicios de retiro, ahorro e inversión-, se desempeñó en instituciones financieras como como Santander Investment, Máxima AFJP y el HSBC Group.

El robo de las AFJP

Milei viene siendo un claro exponente de las defensa del sistema de capitalización privado, conocido en nuestro país como AFJP, que consiste en el aporte individual a entidades previsionales privadas controladas en su mayoría por el sector financiero y la banca privada, que utilizan los depósitos previsionales para invertir en la timba financiera y/o en el sistema crediticio.

Recordemos que este sistema acabó en la Argentina con el rescate del kirchnerismo a las AFJP en quiebra, en un tiempo donde estas debían comenzar a hacer frente a un número significativo de pagos por cobros e ingresos recibidos durante toda una década de negocios.

El pasaje a un sistema previsional de reparto, como el actual, se hizo en detrimento de los jubilados, utilizando los fondos de la Anses para la política de “desendeudamiento” del kirchnerismo y el pago sistemático al capital financiero, entre otras cosas, pero no así para mejorar la jubilaciones, que sea han deteriorado significativamente bajos los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, y sus reformas antijubilatorias. Alberto llegó, incluso, a congelar la movilidad jubilatoria, en la previa a la actual actualización perdidosa.

Milei, seguramente, utilice este “desprestigio” del sistema actual y el propio ajuste del kirchnerismo para intentar introducir algún esquema de regreso de las AFJP, incluso en el marco de un régimen mixto, donde coexistan los negocios privados con un sistema vaciado.

El ajuste sobre las jubilaciones será incluso la oportunidad del próximo gobierno para avanzar en una ofensiva contra los regímenes especiales y sus cajas, del cual dependen miles de trabajadores, con la “propaganda” de una igualación del sistema de reparto a la baja y el avance futuro del sector privado también sobre ese “mercado previsional”.

La lucha por la defensa de las jubilaciones debe ir de la mano de la organización independiente de trabajadores y jubilados, no solo para evitar nuevas reformas privatistas y recortes, sino para garantizar el derecho a una jubilación íntegra, universal, que cubra el 82% salarial y tenga como base la satisfacción de las necesidades de cada uno de los jubilados.

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