La comunidad originaria Pueblo quechua, de la localidad de Oratorio en el departamento de Santa Catalina (Jujuy) se encuentra al acecho de las empresas mineras que podrían regresar luego de la sanción de la reforma constitucional del gobernador Gerardo Morales para hacer sus negocios privados.

Hace algunos años intereses extractivistas mineros llegaron a interesarse en una amplia extensión de tierras que se encuentran entre Oratorio y Timón Cruz, pero fueron rechazados por los habitantes y las comunidades originarias del lugar, incluso a pesar de que intentaron comprar a algunos referentes y vecinos.

Los habitantes de la comunidad Pueblo Quechua de Oratorio cuentan con una asociación civil para reconocer sus derechos pero no así con la titularidad de las tierras fiscales que habitan, por lo cual la reforma constitucional de Morales los deja en una situación de mayor vulnerabilidad, dándole potestades sobre esas tierras al Ejecutivo provincial y bloqueando la posibilidad de acceder a la titularidad por medio del proceso de prescripción adquisitiva que establece la ley.

El Estado provincia, por medio del Reteci y la Secretaría de Pueblos Indígenas de la provincia de Jujuy, operó políticamente en las comunidades originarias para hacer pasar la reforma constitucional con engaños y mentiras, diciendo que esto no afectaría a la posesión de tierras.

Mientras que en muchos sectores primó una completa desinformación, ya que siquiera sabían que se votaban convencionales constituyentes con las elecciones provinciales, ni conocían el tratamiento que se le daría a estos temas.

Esto fue una estrategia del gobernador Morales para hacer pasar la reforma represiva y privatista, y poder allanar así sus planes mineros y extractivistas en la provincia.

El propio proceso de la constituyente sacó a la luz estos manejos y abrió un proceso de movilización de algunos sectores originarios en defensa de sus tierras, algo que ahora es reprimido con la aplicación de las reformas represivas de Morales.

El Reteci, por su parte, está completamente cooptado al gobierno de Morales, y es solo un apéndice de su política contra los pueblos originarios y trabajadores. Cuando Morales sale hablando que hemos hecho consultas previas para que se apruebe la reforma, lo hizo con Reteci.

Los integrantes de las comunidades de los pueblos originarios son gente de trabajo, muy atareada, a los que se les dificulta seguir los ritmos acelerados que impone Morales, y sus mecanismos de engaño.

El Estado pretende robarle las tierras a los verdaderos habitantes y las comunidades están siendo atropelladas por esta orientación. Por eso debemos salir a enfrentar a Gerardo Morales y su reforma constitucional antiderechos y contraria a los pueblos originarios y el derecho a la tierra.

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