El cadáver del soldado Omar Carrasco, que cumplía el servicio militar en el Grupo de Artillería 161 de Zapala, fue encontrado en un descampado de la unidad un mes después de su desaparición, con signos de lesiones brutales que provocaron su muerte. Una de las lesiones más graves fue provocada por “un objeto romo… proba­blemente una culata”, que le destrozó tres costillas, otra por un golpe que “le causó el reventón del globo ocular”. Carrasco murió, según la autopsia, “sufriendo un intensísimo dolor o por el paso de co­rriente eléctrica” (Clarín, 13/4).

El conscripto había sido declarado ofi­cialmente ‘’desertor” por el Jefe de la uni­dad, teniente coronel Guillermo With, quien “insiste en que el joven había pedido permiso para ir al baño y no volvió a ser visto” (Crónica, 12/4). Los testimonios de compañeros de Carrasco aseguran que el conscripto fue muerto en una sesión de golpes y torturas a cargo de “un grupo de suboficiales”.

El hallazgo del cuerpo dio paso a una vigorosa movilización de los padres de los conscriptos, quienes han decidido no man­dar a sus hijos a los cuarteles mientras el homicidio no sea esclarecido. La rebelión obligó al general Balza a salir de sus cómo­das oficinas de la Capital, viajar a Zapala para “conferenciar” con los padres y suspender a la oficialidad del regimiento. El general ya tiene, sin embargo, su “veredicto”, la muerte de Carrasco seria “un hecho gravísimo, pero puntual” y la suspensión del personal militar “no significa asignarle responsabilidad penal“. Peor estuvo Menem: “se le fue la mano dijo a algún oficial o suboficial que se cebó”

Las revelaciones surgidas a partir del asesinato de Carrasco han sacado a luz, por el contrario, que el maltrato, la tortura, los “bailes” y la arbitrariedad con los conscriptos son la norma en los cuarteles “A mi hijo me lo entregaron paralítico y mudo”, reveló Eloy Recondo, padre de un joven que quedó discapacitado luego de una sesión de “baile” en el mismo regimiento de Zapala. Quince conscriptos murieron en los últimos doce años en circunstancias simi­lares a las de Carrasco. No prosperó en ningún caso la más mínima investigación, sea civil o militar, con el saldo de que “todos los jefes implicados terminaron ascendidos”. De acuerdo a la denuncia del padre de un joven muerto en 1983, en el mismo momento en que salía a la luz el asesinato de Carrasco, un joven conscripto se suicidaba en el regimiento de Monte Caseros, en tanto “trascendía’’ la existencia de “presiones mentales” y “maltratos físicos” contra los jóvenes afectados al servicio militar.

Juicio y castigo

Todo esto plantea la vigencia de una única consigna: juicio y castigo a los asesi­nos de Carrasco como a los asesinos y victimarios de todos los “colimbas” muer tos o disminuidos. Juicio y castigo a los ejecutores y a los encubridores y a los responsables de los encubridores

El “servido militar” está concebido como una “escuela” de represión contra la juventud y un instrumento para quebrar el espíritu de rebelión y el disconformismo de los jóvenes. La “instrucción militar” simplemente no existe, lo que importa es el cuartel como marco de reafirmación de las instituciones represivas.

Defenderse a sí mismos

Los atropellos y asesinatos en los cuar­teles replantean la vigencia también de la necesidad de arrancar el derecho a la or­ganización política y sindical de los solda­dos, de un lado, y de los suboficiales, del otro. El derecho a la sindicalización y la plenitud de los derechos políticos, para la tropa y la suboficialidad significa la posibili­dad de elegir delegados, de presentar re­clamos y ejercer la huelga contra el militarismo de los “zumbos” y de la casta de ofi­ciales.

En vísperas de la Constituyente, existe un frente único de la burguesía paca darle rango constitucional a la prohibición exis­tente de los derechos sindicales y políticos a los soldados. El Frente Grande primero, el clero después, y también el PJ, se han pronunciado por incorporar al texto consti­tucional la llamada Convención Americana de Derechos Humanos (‘Tratado de San José de Costa Rica”) que autoriza (art. 16, inc. 3) “la privación del ejercicio del de­recho de asociación, a los miembros de la* tuerzas armadas y de la policía”. Este frente único apunta a preservar “constitucionalmente” la dictadura de las camari­llas militares en los cuarteles y la intangibilidad de la casta de oficiales e ilustra la amplitud de la reforma reaccionaria que se pretende consumar.

La rebelión popular ante el asesinato de Carrasco plantea al mismo tiempo los lími­tes del movimiento por la anulación del servicio militar obligatorio. El reemplazo del régimen actual por un servicio militar “op­tativo”, mantiene el monopolio del manejo de las armas en manos de un cuerpo es­pecial de oficiales sujeto al control de la burguesía y aleja al pueblo de la instrucción militar El conocimiento de las armas no puede ser patrimonio de los explotadores, necesitamos defender el servicio militar general, superándolo por medio de la vigen­cia de los derechos de política y de orga­nización para la tropa y los suboficiales; sueldo para los soldados y conservación del puesto de trabajo del trabajador afecta­do al servicio.

Por el juicio y castigo de los asesinos y cómplices del asesinato de Carrasco y de todos los “colimbas”; por la plenitud de derechos políticos y sindicales para solda­dos y suboficiales; barrer con la dictadura de los oficies y los asesinos a sueldo en los cuarteles.