En el reciente plenario de la Coordinadora de Secundarios hubo quien se opusiera a la consigna de “perpetua” para los policías y servicios que acribillan a la juventud, alegando que, como ocurriera con la condena a las Juntas Militares, el Estado puede siempre recurrir al indulto. Lo que este argumento no tiene en cuenta es que lo mismo puede ocurrir en un sistema de jurados populares, que es lo que propusieron esos críticos. Sin embargo, la ventaja de la consigna de “perpetua” es muy evidente, porque mientras que la propuesta de jurados populares ve la salida en una reforma institucional, la de “perpetua” no alimenta ilusiones institucionalistas sino que simplemente enfrenta el reclamo popular con el gobierno encubridor de los crímenes policiales y para-policiales, y desarrolla la tendencia a la organización popular.

Existe una fantasía relativamente generalizada de que los jurados populares serían un instrumento imbatible para la obtención de ‘justicia’ o incluso de ‘justicia popular’. Nada es más equivocado. En los países capitalistas en que rige el sistema de jurado, el factor dominante del proceso judicial es el juez de la causa, que limita y condiciona el proceso y que tiene la atribución de dictar sentencia. Los jurados tampoco son una garantía de ‘justicia’, toda vez que los actores o partes del juicio tienen un poder de veto en la selección de sus miembros. El juicio u opinión que los integrantes de un jurado popular se van formando en el desarrollo del proceso, está condicionado por la manipulación del juicio por parte del aparato judicial y de los medios de comunicación, es decir, por el dinero, o sea, por el capital. Por último, el propio concepto de ‘justicia’ se encuentra viciado, ya que condena al desocupado o a cualquier víctima del sistema de explotación vigente por los delitos contra la ‘propiedad’, en tanto que justifica como un acto de legítima defensa a la defensa de esa ‘propiedad’.

En síntesis, el sistema judicial y la administración de justicia no pueden escapar a los condicionamientos de una sociedad de clases, que victimiza al oprimido, ya que ese mismo sistema es un producto de esa sociedad y de la necesidad de preservarla.

Desde la reaparición de los gobiernos seudo-constitucionales en Argentina, desde la izquierda han habido numerosas manifestaciones del tipo que estamos mencionando, pretendiendo que semejantes propuestas permitirían conquistar la soberanía popular, acabar con la represión o neutralizar a los aparatos represivos. Todas estas manifestaciones han simplemente mostrado el arraigo de la demagogia democratizante en la izquierda y, por lo tanto, la complicidad de ésta con la sociedad capitalista. Es incuestionable que, en ciertas circunstancias, el establecimiento de jurados populares, los juicios televisivos, la elección de los fiscales públicos (y especialmente de los jueces) por medio del sufragio, son medidas progresistas porque permiten ampliar la agitación política de denuncia de las lacras del Estado y del capitalismo, o defender mejor, es decir, por medio de un agitación política amplia, a los perseguidos por el Estado y por los explotadores. Pero ninguna de estas medidas elimina o siquiera atenúa el carácter opresor y represivo del Estado — incluso lo convierte en más sofisticado, como ocurre en los países más avanzados.

El punto de partida para una modificación radical del sistema de injusticias y de atropellos vigente, es el desarme de la burguesía y el armamento de las masas, es decir, el inicio de la destrucción de la propia maquinaria estatal de opresión y represión. En una palabra, la organización independiente de los explotados llevada hasta sus últimas consecuencias, para lo cual la consigna de la Coordinadora es un paso en la buena dirección.