En una sesión maratónica que se extendió desde el martes 22 a la madrugada de hoy miércoles, la Legislatura aprobó el Presupuesto 2021 y la Ley Fiscal. Para disimular este Pacto Kicillof- Vidal, donde aún sigue bajo cuerda la disputa por los cargos en organismos claves de la provincia, el texto final pasó por una larga amansadora hasta convertirse en ley. El Presupuesto, rechazado por el Frente de Izquierda, es el primero de la “era Kicillof” después de que el kirchnerismo gobernara todo este año con el presupuesto de “tierra arrasada” de Vidal a la espera de un acuerdo de repago con los bonistas (este cierre de deuda se postergó por décima vez colocando a la provincia de Buenos Aires en la cesación de pagos).

Presupuesto en tiempos de default

La mayor estafa de este Presupuesto sin grieta es el artículo que autoriza un endeudamiento de hasta 65.000 millones de pesos cuando se deja por fuera de la “ley de leyes” las condiciones que exigen el Comité de Acreedores” para el canje de los 7148 millones de dólares (“reestructuración). El próximo round con los bonistas será el 4 de enero bajo la amenaza de los fondos buitres de llevar los “incumplimientos de pago” a los tribunales de Nueva York mientras bloquean todo acceso de Kicillof a la toma de nuevos créditos y exigen mayores beneficios para llegar a un acuerdo.

En rigor, la Ley Fiscal que acompaña al Presupuesto provincial es la segunda desde la asunción del gobierno del Frente de Todos. En enero pasado la oposición derechista le había aprobado la primera “ley fiscal” a Kicillof junto con las “leyes de emergencia” que facultan al ejecutivo a reasignar partidas junto a otros poderes de excepción extendidos hasta el 2022.  Esta segunda versión también castiga a la vivienda única con un aumento del impuesto inmobiliario urbano del 32% que se suma a un incremento similar de las patentes. Otro golpe a los salarios de los trabajadores. Como denunciara el Partido Obrero en la radio abierta del 22 frente a la Legislatura bonaerense el Pacto de los “nacionales y populares” con los “neoliberales” no nació con la rosca sino que tiene como antecedentes el presupuesto prorrogado de Vidal. las leyes de emergencia, y la autorización de las cámaras (oficialismo y oposición) para que el gobierno contraiga nueva deuda por 500 millones de dólares, es decir más deuda en moneda extranjera). De este concordato surgió el Presupuesto 2021 en el que la ex vicegobernadora  María Eugenia Vidal jugó un papel relevante, a pedido del propio peronismo que la sentó como interlocutora.

Garantías a los buitres

El Pacto Kicillof- Vidal implica negro sobre blanco garantías de ajuste fiscal para volcar “una parte significativa” de la recaudación tributaria al pago de la deuda. Esto último es una exigencia pública de la “Coalición de Tenedores de las deudas provinciales” como presión para la aprobación de un presupuesto de ajuste. Las partidas para aéreas tan sensibles como salud y educación apenas “actualizan” por inflación el anterior presupuesto macrista mientras que la estimación de una inflación mentirosa del 30% tiene como función condicionar las paritarias, allí donde se realicen o se discutan salarios. La postergación de toda oferta salarial para los empleados estatales de la 10.430- hasta la aprobación del Presupuesto- confirma el chantaje del gobierno y la postración de las burocracias sindicales de ATE y UPCN que apoyan y convalidan el ajuste salarial del “gobierno amigo de los trabajadores”

El tortuoso Pacto puso al gobierno en manos de Juntos por el Cambio que pasó de calificar el proyecto de presupuesto como “razonable”, preanunciando lo que sería su voto a reivindicar la versión final   como un triunfo propio. Macristas y radicales, pero también los intendentes del PJ y del massismo se aseguraron 12.000 millones de pesos extras que llegarán en forma “automática” a las comunas y según un cronograma de giros con fechas a marzo, junio y setiembre. Este Fondo de Fortalecimiento de Infraestructura Municipal (FIM) del cual unos 5000 millones de peso irían a los 65 municipios en manos de Cambiemos es la señal de largada de la campaña electoral y por eso mismo los jefes comunales piden garantías de todo tipo para su uso indiscriminado. El acuerdo integra también la postergación por otro año más de la devolución del denominado “fondo Covid 19” que en rigor es utilizado por las intendencias para el pago de los salarios municipales. Un tercer aspecto de este Pacto tiene que ver con los artículos 38 y 39 que autorizan un manejo “más laxo” de los presupuestos municipales   poniendo a resguardo a los intendentes de las sanciones previstas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia para los ejercicios 2019 y 2020.

Es significativo que tanto el gobierno como Vidal se refieran al Presupuesto 2021 como un presupuesto “reactivador” y de inversión en obra pública en lo que es mucho más que un acuerdo circunstancial.  El Presupuesto no es cualquier ley sino la “ley de leyes” que define el rumbo general, las prioridades y los intereses de clase de un gobierno. El llamado “shock de inversión en obra pública” (40 mil millones de pesos para obras hidráulicas y rutas y 15 mil millones para viviendas, cloacas, viviendas populares y urbanización) está condicionado por la reasignación de partidas en la “emergencia”, sub-ejecución de recursos para pagar deuda y subsidios al capital, y atado a los negociados con la “patria contratista”. Esto explica también el peso que adquirió la guerra de camarillas por la titularidad de la Procuraduría de la Suprema Corte, y las claúsulas de impunidad que se aseguraron los intendentes en el Presupuesto. Un Plan de Viviendas y Urbanización para dar respuesta al millón doscientas mil unidades del  déficit habitacional en la provincia de Buenos Aires exige los fondos necesarios y el control de los trabajadores sobre el presupuesto, destino y ejecución de las partidas.

 La respuesta del clasismo

La radio abierta del 22 convocada como continuidad del Plan de Acción y movilización del jueves 17 contó con la presencia y delegaciones del SUTEBA Ensenada, de la Lista Multicolor de La Plata, de la Junta Interna de ATE Educación, del Polo Obrero y el Partido Obrero. estas organizaciones volvieron a ganar la calle en La Plata para   rechazar el Presupuesto de Ajuste y Represión (donde los mayores beneficiados son Sergio Berni y la Bonaerense) y para impulsar la continuidad del reclamo por aumento salarial y paritarias sin techo.  Está por verse en la redacción final del Presupuesto como queda el artículo 66 que confiscaba 8000 millones de pesos de los afiliados al IOMA. En su intervención el Partido Obrero advirtió que la reforma antijubilatoria de Alberto Fernández, Guzmán y la camporista Raverta es un anticipo de una nueva ofensiva contra las jubilaciones bonaerenses y para “armonizarlas” a la baja con la Anses.

La unidad de los sindicatos clasistas, Juntas Internas combativas, y del movimiento piquetero representado en una masiva movilización del Polo Obrero, plantea agudamente la intervención de los trabajadores en esta crisis y la lucha por un programa de los trabajadores que comience repudiando el pago de la deuda externa bonaerense . Con este planteo estratégico y antiburocrático interviene el Partido Obrero.