Anses informó oficialmente que la actualización de las jubilaciones, pensiones y asignaciones será de un 15% en junio, según la fórmula de movilidad que se aplica cada tres meses. Con este nuevo aumento por debajo de la inflación, el haber mínimo que cobran millones de jubilados será de 37.525 pesos hasta agosto, un monto que equivale a poco más de la tercera parte de la canasta básica de los adultos mayores que calculaba la Defensoría de la Tercera Edad porteña al 1 de abril.

Jubilados y pensionados siguen pagando así el ajuste fiscal, con el que el gobierno aspira a cumplir las metas que le exige el FMI como condición para seguir con el programa. La fórmula con la que se calcula la movilidad trimestral, sancionada por iniciativa del oficialismo a fines de 2020, había fijado en marzo un incremento del 12,8% de los haberes, cuando en los primeros tres meses del año la inflación fue del 16,1% según el IPC del Indec. Lo peor es que las actualizaciones se aplican sobre montos ya deprimidos, por lo que la pérdida es acumulativa en el tiempo: contando desde diciembre de 2020 hasta febrero de 2022, la jubilación mínima estaba un 7% por debajo de la inflación (Chequeado, 19/2).

Así las cosas, el haber de junio no solo mantiene la mayoría de las jubilaciones en niveles de indigencia, sino que indica que vamos a una mayor pauperización de los ingresos de los adultos mayores. Según la mencionada canasta que releva la Defensoría de la Tercera Edad a cargo de Eugenio Semino, estimada en 97.238 pesos para inicios de abril, la alimentación representa más de la quinta parte de los gastos de los adultos mayores, y en ese rubro solo en el primer trimestre ya escalaron los precios un 20,9%.

El empobrecimiento es más agudo en el caso de pensiones como la Puam, equivalente al 80% del haber mínimo, que perciben aquellos que no contaron con los años de aportes necesarios para jubilarse al momento de cumplir la edad de retiro. Y este es un sector creciente, conforme el trabajo no registrado sigue aumentando. Incluso si miramos los datos de la Secretaría de Seguridad Social observamos que siete de cada diez trabajadores que se jubilaron en 2021 debió hacerlo mediante moratorias (planes de pago para compensar los aportes no ingresados). Esto también indica que va en ascenso la proporción de adultos mayores que cobra la mínima, o menos (porque son pensionados o deben ir pagando las cuotas de la moratoria).

Este es un tema explosivo. El kirchnerismo intenta desmarcarse del ajuste con la presentación de un proyecto en el Senado de nueva moratoria previsional, pero ello obedece en primer lugar a que en julio vence el actual régimen y quedarían aproximadamente un millón y medio de trabajadoras y trabajadores sin posibilidad de jubilarse. Se estima que nueve de cada diez mujeres de entre 55 y 59 años y siete de cada diez varones de entre 60 y 64 años no reunirían los treinta años de aportes cuando cumplan la edad de retiro, de 60 y 65 años respectivamente (Clarín, 24/4).

El proyecto no garantiza el acceso de todo este universo, y quienes sí lo hagan deberán costear las cuotas con su ingreso del haber mínimo, es decir que seguiría engrosando la indigencia. Quienes no alcancen deberían resignarse como hasta ahora a solicitar una Puam. Nada de esto debe sorprender, siendo que quien comanda desde la titularidad de Anses este robo a los jubilados es la camporista Fernanda Raverta. Es evidente la demagogia de Cristina Kirchner, que se queja de lo mal que la está pasando el grueso de la población pero sostiene a los funcionarios que le responden cumpliendo las tareas del ajuste que demanda el FMI; finalmente, se muestra a disgusto pero evita plantear un rumbo alternativo.

Lo que el bloque del Frente de Todos omite es cualquier horizonte de reducción de la extendida precarización laboral, que es la base del desfinanciamiento del sistema previsional y de la situación crítica que viven los adultos mayores que no pueden jubilarse o lo hacen con ingresos miserables. Las cifras del Indec revelan que casi cinco millones de asalariados del sector privado no tienen descuentos jubilatorios, y representan a más del 40% del total. Es la profundización de una situación de larga data; quienes hoy están penando por acceder a una jubilación atravesar buena parte de su vida laboral durante los tres mandatos del kirchnerismo en el gobierno, en que se asentó el altísimo índice de trabajo informal.

Esta es la realidad de una amplia masa de la población. Por eso, el programa que el gobierno acordó con el Fondo Monetario pone la lupa de los recortes sobre los regímenes especiales conquistados por distintos colectivos de trabajadores, y encomienda a ejecutar reformas contra estos sectores. Persigue un achatamiento de la pirámide previsional que iguale a todos en la miseria. La lucha contra este robo jubilatorio conocerá nuevos capítulos.

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