Políticas

21/7/2005|909

Juicio del Puente Pueyrredon: Kirchner se borró… Pitrola presentó las pruebas contra el régimen

Las audiencias realizadas la semana pasada han confirmado nuestra denuncia sobre el plan represivo predeterminado del gobierno de Duhalde contra el movimiento piquetero en el año 2002.


Kirchner eludió presentarse ante el Tribunal aduciendo “problemas de agenda” y mandó un escrito que dice que él no tenía nada que hacer en el juicio porque en junio de 2002 era gobernador de Santa Cruz, y que ya había dispuesto la apertura de los archivos de la Side.


Eludió las explicaciones sobre el conocimiento que tenía, en carácter de gobernador de Santa Cruz, sobre el plan represivo discutido por los gobernadores en Santa Rosa, La Pampa, en abril de 2002. Los archivos de inteligencia, por otro lado, todavía permanecen bajo celosa custodia del Tribunal. El Tribunal desestimó el pedido de Claudia Bracamonte, de Apel, abogada de la familia Kosteki, para levantar la confidencialidad de los archivos de la Side.


Tres días después, la jornada se desarrolló entre más “ausentes notables”. Los luchadores que fueron protagonistas de aquel 26 sí dieron la cara para denunciar la responsabilidad política de Duhalde y sus funcionarios en la masacre. Aníbal Fernandez, solicitó la prórroga de su declaración por “problemas de agenda”.


La audiencia comenzó con el testimonio del actual miembro de la Corte Suprema bonaerense, el “felipista” Luis Genoud, quien se desempeñaba como ministro de Justicia y Seguridad del gobierno bonaerense de Felipé Solá hasta una semana después de la masacre, cuando renunció al cargo.


Genoud afirmó —para sorpresa de algunos— que había preocupación en el gobierno nacional en las semanas previas al 26 de junio de 2002 por el ascenso de las luchas populares y que las advertencias del entonces jefe de Gabinete, Alfredo Atanasoff, sobre la decisión oficial de impedir todo corte de acceso a la Capital, eran “una provocación”. El testimonio de Genoud fue un pase de “factura” del gobernador Solá hacia su ex “padrino” Duhalde.


Posteriormente declaró Carlos Soria, quien se desempeñaba como jefe de la Side. El testimonio del ex “señor 5” no tuvo desperdicio. Sostuvo que las actividades de inteligencia regulares sobre los movimientos de lucha se limitan a la “recolección y análisis de material periodístico”. Pero reconoció también (al igual que lo habían hecho en sus testimonios Jaunarena, Miranda, Juan Pablo Cafiero y ese día Luis Genoud) que el Gobierno nacional tenía la decisión de impedir los cortes de acceso a la Capital Federal para el 26 de junio y que generó gran preocupación en la Casa Rosada la realización de la Asamblea Nacional de Trabajadores, en Villa Domínico el 22 y 23 de junio. Primero, porque ahí se reflejaba por primera vez la confluencia de distintos sectores en lucha, y segundo, porque las resoluciones votadas significaban un “riesgo para las instituciones democráticas”.


El carácter provocador del testimonio de Soria desencadenó la reacción de la compañera Vanina Kosteki, quien fue desalojada de la Sala por orden del Tribunal.


Por último, por primera vez se produjo en el juicio el testimonio de un dirigente piquetero, protagonista de la masacre de Avellaneda, que desempeñó un papel destacado tanto en la Asamblea Nacional de Trabajadores previa al 26 de junio como en aquella jornada.


El testimonio de Néstor Pitrola dejó en ridículo al mismo Soria con su teoría del “complot piquetero”, explicando el carácter de la lucha política y reivindicativa del movimiento piquetero durante el año 2002, y en especial las resoluciones de la ANT de Villa Domínico. Por fuera de toda “macarteada” sobre un “plan insurreccional” denunciado por el entonces Gobierno nacional, con posterioridad a dicha ANT, Pitrola describió punto por punto las resoluciones y consignas votadas, mostrando que, en realidad, toda lucha reivindicativa es para el mismo Estado una amenaza.


Pitrola denunció, además, que el mismo movimiento piquetero echó a un agente de inteligencia infiltrado en la ANT de Domínico, mientras un par de horas antes Soria describía las tareas de la Side como las de un grupo que “recolectaba artículos de los diarios”.


En su testimonio, dejó en claro que las tropas intentaron separar a los manifestantes mediante una hilera policial que inició los disparos, algo que el propio Solá prometió investigar en el programa de Lanata, la noche de la masacre, pero jamás hizo. Denunció al ‘civil’ armado que hirió compañeros en la Avenida Mitre, el sargento Leiva; denunció la inexplicable separación de las causas: se refirió al allanamiento a balazo limpio del local de IU y a la persecución hasta la estación Avellaneda. Señaló la acción de elementos no pertenecientes a las organizaciones en la quema de un colectivo.


Pitrola hizo también un repaso de la preparación política de la represión. Denunció que el gobierno quería “limpiar la calle de manifestantes”, según las declaraciones de Maztkin y Atasanoff. Denunció la causa trucha de Vanossi y las reuniones de Ruckauf con los mandos de las FFAA, donde reinvindicó su participación en la represión interna.


El desarrollo del juicio expresa así, el escenario cotidiano de un régimen en descomposición, con ausencias de “notables” y “pases de facturas”, donde los responsables criminales y los enKubridores no dan la cara y se escudan en los “problemas de agendas”, pero los representantes del movimiento piquetero protagonista del Argentinazo, de las jornadas del 26 de junio y de la lucha actual contra el gobierno hambreador de los Kirchner y Aníbal Fernández, se hacen presentes para denunciar a los asesinos de ayer y a los encubridores y hambreadores de hoy. Kirchner, Duhalde, Solá y Fernández, son todos lo mismo.