La sanción de la ley de juicios por jurados en materia civil y comercial de la provincia del Chaco puso de relieve como tanto el peronismo como el radicalismo se trenzan en una disputa política por el control de la justicia.

El radicalismo se levantó y buscó dejar la sesión sin quórum en nombre de la impugnación de colegios de abogados de la provincia. La impugnación del radicalismo los coloca en el terreno de la defensa del poder judicial actual del Chaco. En material civil, se trata de un poder judicial que hace la vista gorda frente a los desmontes ilegales que se desarrollan en base a medidas administrativas totalmente irregulares. O que no tiene nada para decir sobre los daños que se producen por las fumigaciones masivas sobre los pueblos víctimas de agrotóxicos, por mencionar dos casos relevantes de causas civiles en las cuales la justicia actúa como una correa de transmisión de intereses económicos que saquean el territorio del Chaco contra sus pueblos y trabajadores.

Del otro lado, el gobierno sostiene que la ley es un avance histórico en la democratización de la justicia. Pero se trata de un gobierno que actúa sistemáticamente, en los estrados judiciales, para controlar y regimentar a la justicia. Ejemplos sobran: de nuevo en materia ambiental, cuando se produjo un fallo que prohibió los desmontes en la provincia, fue la misma fiscalía de Estado a cargo del gobierno de Capitanich la que apeló dicha sentencia garantizando que continuara la explotación del monte nativo que nos está llevando a la actual crisis ambiental.

Cuando al Estado no le gustan los fallos de la justicia, no los cumple. Eso  es una política de Estado que atravesó desde los gobiernos radicales hasta los de Peppo y Capitanich. De nuevo, ejemplos sobran, el mas escandaloso es el caso de los judiciales estafados al violarse su ley de enganche, que ganaron todos los juicios en todas las instancias pero en su mayoría cobraron en cuotas retaceadas o directamente no cobraron, a pesar de que el gobierno de Peppo sacó un crédito de 250 millones de dólares para pagarles.

El otro caso resonante son las demandas contra el estado por los casos de golpizas y asesinatos policiales. Un informe pedido a la Fiscalía de Derechos Humanos en sus primeros años de vigencia mostró que de las primeros 1.000 denuncias solamente 3 habían sido elevadas a juicio. Las estadísticas no han mejorado, el gatillo fácil y los abusos policiales son política de Estado y la impunidad es la norma.

Hay que remarcar que esta impunidad policial no sería resuelta tampoco por los juicios por jurados en materia penal. En primer lugar, porque los policías nunca llegan a juicio, ni por jurados ni por jueces. En segundo lugar, porque donde se aplican, se ejerce una presión política por la absolución de los asesinos de uniforme por sus acciones ilegales y su represión, sustentada en la idea de que son la única línea de defensa frente a una inseguridad generada por el propio Estado y los negocios criminales que se desarrollan bajo su protección.

Una posición independiente de ambos bandos

En el debate en la Cámara de Diputados se pusieron en juego todos estos intereses. El Partido Obrero, con la banca de Aurelio Díaz, intervino con una posición independiente, sin subordinarse a la estrategia de la UCR de dejar sin quórum la sesión ni votar en favor de la ley del PJ, que levanta un discurso de “democratización de la justicia” cuando en los hechos actúa día a día para mantener a la justicia bajo control estatal y presiona en favor de veredictos contrarios a los intereses populares.

Así, votó la permanencia en cartera contra el proyecto, que tiene mucho de reforma cosmética. En primer lugar, porque se sostiene toda la estructura tradicional del poder judicial que condiciona qué causas llegan y cuales no a juicio, la prueba y la instrucción y todo el andamiaje del poder judicial tradicional. O sea, los jurados no implican realmente diluir el poder de la corporación judicial que sigue siendo vitalicia y no electa por la población. El Frente de Izquierda propone el derecho popular de revocatoria de jueces y fiscales y su elección por parte de la población. Siendo la justicia una muralla fundamental de la defensa de los intereses de la burguesía, su desmantelamiento es una medida necesaria para la lucha por un gobierno de los trabajadores.

Pero además, Aurelio Díaz denunció en la sesión que el proyecto del poder ejecutivo dejaba por fuera de los juicios por jurados en materia civil a los casos de responsabilidad del Estado. Por lo tanto, planteó que esta medida apuntaba a garantizar la impunidad del Estado y preservar sus vínculos con la camarilla judicial. La denuncia de Aurelio Díaz, en un marco de quórum ajustado, fue tomada por el bloque oficialista y se quitó esa restricción del articulado de la Ley.

Como también denunciamos, mientras se desarrollaba la sesión se daba una brutal represión contra los trabajadores y desocupados de la provincia. El gobierno que dentro de la Cámara habla de “democratización” es el mismo que empoderó al subsecretario de Prevención y Seguridad en Abordaje Territorial, Gustavo Olivello y a la policía provincial para reprimir todos los reclamos de los trabajadores. En relación a esta realidad y los reclamos populares, el peronismo, el radicalismo y la justicia del Chaco se alinean en contra los reclamos populares. El Partido Obrero, en cambio, apoya y participa de la movilización popular en la perspectiva de desmantelar los aparatos represivos del estado y la justicia cómplice, que actúan día a día con el objetivo de someter a los trabajadores de la provincia a un brutal ajuste contra sus condiciones de vida.