El juez Ernesto Kreplak rechazó la pretensión del Estado de ser aceptado como querellante en la causa por la segunda desaparición de Jorge Julio López, testigo clave para la condena del represor Miguel Etchecolatz, ex jefe de Investigaciones de la policía bonaerense durante la dictadura.

El pedido había sido elevado por el Ministerio de Justicia de la Nación a través del Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj y, el juez, en concordancia con el Ministerio Público Fiscal, desestimó el pedido arguyendo que “el Ejecutivo puede afectar la investigación de la causa”.

La intención del macrismo se inscribe en una verdadera política de Estado en torno al encubrimiento e impunidad de los responsables políticos y materiales del hecho, sostenida desde el mismo día de la desaparición de López. La justicia, por su parte, mantiene la investigación paralizada. Hoy, a más de 10 años de la segunda desaparición de López, no hay un solo detenido ni ninguna otra certeza. Este es el resultado deliberado del encubrimiento, porque todo conduce al aparato repodrido de la policía bonaerense –heredera estructural de los Camps y los Etchecolatz– y no fue investigado.

Pasan los gobiernos, sigue la impunidad

Jorge Julio López declaró en el juicio que llevó a prisión perpetua al genocida Miguel Etchecolatz, y fue secuestrado el mismo día que Justicia Ya! La Plata presentaba sus alegatos. El Estado, que ahora pretendía ser querellante, encubrió el caso con total intencionalidad. La “investigación” fue un simulacro. La decisión política de abandonar el caso se manifestó en el hecho de que, durante más de nueve años, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández silenciaron su ausencia. Nunca se investigó a los genocidas denunciados por López ni a su entorno. Etchecolatz ni siquiera fue indagado, aun cuando en el marco del juicio La Cacha llevó en sus manos un papel que decía Julio López como una provocación.

En cuanto a la policía bonaerense, el entonces gobernador, Felipe Solá, decía que era el costo que debía pagar para garantizarse la “gobernabilidad” de la policía, que hasta hoy sigue asesinando, secuestrando y desapareciendo a cientos de jóvenes impunemente.

Con Macri continúa la impunidad. Como era previsible, la investigación sobre el paradero de López está empantanada. Toda pista quedó diluida en el cruce de cinco millones de llamadas telefónicas extraídas de 17 hipótesis distintas, sin obtener ningún resultado. El mismo gobierno, en las reuniones de funcionarios con el hijo de López y su abogado se orientan a elaborar un perfil psicológico de López, que –argumentan– podría ayudar a entender si alguien lo convenció a López de no presentarse en los Tribunales de La Plata aquel 18 de septiembre de 2006. Se busca reflotar, así, la teoría de que López desapareció por su propia voluntad.

El Estado es responsable.

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