El gobierno provincial pretende cooptar al movimiento de Sala por la política de la zanahoria y el garrote.

En la última sesión extraordinaria de la Legislatura ha votado otorgar la obra social de la provincia, el ISJ, a todos los trabajadores de las cooperativas inscriptas en el Estado.

 

Mientras tanto, el gobierno amedrenta a las organizaciones sociales para que se retiren de la plaza y rompan con la Túpac Amaru para pasar a empadronarse directamente con el Estado (y el gobierno de Morales). El gobernador ha incorporado a sus filas a elementos del riñón de la propia Sala, como el caso de Emilio Cayo y José Bejarano, de la Organización de Desocupados Independientes de Jujuy (Odij), con gravísimas denuncias, del mismo tenor de las que caen sobre Milagro Sala. Es decir, el gobierno no pretende terminar con los actos de corrupción, con los desvíos de recursos o la patota, sino reproducir, esta vez con otro patrón, el sistema clientelar protagonizado por personajes que han pasado de ser desocupados a empresarios exitosos y millonarios, unos de boliches nocturnos y el otro de empresas de viaje y transporte, como es el caso de Cayo y Bejarano.

 

Ambos tienen frondosos historiales de denuncias, Bejarano va a juicio por amenaza con arma de fuego a trabajadores del SEOM.

 

Cabe recordar que Emilio Cayo también está imputado por “instigación al tumulto”, pero corre otra suerte, ya que se lo pudo ver acompañando al gobernador en visita a las obras que tienen las cooperativas de la Odij en Alto Comedero.

 

La disputa por el control de la calle

 

La disputa se trató de llevar a las calles con un cierto fracaso de ambos lados: la movilización organizada por la Túpac Amaru (en realidad, dijeron que fue una indicación desde Santa Cruz) que prometía 500 cortes en Argentina, no superó la treintena, en un par de provincias. En Jujuy se realizaron seis cortes y una marcha alrededor de la plaza, donde si tenemos en cuenta el desarrollo y la extensión de la agrupación aparecen las debilidades del propio bloque. Por el lado del gobierno, se han convocado marchas ‘autoconvocadas’ a su favor, una el miércoles y otra el sábado, que no superaron el centenar de personas, desnudando una falencia histórica del radicalismo, que es su capacidad de movilización.

 

Mientras el gobierno se pasea por los medios con denuncias por enriquecimiento ilícito y desvíos de fondos por parte de Sala, todavía no ha aportado nada en concreto al expediente que ordenó detenerla, únicamente por instigación al tumulto y al delito.

 

Es, en este marco, que desde el Partido Obrero planteamos el repudio a su detención y el desprocesamiento por instigación y tumulto, causa que la tiene hoy detenida. Como también planteamos el desprocesamiento de los 5.000 luchadores, derogación de la ley antiterrorista y de cualquier legislación que afecte el derecho de protesta, como la famosa “ley de paritarias” de Jujuy que obliga a prestar servicios básicos casi a toda la administración pública, impidiéndoles hacer huelga.