En 2022 el Tesoro provincial de Córdoba debió desembolsar $9.500 millones, $5.675 millones más de lo que tenía proyectado en el Presupuesto 2022. Desde el Ejecutivo provincial atribuyen la situación a la reducción en los fondos enviados por Nación. La provincia preveía un aporte de Nación de $29.257 millones, de los cuales solo llegaron $12.900 millones, menos de la mitad.

Ciertamente este recorte aumentó el rojo de la Caja de jubilaciones pero, ante todo, puso en evidencia el fracaso rotundo de la Ley 10.694. El argumento central del gobierno de Juan Schiaretti para avanzar en la última reforma jubilatoria fue la necesidad de terminar con el déficit de la caja provincial.

Sin embargo, y a pesar de que el diferimiento jubilatorio supone un gran ahorro para el Estado, a tres años de su sanción el déficit no hace más que aumentar. En 2022 el déficit estructural fue del 33%, es decir que lo recaudado por aportes y contribuciones cubre apenas dos tercios de las jubilaciones.

Sucede que el quebranto de la Caja es inherente a la política de precarización laboral y recorte del PJ. Esto se debe en parte a los bajos salarios estatales, que van siempre corriendo tras la inflación, con altos porcentajes de sumas en negro que no tributan. Pero fundamentalmente, al crecimiento exponencial de la precarización laboral en el propio Estado, vía por la cual se reemplazan trabajadores de planta por monotributos, becas, contratos precarios y tercerizaciones, creando un enorme batallón de trabajadores precarizados por el Estado que no aportan a la Caja.

La situación se arrastra desde hace años, con un déficit original que es responsabilidad del propio Estado. En este punto, vale recordar que la Caja se encuentra intervenida desde hace décadas por el Ejecutivo provincial, sin posibilidad de control alguno por parte de los contribuyentes y jubilados.

Así las cosas, la reforma que redujo el cálculo del haber, destruyó el 82%, postergó el pago de los aumentos y eliminó el doble beneficio, no pudo terminar con el déficit de la Caja. Lejos del argumento oficial, la 10.694 vino a profundizar el recorte jubilatorio, avanzando en una armonización de hecho.

No les alcanzó el diferimiento, la modificación del cálculo que reventó el 82%, ni el robo de las contribuciones para terminar con rojo de la Caja. El déficit es inherente a la política del PJ, basada en que el pacto con el fondo lo paguen los jubilados.https://t.co/POUDTwBat7

— Cintia Frencia (@CintiaFrencia) January 4, 2023

Nación y provincia en línea con el FMI

En vísperas de la campaña electoral, el peronismo cordobés busca mostrarse cada vez más enfrentado al fracasado gobierno de los Fernández. En esta línea apunta todos los cañones contra Nación, haciéndola responsable por el desembolso inesperado que debió hacer a la Caja. Pero el problema no se encuentra en la disputa “institucional” que Schiaretti pretende montar contra Nación, sino en una política sistemática de ajuste contra el salario, las condiciones de trabajo y las jubilaciones, que se promueve tanto desde Nación como de provincia.

La provincia reclama la falta de actualización de los montos que envía Nación, acordados por convenio en 2019. Pero con la Caja, en la órbita provincial y sin control de trabajadores activos y jubilados, sino bajo la gestión del ministerio de Finanzas de la provincia, esos fondos solo sirven para que la provincia cuente con giros de Nación como parte de sus cuentas.

El dato más esclarecedor en este punto es el hecho de que en 2021 la Caja “devolvió” al Tesoro provincial 4 millones de pesos, por “ahorros” logrados gracias a los aportes de Nación. Mientras miles de jubilados ven confiscados los aportes que han hecho a lo largo de toda su vida laboral en beneficio de la caja provincial. Intervención mediante, existes una transferencia de recursos permanente de la Caja al Tesoro, a costa de jubilaciones de pobreza.

Asimismo, la provincia ensalza la política de austeridad llevada adelante por Giordano, el interventor de la Caja, quien hace gala de la reducción de personal y el incremento de los beneficiarios. Así lo hizo saber vía twitter, donde detalló que en 2017 el organismo contaba con un plantel de 301 empleados, y un promedio de 500 jubilaciones nuevas por mes; mientras que en 2022 el plantel se redujo a 253 empleados, con un promedio de 526 jubilaciones nuevas al mes. Los que no dice, es que eso nuevos beneficiarios se van alejando cada vez más progresivamente del 82% y la movilidad que le corresponde al jubilado.

Giordano brinda toda una señal política al capital cordobés. Reducción de la estructura estatal, recorte salarial, aumento del trabajo precario en el Estado, y ajuste jubilatorio, es la base sobre la cual se monta el gobierno para mantener una caja provincial al servicio del empresariado.

El peronismo cordobés se inscribe en la línea que exige del FMI. Solo queda el aumento de la edad jubilatoria, situación que hoy se impone por en los hechos, puesto que ante la reducción de casi el 50% de los ingresos al jubilarse, muchos estatales optan por continuar activos una vez alcanzada la edad jubilatoria.

Paro y plan de lucha son la salida

El ajuste jubilatorio y la destrucción de la Caja provincial solo pueden enfrentarse con una plan de lucha sin concesiones, que unifique a pasivos y activos, para derogar la Ley 10.694, recuperar el 82% móvil, lograr de la devolución de los aportes robados por el gobierno, y retomar el control de la Caja por parte de los trabajadores aportantes y beneficiarios.

La postración de las burocracias sindicales como Uepc y el SEP, son funcionales a la política antiobrera de Schiaretti, y solo puede ser superada por la organización de las y los trabajadores, incluyendo dentro de las discusiones paritarias los reclamos jubilatorios, en la perspectiva de impulsar un paro y plan de lucha provincial.

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