En el juicio por la masacre de Once concluyeron los alegatos de las querellas y la fiscalía.

Los familiares encabezados por María Luján Rey y Paolo Menghini, y el fiscal Fernando Arrigo coincidieron en pedir duras condenas -entre diez y dieciocho años de prisión- para los funcionarios de la Secretaría de Transporte y los empresarios.

Tras un alegato terminante -que abarcó cinco audiencias y recogió gran parte de las denuncias que los familiares-, la fiscalía acusó a los ex secretarios Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime de “estrago culposo” y administración fraudulenta y pidió diez años de cárcel para cada uno. El fiscal Arrigo también pidió penas similares para los ex titulares de la CNRT Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro y para todo el directorio de TBA. A diferencia de los familiares, también acusó al maquinista Marcos Córdoba, para el que pidió una pena de tres años y ocho meses. El fiscal dio por probado que Córdoba había desconectado el sistema de freno de emergencia conocido como “hombre muerto”.

Las querellas representadas por el estudio de abogados de Gregorio Dalbón -excluido del juicio por sus inconductas durante las audiencias- y Javier Moral, en cambio, culparon exclusivamente al maquinista, para el cual pidieron una pena 22 años de prisión, y eximieron de toda culpa a funcionarios y empresarios. Dalbón y Moral actuaron durante todo el juicio coordinadamente con la defensa de los funcionarios del gobierno responsable de la masacre. Estos mismos abogados no tuvieron ningún miramiento en atacar a los familiares de las víctimas, acusándolos de querer venganza y padecer “pereza mental”.

Pocas horas después del exhaustivo alegato fiscal, trascendió el alcanzado por Ricardo Jaime en otra causa. Jaime admitió haber recibo dádivas de manos de los titulares de TBA, los hermanos Cirigliano, coimputados por la masacre de Once, y de la empresa TBA, encargada de la Terminal de Omnibus de Retiro. Estas empresas, a las que Jaime debía controlar, le pagaban suntuosos viajes y departamentos.

Jaime “se sinceró” para negociar una pena menor y mantener su libertad. Pero lo suyo es un modus operandi. Los Jaime, Niembro y Caló son una lacra que parasita de los recursos del Estado, a cobijo del poder político. Durante octubre, los abogados de los 29 acusados ensayarán sus defensas, esperando la sentencia para los primeros días de noviembre.

Cárcel a todos los responsables.

Justicia por los muertos y heridos de la masacre de Once.