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El gobierno jujeño logró la aprobación, el pasado 21 de agosto, del paquete de tres leyes conocido como "desprecarización laboral" con el apoyo en general de todos los bloques legislativos.

Pese a que el gobierno se jactó, durante meses, de estar resolviendo el problema de la precarización de los empleados públicos, ninguno de los tres proyectos apuntan directamente a blanquear a los trabajadores que prestan servicios en el Estado provincial o municipal. Tampoco significa un pase inmediato a planta permanente sino que, por el contrario, se regulan ciertos requisitos que debe cumplir el trabajador para el ingreso a planta condicionándolo a que el Estado "deberá contar con el presupuesto suficiente".

La ley 5833 crea un "registro público de empleadores con sanciones laborales", permitirá al Poder Ejecutivo provincial identificar, conocer y dimensionar la cantidad de personas que están prestando servicios en el sector público sin el amparo de ningún régimen.

Miles de trabajadores precarizados, que aspiraban lograr el pase a planta y la estabilidad laboral, han visto truncadas sus expectativas ya que en este nuevo registro no se computarán a los trabajadores que tengan pasantías, reemplazos o que realicen una contraprestación por tener un plan social.

En definitiva, el objetivo de este paquete legislativo es que el Estado vuelva a tomar las riendas sobre el empleo público en la provincia, para quitárselo a organizaciones sociales, que en un momento lograron quebrar la resistencia al mismo incorporando trabajadores a las reparticiones públicas.

El Partido Obrero caracterizó, desde un primer momento, que con estas leyes el gobierno apunta a regimentar a los empleados públicos y a descargar el ajuste sobre los trabajadores. Planteamos el pase de todos a planta permanente y un plan de obras públicas que venga a satisfacer las necesidades básicas de los jujeños: vivienda, red de agua potable, cloacas, red de gas natural, entre otras.