La estafa de la denominada “reparación histórica” para los jubilados con la cual el gobierno pretende liquidar los justos reclamos de aumentos en los haberes, dado los cálculos a la baja en las liquidaciones que ha realizado la Anses a lo largo de los años, provocó hoy un nuevo cimbronazo cuando una jueza rechazó un acuerdo con el organismo oficial de un beneficiario que ya tenía sentencia firme en su juicio. La “oferta” extorsiva del gobierno fue que, si quería cobrar, le pagaría, según trascendió, aproximadamente un 30% de lo que le corresponde.

 

Aunque no se conocieron detalles de quién es el jubilado y en qué condiciones económicas y de salud se encuentra, especialistas en temas de seguridad social dieron ejemplos similares y estimaron que la presión oficial se realiza sobre las necesidades imperiosas de los jubilados que tienen edad avanzada.

 

Ellos debieron comenzar contra la Anses un juicio al momento de jubilarse, el que habitualmente tarda un promedio de 6 a 8 años y, cuando finalmente llega la sentencia, la vulnerabilidad del beneficiario suele ser alta y sobre eso se asienta la perversa extorsión del gobierno.

 

En este caso, la que rechazó el convenio es la jueza federal de la Seguridad Social, Elvira Muleiro, a la que le llegó el “acuerdo” entre la Anses y el jubilado para su homologación, y ella entendió que lo que correspondía es que el organismo oficial pague lo que el fallo con sentencia firme establecía, esto debido a que dicho fallo tiene un carácter definitivo “con fuerza de verdad legal” y “autoridad de cosa juzgada”. Es decir, que no puede ser “renegociado” ni “modificado”.

 

Con toda claridad, el fallo establece que “la inmodificabilidad de la sentencia consiste en que, en ningún caso, de oficio o a petición de parte, otra autoridad podrá alterar los términos de una sentencia pasada en cosa juzgada”.

La Anses debe pagar las sentencias firmes dentro de los 120 días posteriores a la salida del fallo, pero no lo cumple y con eso “aprieta” a adultos mayores que, luego de años de juicio, tienen una edad que no les permite seguir esperando por años. Se estima que hay unos 70.000 jubilados con sentencia firme y otros 350.000 con juicios iniciados o con sentencia de primera o segunda instancia.

 

Como la “propuesta” oficial suele consistir en porcentajes muy inferiores a los de los fallos, sólo 22.000 jubilados de los que habían iniciado juicio o que ya tenían sentencia, aceptaron la propuesta del gobierno.

 

Con la “reparación histórica”, la Anses ofrece pagar en forma inmediata (en realidad, suele tardar entre siete y ocho meses para abonar) el aumento arbitrario del haber y la mitad del retroactivo establecido unilateralmente y el resto de este último en doce trimestres actualizados sobre la base de índices diferentes (menores) a los que fija la sentencia.

 

Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, le dijo a Clarín (9/5) que “el fallo responde a una realidad. Hay muchísimos jubilados que se ven compelidos a aceptar una oferta inferior al monto de una sentencia firme porque Anses no paga las sentencia dentro de los 120 días, como marca la ley”.

 

El Partido Obrero y la agrupación Jubilados Clasistas han rechazado la engañosa “reparación”. Defendemos el derecho a una jubilación equivalente al 82% móvil del salario en actividad. Planteamos la actualización mensual de los haberes por inflación. Que la Anses pague de inmediato todos los juicios pendientes. Reposición del aporte patronal reducido (del 15 al 11 por ciento) por Domingo Cavallo en 1994 y mantenido por todos los gobiernos posteriores. El desbalance de las cuentas previsionales que quieren hacerle pagar a los adultos mayores, no lo provocan “abultadas” jubilaciones, sino la apropiación del dinero por parte de los capitalistas y sus gobiernos.