Jujuy: el fracasado programa de un lote para quien lo necesite

A siete meses de la brutal represión que le costó la vida de cuatro personas en Libertador General San Martín (Ledesma), continúa el déficit habitacional para más de 50.000 familias jujeñas. La Legislatura votó, en agosto del año pasado, una ley de expropiación sobre 40 hectáreas del ingenio Ledesma, que resultaban insuficientes para las más de 1.400 familias que habían ocupado el predio conocido como “El triángulo”. Fuera del conflicto en Libertador, las diferentes tomas acicateadas por punteros políticos fueron levantándose al calor de las promesas del ex gobierno de Barrionuevo. Hoy hay órdenes de desalojo de Fellner-Jenefes, los patrones que, este año, están en el Ejecutivo provincial.

Al ultimátum gubernamental, anunciado en diciembre por declaraciones del vicegobernador Jenefes, sobre la imposibilidad de cumplimiento con el programa “un lote para cada familia”, siguen los desalojos violentos (seis detenidos en la toma Los Perales) con la relocalización forzosa a tierras lejanas, al limite de la ciudad, harto insuficientes para todas las familias de las diversas tomas en San Salvador, descontando la posibilidad de ingreso de los inscriptos en compás de espera (unos 20 mil en Capital). La intención del gobierno de meter en un embudo (150 hectáreas) a la gente, con el argumento de criticidad o indigencia a miles de familias, evidencian la vieja practica punteril en la que ellos manejan la tranquera.

En el interior, se registran tomas en menor medida en San Pedro, Perico y Palpalá, amenazadas con el desalojo.

Las propias declaraciones de la cartera de Ordenamiento Territorial ponen coto a las aspiraciones de las familias trabajadoras. “Para ser beneficiarios de los lotes o viviendas hay que registrarse”, pero las inscripciones ya cerraron, miles de jujeños han recorrido esta experiencia, confiados, hace más de 15 años en la mayoría de los casos, obteniendo los resultados conocidos.

El fracaso del programa “un lote”, parido como maniobra electoral, vino como parche para fogonear futuros conflictos de techo, donde el gobierno de Fellner no perdió oportunidad de armar negociados, como lo denuncian los medios locales, con la compra de de tierras. “La compra/venta irregular de terrenos de varios legisladores, funcionarios provinciales y jueces se asociaron para comprar un lote de 150 hectáreas por un poco más de 700 mil pesos y, a los 30 días, venderlo al gobierno por 30 millones de pesos” (El Expreso, 24/2).

El Partido Obrero propone: declarar de utilidad pública los grandes terrenos de las ciudades para la construcción de viviendas populares, en base a la expropiación de los latifundios. Impuestos progresivos a las grandes ganancias, para la generación de puestos de trabajo en obra pública, en la que participen desocupados bajo convenio.