Luego de meses de especulaciones, finalmente Gerardo Morales enviará a la Legislatura un proyecto de reforma “parcial” de la constitución de Jujuy. Aunque el gobernador enfatizó que no pretende reelegirse, la reforma es una propuesta continuista del régimen represivo y conservador que gobierna Jujuy desde hace 7 años.

Dice que quiere consolidar las transformaciones sociales producidas… pero son todas reaccionarias: crecimiento abrumador de la pobreza, retroceso salarial histórico de los trabajadores del Estado, la tercerización laboral en los ingenios y los negocios fabulosos de los grupos capitalistas con los recursos naturales de la provincia.

Analizando más a fondo, el objetivo de la reforma es blindar a un régimen social y político en un contexto de grandes choques sociales en la provincia y el país. Sigue presente el fantasma de los ‘90 con cuatro gobernadores volteados por puebladas es lo que quiere asfixiar el gobernador. Amordazar la capacidad de los trabajadores y los explotados en luchar por una salida a la crisis social actual.

Morales dice que sostendrá la limitación de todos los mandatos a solo dos consecutivos, pero como ya ocurriera en muchos casos de reformas similares en Salta y en otras provincias, se guarda todas las cartas para dejar habilitada una nueva reelección si fracasa en su aventura reaccionaria por la presidencia.

El gobernador está apurado para que se vote incluso antes de fin de año su reforma antiobrera y antipiquetera para que sea su carta de presentación en la interna de Juntos por el Cambio, le falta solo un voto para tener los dos tercios necesarios en la legislatura. Con estas armas buscará enfrentar a Bullrich y cía. en nombre de que él ya impuso el modelo represivo en Jujuy mientras los demás apenas son un “discurso”.

La tan mentada “paz social”, escuchada en las últimas semanas posatentado a la vicepresidenta, es el relato que acompaña a Morales para reprimir y perseguir luchadores desde 2016 hasta la actualidad y es lo que pretende poner por escrito en la “nueva” constitución.

Sin embargo no se trata solo de un apetito presidencial, sino que se combina con el intento de profundizar la regimentación de la protesta social que ya existe en Jujuy. Cuando Morales dice que con la reforma quiere “consolidar los logros de su gestión” significa darle un marco legal a todos los atropellos anticonstitucionales que el Estado jujeño viene realizando contra las organizaciones sindicales, sociales y políticas que se oponen al “emperador”.

Veamos que dice la reforma.

“Institucionalizar la paz social”

Cuando Morales propone darle un marco constitucional al cercenamiento de la protesta social se autoincrimina dejando en evidencia que la persecución, los atropellos y represión que viene ejerciendo su gobierno son inconstitucionales.

A su vez muchos de los puntos que propone van en contra de la Constitución Nacional o ya están regulados por ella mostrando que la reforma cumple una función política más que una materialidad legal concreta.

El planteo de la “prohibición del indulto a las personas que incurrieren delito doloso contra el Estado” ya enmarcado en la Constitución Nacional está dirigido a los luchadores sociales que enfrentan al gobierno y para los cuales Morales avisa que no habrá ninguna contemplación.

Darle rango constitucional a la prohibición de cortes de ruta o la ocupación de tierras por los sin techo es un salto pinochetista para reforzar todo el andamiaje legal ya existente en todo el país, como el artículo 194 del Código Penal que repríme los cortes, creado por la dictadura de Onganía. Quien escribe y Juan Chorolque fuimos encarcelados hace 5 meses por esta razón. Pretenden esta reforma represiva en una provincia en la que la mayoría de los barrios de Alto Comedero y otras localidades se montaron sobre la base de la recuperación de las tierras por los sin techo, porque el acceso a la tierra y la vivienda está vedado para decenas de miles de familias.

“Habilitar la ejecución directa para el cobro de multas por contravenciones que afecten la paz social”: este punto obviamente va en contra de la Constitución Nacional porque liquida el derecho a la defensa.

“Nuevos derechos” garantizados. Un maquillaje contrario a la realidad de Jujuy

Gerardo Morales quiere poner por ley el combate al “cambio climático y el cuidado del ambiente”. Una impostura tal que al mismo tiempo que anuncia la reforma y da conferencias de prensa sobre el “cambio climático”, ya se incendiaron 7 mil hectáreas de las yungas jujeñas y el Estado provincial no garantiza los recursos mínimos para que puedan actuar bomberos voluntarios. La misma impostura aparece en cuanto a los derechos de las mujeres y diversidades. Jujuy tiene la tasa más alta de femicidios del país y el gobierno no destina recursos para casas refugio, ni acceso a la vivienda para mujeres que denuncian violencia de género.

Los derechos de los jóvenes que propone la reforma no serían el acceso a trabajo genuino o becas estudiantiles universales, sino la “obligatoriedad de educación secundaria para el trabajo”, es decir que los estudiantes sean mano de obra gratuita para empresas a través de pasantías.

Rechazar la reforma reaccionaria y derrotar el ajuste

El proyecto ingresa estos días en la Legislatura y se vienen los tiempos de acuerdos entre Morales y el peronismo para que salga. El PJ por ahora dice estar en contra, pero la toma y daca tradicional de Jujuy entre ambas fuerzas políticas terminarán convocando a las elecciones constituyentes.

La tarea de los trabajadores pasa por derrotar el ajuste de Morales en sintonía con el que descarga Massa y el FMI. Continuar las movilizaciones contra el tarifazo, pelear por la recomposición salarial urgente en docentes y estatales y organizar todos los reclamos populares.

El reforzamiento de la capacidad del Estado para reprimir y estrangular la acción independiente de los explotados es la consecuencia de la descomposición de este régimen social que no puede resolver ninguna de los problemas más elementales de las mayorías populares. Oponemos al régimen oligárquico que se pretende reforzar con la constituyente, la lucha por una reorganización social dirigida por los trabajadores.

El Partido Obrero llama a impulsar la mayor deliberación posible con la propuesta de un plenario de ocupados y desocupados provincial para discutir un programa y un plan de lucha contra el ajuste y la reforma reaccionaria.