El Juzgado de Control N° 3 de Jujuy, a cargo del juez Isidoro Cruz, declaró la nulidad del proceso contravencional contra Milagro Sala, a la cual le había impuesto una inhabilitación de 3 años y 3 meses para participar de asociaciones jurídicas y políticas, y la suspensión por 3 meses de la Organización Social Tupac Amaru, a raíz del acampe que protagonizó en Plaza Belgrano por el reclamo del mantenimiento de las cooperativas.

 

Todavía falta la exposición de los fundamentos del fallo, pero se trataría de la incorrecta aplicación del Código Contravencional en lugar del viejo Código de Faltas, vigente entonces. Curiosamente, el Código Contravencional fue creado por el ex gobernador Fellner, aliado de Sala, pero es aplicado por el actual gobernador Morales. Este Código amplía las medidas represivas y el poder de policía frente a las contravenciones. Fue creado, precisamente, para regimentar todo tipo de manifestación, reclamo, corte de calle, ocupación de un inmueble público, etcétera. Fue utilizado, semanas atrás, por la policía para ingresar ilegalmente en la Universidad Nacional y detener y torturar a dos estudiantes.

 

Milagro Sala tiene hasta el momento dos sentencias: una contravencional por el acampe y la segunda por la supuesta instigación a realizar un escrache (ver nuestra posición en Prensa Obrera acá y acá).

 

Este fallo se produce luego de la visita de la comisión de la ONU, que sostuvo el planteo de que Milagro Sala debe contar con todas las garantías del debido proceso (esto es, en libertad o bajo prisión domiciliaria hasta tener sentencia firme). Se espera también la visita de una comisión de la CIDH, que tiene el mismo planteo, mientras que la Corte Suprema de Justicia fallaría antes de la feria de invierno sobre las condiciones de su detención y el alcance de los fueros que le otorga ser miembro del Parlasur.

 

La fiscalía, con el gobierno por detrás, va a apelar el fallo al STJ (Superior Tribunal de Justicia), ampliado por el gobierno de Morales con diputados radicales para asegurarse una Corte ´adicta´.

 

Este fallo pone en evidencia al gobierno de Morales y su intención de regimentación de la protesta. Llamamos reforzar una campaña democrática contra el reaccionario Código Contravencional, y para fortalecer las campañas contra las persecuciones a los luchadores, ya que el gobierno se ha valido de la aplicación del Código para procesar a dirigentes y obreros del Ingenio la Esperanza, del ingenio de Ledesma, al SEOM, a ATE, a vendedores ambulantes y trabajadores.