El gobierno radical, que durante años abrumó a la población con la cantinela de que “las deudas contraídas no deben dejar de pagarse”, decretó hace unos meses la “emergencia previsional” contra los compañeros jubilados, la cual, concretamente, significa el desconocimiento del 97% de la deuda que el Estado mantiene con los jubilados.

¿Cómo ha logrado el gobierno semejante cosa?

En primer lugar, estableció un nuevo cálculo de haberes jubilatorios, que oscila en el 40% de los salarios en actividad, en lugar del 82% fijado por la ley. En segundo lugar, reconoce sólo las deudas desde el año 1985, cuando la realidad es que la deuda arranca de 1979. Es decir, el gobierno desconoce 6 años enteros de deuda con los jubilados. Finalmente, elimina el interés que fija la ley sobre las deudas provisionales.

La deuda así reducida será pagada entre 1988 y 1991, en “cómodas” cuotas. Como la tasa de interés que el Estado pagará sobre estas cuotas es inferior a la tasa de inflación, la deuda “reconocida” quedará devaluada por la hiperinflación en curso.

Como la emergencia provisional establece que la deuda será finalmente cancelada en 1991, eso significa que un compañero que hoy tiene 79 años terminará de cobrar a los 83 años. Si tenemos en cuenta que la esperanza de vida en nuestro país ronda los 70 años, vemos que el gobierno especula con la muerte de una parte de los jubilados para no pagar siquiera esta deuda reducida.

El decreto de emergencia establece que aquellos jubilados que acepten acogerse a este régimen deberán reconocer por escrito (lo que demuestra tiene conciencia de que está llevando adelante un acto ilegal) que “renuncian expresamente a iniciar acciones administrativas o judiciales en reclamo de reajustes de haberes, renunciarán a continuar las acciones ya empezadas y renunciarán a pedir el cumplimiento de la ejecución en las sentencias favorables a los jubilados” (La Nación, 9/8).

Pero, ¿y si un jubilado se negara a que el Estado le reduzca unilateralmente la deuda y se la pague en cuotas y decidiera continuar las acciones judiciales para obtener el cobro de la deuda? La “emergencia económica” establece que, en estos casos, el Estado puede suspender la ejecución de los fallos favorables a los jubilados durante el lapso de cinco años, en que regirá la mencionada “emergencia”.

El gobierno, que llene el caradurismo de autotilularse "de la vida”, pone a hombres y mujeres más que sexagenarios y cuyas jubilaciones no llegan en la mayoría de los casos a superar los ₳ 200, en la disyuntiva de aceptar el cobro de migajas o cobrar dentro de cinco años, es decir nunca. Este chantaje brutal y descarado es llevado adelante contra un sector de los trabajadores que carece, a diferencia de los activos, de los medios más elementales de defensa.

Dos varas, dos medidas. Mientras a los jubilados, en forma despótica y autoritaria, se los exprime y se les niega el pan y la sal, a los banqueros se les reconocen todas las deudas, aún las inexistentes, y se crean nuevas fuentes de superbeneficios para llenarles los bolsillos (“festival de bonos”, capitalización, privatizaciones, tarifazos, inflación impulsada por el Estado, etc.) ¿No es esto más que suficiente para retratar al actual gobierno como una dictadura patronal enemiga de los trabajadores?

La burocracia sindical, integrada al gobierno, ha acompañado este chantaje sin decir una palabra, lo mismo que el conjunto de los partidos patronales. Ellos también son responsables de la condena a muerte que para los jubilados representa la “emergencia previsional”.

El Partido Obrero repudia este chantaje contra los trabajadores pasivos y llama a organizar el boicot al decreto de la “emergencia provisional" y la continuidad de la lucha por el, cumplimiento de lo que fija la ley, el 82% móvil para los compañeros jubilados.