En su veredicto del juicio oral por la Masacre de Once, el Tribunal Oral Federal N° 2 dictó dos absoluciones que deben llamar la atención.

 

Se trata de Eduardo Sícaro y Pedro Ochoa Romero, los ex interventores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Entre las funciones básicas de la CNRT se encuentran “fiscalizar las tareas de las empresas operadoras” y “controlar y habilitar los vehículos afectados al servicio de transporte de pasajeros y cargas en cuanto a su seguridad y condiciones técnicas”. Este organismo debía verificar el destino de los millonarios subsidios estatales otorgados a las empresas; en este caso, a TBA.

 

Los familiares encabezados por María Luján Rey y Paolo Menghini pusieron en evidencia la trama económica que condujo a la masacre. Las pericias fueron terminantes en cuanto a los dibujos contables de los Cirigliano para desviar los fondos públicos, mientras los funcionarios encargados del control miraban para otro lado, permitiendo el desfalco y vaciamiento del sistema ferroviario.

 

Entre 2003 y 2012, TBA/Cirigliano recibió 3.000 millones de pesos en subsidios para la operatoria de los ramales Mitre y Sarmiento. Si a eso se suman los que recibieron por los colectivos del grupo Plaza y su participación en el consorcio Ugofe -que operaba el ramal Roca al momento del crimen de Mariano Ferreyra-, la cifra asciende a 5.000 millones de pesos. En una década, los subsidios a TBA se incrementaron 21 veces. Los Cirigliano fraguaron sus balances para simular déficits en los resultados contables de TBA y así reclamar más subsidios al Estado.

 

La mayor parte de estos fondos, lejos de ser destinados a mejorar el servicio de transporte y material rodante para la seguridad de usuarios y trabajadores, fueron utilizados para fraguar negocios financieros e inversiones en otras plazas. Con ese dinero, demostraron los peritos, los Cirigliano contrataban aviones privados, pagaban entradas a recitales y hasta la medicina prepaga de sus propios familiares. El ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, admitió haber aceptado dádivas (prebendas) de manos de los hermanos Cirigliano, supuestamente sujetos a su control. La complicidad de todo el sistema con este fraude criminal contrasta fuertemente con las penas acotadas que dictó el TOF N° 2.

 

Tercerización

 

Uno de los mecanismos más recurrentes para acometer la administración fraudulenta de fondos fue a través de la tercerización. Durante su gestión, TBA contrató a más de 20 empresas de su propio grupo. Entre ellas, Cometrans, que contaba con un plantel de apenas diez empleados por una cifra millonaria y era presidida por el ahora condenado, Roque Cirigliano. La empresa Emfer, también de los Cirigliano, fue la tercerizada que se ocuparía del mantenimiento de las vías.

 

La tercerización, cuya defensa llevó a Pedraza y su banda a atacar a tiros a los obreros precarizados del Roca, es la viga maestra del régimen montado por los K junto a sus socios empresarios y de la burocracia sindical.

 

Castigo a los culpables

 

La impunidad de Ochoa Romero y Sícaro -este último fue ascendido por Florencio Randazzo, renunció al cargo cuando su procesamiento era inminente- es una de las grandes deudas de este veredicto. La CNRT continuó enviando fondos a sabiendas que ese dinero no iba a los trenes.

Después del crimen de Mariano, el gobierno sostuvo a este régimen de vaciadores a pesar de nuestras denuncias. El desenlace fue la peor masacre ferroviaria de la historia argentina. Se trata, por lo tanto, de dos crímenes de Estado, resultado de un régimen podrido hasta los huesos.