El 23 de octubre. el Superior Tribunal de Jujuy suspendió la licitación y venta del ingenio La Esperanza a raíz de la presentación de un recurso por el comité de acreedores. La noticia la anunciaron, hace una semana, el diputado y ex gobernador Eduardo Fellner y el senador radical Gerardo Morales, luego de una reunión con el gobernador Walter Barrionuevo.

La suspensión de la licitación muestra la división de las camarillas del PJ en torno al ingenio. Fellner, en componenda con Morales, es un lobbista de Emepa, un grupo promocionado por los K (como Taselli en la cercana Zapla). La suspensión perjudica directamente a otro pretendiente, San Martín del Tabacal.

La pelea tras la suspensión de la licitación sigue en la Legislatura con denuncias cruzadas entre las camarillas que responden, alternativamente, a Tabacal, Ledesma o Emepa.

La sindicatura y el dirigente del sindicato azucarero Farfan (CTA) pusieron el grito en el cielo al enterarse que Tabacal perdió la ganga; rechazan la estatización del ingenio y desconfían del subsidio estatal. Durante la licitación, Tabacal calificó de “sobredimensionada” a la planta de personal.

La zafra terminó este año con 84.000 toneladas, una producción record en los últimos diez años; esto contradice los dichos sobre la baja productividad, pese al robo abierto de azúcar crudo por Tabacal. Ahora dejan sólo 700 de 2.000 trabajadores entre campo y fábrica para preparar la nueva zafra; más de 1.200 deberán esperar qué pasa con el financiamiento por el inter-zafra y su continuidad laboral.

Es momento de poner en pie la iniciativa colectiva que dan las asambleas de todos los compañeros, superando el obstáculo de la dirección que está entregada a El Tabacal. La asamblea debe resolver inmediatamente un programa, un plan de lucha y un cuerpo de delegados (revocables) para concretar la estatización bajo control obrero del Ingenio La Esperanza. El control obrero del Ingenio es necesario para derrotar los negocios ocultos de las camarillas gubernamentales con la fábrica y las tierras; para controlar cada peso del financiamiento estatal para la zafra o la inversión en la restauración de la fábrica; para evitar el plan de remate futuro a los conocidos buitres empresarios con la venia de la burocracia sindical.