Políticas

26/10/2022

Jueces, salarios y ganancias: la impostura del kirchnerismo y el voto de la izquierda

La confiscación a los trabajadores oculta detrás de la arenga contra la “corpo judicial”.

Cortesanos junto al gobierno.

El intento frustrado del gobierno de extender el Impuesto a las Ganancias a todo el Poder Judicial de la Nación (tanto jueces de la Corte y magistrados como empleados judiciales) volvió a poner en discusión quiénes deben pagar y quiénes no. Resulta que el kirchnerismo se embandera con esta cruzada contra los privilegios de la “corpo judicial” para justificar la confiscación que recae sobre cientos de miles de trabajadores. Por eso tras la votación del Presupuesto 2023 en Diputados salieron a atacar a la izquierda, por haber denunciado que los salarios no son ganancia, a la par de exigir el fin de los privilegios a los altos funcionarios de la Justicia.

Para el caso de esta votación puntal, la izquierda reclamó desdoblar el planteo para que los jueces paguen Ganancias y no así los trabajadores judiciales. La posición del Partido Obrero y del FIT-U, ante las deliberaciones y el tratamiento en el Congreso, fue en favor de la eliminación del Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría, desde el entendimiento de que el salario implica la contraprestación por la explotación de la fuerza de trabajo y no una “ganancia” y/o renta de capital.

El oficialismo propone el debate en cuestión de una manera tramposa: se vale de una realidad antipopular, los salarios de privilegio de jueces y cortesanos, para justificar la aplicación generalizada de un gravamen que afecta a trabajadores y jubilados, donde el Estado hace la diferencia en la recaudación fiscal para pagarle al FMI.

Hacer “justicia” sería terminar con los salarios y jubilaciones de privilegio y abolir el “Impuesto al Salario”.

¿Ganancias o salarios?

La cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias surge de la necesidad de gravar las ganancias empresarias disimuladas en los sueldos de cargos ejecutivos cubiertos por los accionistas de las empresas: un modo de evadir el gravamen. Sin embargo, kirchneristas y macristas han extendido su aplicación a los trabajadores “bien remunerados”, bajo la premisa incorrecta de una distribución social entre quienes viven de su trabajo.

En la actualidad el Minino No Imponible (MNI) de Ganancias asciende a los $330.000 brutos (recientemente actualizado), monto a partir del cual un trabajador comienza a tributar. Si consideramos un ingreso salarial equivalente, restados los descuentos estaríamos ante un salario neto de $270.000 contra una canasta familiar de $205.000 (según ATE Indec).

Es decir que un trabajador empieza a tributar cuando puede cumplir con todos los gastos elementales para subsistir, pero no puede aspirar a gastos “excepcionales” que hacen a la calidad de vida y a la planificación de su futuro, como adquirir una vivienda propia, vacacionar, mejorar su movilidad, etc. Esto, además, opera como un tope a las paritarias, ya que la conquista de una aumento salarial que implique cruzar el umbral del MNI implica una reducción real del salario neto.

El emparentamiento entre salario y ganancia es una deformación forzada que condena al trabajador a resignar su restringida capacidad económica y que implica desnaturalizar el rol del trabajador en el proceso de producción. Una treintena de gremios ha salido a reclamar la derogación del Impuesto al Salario, denunciando que los trabajadores tributan más que sus patrones.

Sobre privilegios y privilegiados

Otra es la cuestión de los privilegios de los cortesanos y magistrados, igual que el de los funcionarios públicos de alto nivel. El planteo de la izquierda no solo es abolicionista respecto a que los salarios convencionados, de carrera docente, estatal o judicial tributen como Ganancias, sino que plantea elevar el MNI a tres canastas familiares (como la medida por ATE Indec) para el caso de profesionales, monotributistas, altos funcionarios de la Administración Pública, jueces, etc.p

También el rechazo a toda imposición sobre las jubilaciones, lo que implica actualmente una doble imposición tributaria para quien fue alcanzado durante su actividad. Pero otro es el caso de quienes cobran jubilaciones de privilegio, como los jueces y cortesanos que nunca han tributado, y como la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien además adiciona una pensión de igual privilegio.

¿Qué hacer con los privilegios? Derogarlos, atando dichos cargos públicos a un máximo de cuatro salarios mínimos, lo que serviría a establecer un vínculo directo entre los ingresos de los trabajadores y los que se derivan de ocupar posiciones de jerarquía en el Estado, en sus diversos poderes.

El Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría es parte del sistema impositivo regresivo del país, que incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y que sirve para achicar el déficit fiscal a costa de los trabajadores, mientras se exime a las patronales de diversas contribuciones e impuestos.

Pasando el limpio, la conducta correcta parte de diferenciar lo que el gobierno y la oposición confunden en un planteo común: salario no es ganancia; un trabajador judicial no debe ser afectado igual que un juez de la corte; y no todo ingreso por arriba de la media implica una situación privilegiada. Importa atender a la naturaleza del hecho imponible, lo que implica derogar el Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría y terminar con los privilegios de la “casta capitalista”.