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Hace más de 10 años se aprobó el traslado de la terminal de ómnibus ubicada en el centro de la ciudad. Sorpresivamente apareció un proyecto a fines del año pasado y el Concejo Deliberante prepara la entrega de terrenos a la empresa Edelweiss. El predio que ocupa la terminal fue tasado en unos 14 millones de pesos, aunque se reconoce que como futuro complejo de departamentos su precio se elevaría notablemente. La intendencia -UCR- planea un negociado doble: por un lado, la construcción; por el otro, la venta de los terrenos céntricos. La Federación de Sociedades de Fomento convocó a una charla sobre el tema. Los comerciantes rechazaron rotundamente el traslado, y el colegio de abogados denunció la falta de información. La oposición patronal -FpV, CC, MID- rechazó el proyecto aduciendo "que hay cosas más importantes" sin aclarar cuales, y criticando también la falta de información. La intervención del PO fue contundente. Denunciamos que "el déficit habitacional, la falta de agua y la carencia de servicios básicos en diferentes barrios de la ciudad -El Triángulo, San Jorge, La Vaca- son los problemas que hay que resolver en forma prioritaria y urgente". Pusimos de relieve la responsabilidad política del oficialismo y de la oposición. Y destacamos "la necesidad imperiosa de transporte público en nuestra ciudad ante las dificultades para llevar a los chicos a la escuela o para trasladarse al trabajo". Las motos son verdaderos "colectivos de dos ruedas", y el municipio sólo se preocupa por recaudar fondos persiguiendo con multas a los usuarios. Como la nueva terminal se instalaría en las afueras de la ciudad, agravaría este problema. La tarifa de los taxis es prohibitiva. El movimiento de rechazo al traslado se combina con el reclamo que se está gestando a partir de la autoconvocatoria de "las madres" que reclaman un servicio de transporte para que sus hijos concurran a la escuela. Queda abierta una lucha que hay que encarar organizando a los vecinos, a los padres y a los estudiantes con sus centros, para enfrentar los atropellos de los gobiernos y de las empresas privadas, para impulsar la lucha por un plan de obras públicas y de viviendas populares -controlado por trabajadores y vecinos-, y un transporte local accesible y de calidad.

Negro Alvarez