En lo que hace al sector más vulnerable, los adultos mayores, la cuarentena no tapa los contagios en masa en los geriátricos, ni las colas para cobrar en los bancos, ni la necesidad de salir a abastecerse, porque el haber del 80% de los jubilados y pensionados en la mínima de $16.842 hace que no puedan acopiar lo necesario para “quedarse en casa”. Tampoco pueden contratar personal de asistencia en caso de necesitarlo.

Los $16.842 de haber -cuando la canasta jubilatoria mínima hoy es de $45.020- y la suspensión de la movilidad son un agravio al conjunto de los jubilados.

Hay una situación de excepción, de crisis sanitaria, que afecta especialmente a los adultos mayores. En vez de proteger a los jubilados, el gobierno sigue con el robo. Se suspende la movilidad y se usan los fondos de la Anses para subsidiar a los capitalistas pagando los ATP, eximiéndolos de sus aportes y dándoles créditos a tasa cero en nombre de la pandemia.

La determinación de endurecer la cuarentena producto de la expansión de los contagios de Covid-19 es una resolución del gobierno nacional y de los gobiernos locales que está lejos de garantizar el freno de la enfermedad, en la medida que no se unifique el sistema de salud al servicio de las necesidades; si no se invierte para garantizar testeos masivos a la población, especialmente a los contactos cercanos a los contagiados; si no se garantiza el aislamiento en lugares adecuados y el abastecimiento a las familias afectadas; si no hay subsidio a los millones de desocupados y a los cuentapropistas; si no se garantizan los protocolos de seguridad e higiene en las fábricas (está en funcionamiento el 80% de las empresas productivas) y en los lugares de trabajo.

Sin jubilación de emergencia de $30.000 no hay cuarentena

Para proteger de la pandemia a los adultos mayores, para garantizar las medidas de aislamiento, su bienestar, su alimentación y su salud, es imprescindible que el gobierno otorgue un haber de emergencia de $30.000 para jubilados, pensionados y quienes perciben rentas vitalicias, como parte de las medidas en la cuarentena.

Para esto se está desarrollando una campaña nacional de firmas que se complementa con la adhesión al amparo colectivo en defensa de la movilidad. Esta iniciativa forma parte de la lucha jubilatoria que la cuarentena no puede tapar, porque la reforma antijubilatoria es un punto exigido en las negociaciones con el FMI y los acreedores y se está tratando en el Congreso de espaldas a los jubilados.

Firmá por un subsidio urgente de $30.000 para los jubilados: