Por tercer año consecutivo, Axel Kicillof abrirá las sesiones en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires convocando a reconstruir la provincia, ahora con la llamada fórmula del “seis por seis”, que presenta de la siguiente manera: a los seis años de crisis, dos del propio gobierno del Frente de Todos y cuatro anteriores de Vidal, deberían corresponderles otros seis años para la “reconstrucción” provincial. Ni más ni menos que el lanzamiento electoral de Kicillof para un nuevo mandato a partir del 2023.

Kicillof para atrás

Las posibilidades políticas para que Kicillof compita por la reelección son más que limitadas, y primero deberán pasar por el filtro del PJ bonaerense, que viene imponiéndole condición tras condición a su “presidente” Máximo Kirchner, incluidas las “listas de unidad” para los cargos del justicialismo, allí donde gobiernan los “barones” en sus distritos. Las elecciones internas del peronismo bonaerense fortalecen al aparato del peronismo en detrimento de La Cámpora, y dan cuenta del reacomodamiento de un sector de los intendentes en torno a Martín Insaurralde, quien también aspira a la gobernación en componendas con Alberto Fernández y el gobierno nacional.

Completando la diáspora del Frente de Todos, el kirchnerismo lanzó como globo de ensayo su propio candidato, Wado de Pedro, que va y viene como potencial postulado a la presidencia o a la gobernación provincial. La ruptura de Berni con el Frente de Todos, mientras continúa como ministro de Kicillof, suma quiebras al peronismo: el represor, tentado por Juntos por el Cambio, no desmintió haberse reunido con Miguel ángel Pichetto, que integra la pata peronista de la coalición opositora derechista.

Un mes atrás fue el propio gobernador Kicillof quien picó en punta para apoyar la firma del acuerdo colonial con el FMI. Desmintiendo a quienes aseguraban que Kicillof iba a reconsiderar su posición favorable al voto del “acuerdo” (Carlos Bianco), ratificó la línea acuerdista con el Fondo Monetario para “evitar una catástrofe”. Esto cuando ya es público que el tarifazo no va a bajar del 45% y en la letra fina del pacto entra la reforma previsional contra las jubilaciones, un mayor ajuste contra las masas y nuevos beneficios para las fondos buitres.

Kicillof y el cogobierno parlamentario

En las vísperas de la Asamblea Legislativa del 2 de marzo, el vocero Bianco agradeció a Juntos por el Cambio por su “responsabilidad” en el acompañamiento de los proyectos del Ejecutivo, concretamente el presupuesto provincial 2022 y la ley impositiva. Un bis de los elogios prodigados por Kicillof a la oposición derechista en diciembre pasado, cuando se votó la “ley de leyes”. Este cogobierno parlamentario con la derecha tuvo como antecedentes la votación conjunta del presupuesto provincial 2021, y la prórroga del presupuesto 2019 de tierra arrasada durante todo el primer año de pandemia.

Blanqueando la crisis política, agudizada con la derrota electoral del Frente de Todos en las legislativas, Bianco se fue por la tangente para no fijar posición ante un eventual desdoblamiento de la elección nacional y la bonaerense. Se trata de un juego de maniobras pero principalmente de las vacilaciones de un Kicillof en retroceso, con el gabinete partido y bajo la estricta vigilancia del PJ provincial.

El operativo “despegue” no se limita a los intendentes -si Kicillof intenta ir por la reelección- y alcanza también al gobernador si crecen las chances del peronismo de perder en las presidenciales. En este tire y afloje con Kicillof y Máximo, los jefes comunales impusieron un nuevo turno de presentación electoral, puenteando la ley electoral, para competir en sus territorios.

El Consenso de los ajustadores

El 19 de enero pasado, el gobernador envió a la Legislatura bonaerense el proyecto de ley de adhesión al “Consenso Fiscal”, rubricado en su momento por todos los gobernadores, incluido Kicillof. El “consenso” autoriza el endeudamiento y nueva deuda en moneda extranjera con los organismos bilaterales o multilaterales de crédito, agravando la hipoteca financiera de las provincias. Es lo que hace Kicillof, en acuerdo con Juntos por el Cambio, con el presupuesto 2022 y la ley impositiva que lo acompaña.

Entre las leyes que Kicillof se propone colocar en la agenda 2022 está el traspaso del Instituto Biológico a la categoría de “sociedad de Estado”. Con respecto al Biológico, el 2021 cerró con asambleas y movilizaciones masivas de sus trabajadores, denunciando que esta reconversión de un instituto estatal a sociedad de Estado es la privatización que sigue a la desfinanciación en la producción de vacunas y control sanitario. Si pasa la “sociedad de Estado”, Kicillof irá por el Astillero Río Santiago (ARS), al que pretenden reducir a una sociedad que cotice en bolsa, sometida a la competencia hostil de los astilleros privados, a donde el propio gobierno deriva los trabajos en perjuicio del ARS.

La “restitución” del régimen jubilatorio a los trabajadores del Banco Provincia (Bapro) fue anunciada en septiembre del año pasado en plena campaña electoral. Fue María Eugenia Vidal quien modificó este régimen en el 2017 y no pudo concretar su destino final, que era ir por el Instituto de Previsión Social (IPS) para “armonizar” a la baja las jubilaciones bonaerenses de la Anses.

El proyecto de Kicillof para los trabajadores del Bapro no implica la vuelta al régimen previo al despojo de Vidal, pero sí un incremento de los aportes que deberán tributar los trabajadores. El proyecto del Ejecutivo, consensuado con el directorio del Banco Provincia y la Asociación Bancaria no se refiere al 82% al cese sino al promedio actualizado de las remuneraciones mensuales percibidas durante los ciento veinte meses inmediatamente anteriores a la cesación del servicio.

Para los activos el incremento del aporte irá del 14 al 16% y el de los jubilados del 10 al 12%. Además establece que las futuras “modificaciones en el régimen jubilatorio” deberán contar con una instancia consultiva de la que participarán el Banco Provincia, la Asociación Bancaria y de “cualquier otra asociación y/o institución que acredite un interés legítimo en los alcances y sostenibilidad del sistema”. Es decir que la “restitución de derechos” no excluye otros cambios para los trabajadores del Banco Provincia.

La semana pasada, Kicillof y Sileoni presentaron la propuesta paritaria para los docentes de la provincia -negociada sin mandato por Baradel y las burocracias sindicales del Frente de Unidad Docente- que consagra los salarios por debajo de la canasta de pobreza y extiende los pagos en cuotas hasta octubre. Estas paritarias a la medida del presupuesto provincial de ajuste y del pacto con el FMI son el “modelo” para las paritarias estatales, judiciales y de otros trabajadores dependientes del Estado provincial.

Sobre la emergencia económica y tarifaria para las empresas recuperadas, la suspensión de sentencias de desalojo y remate de bienes alcanzaría a los lanzamientos ya ordenados que no se hubiesen realizado “a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley”. La realidad es que a fines del 2021 y según Eduardo Murúa, director nacional de Empresas Recuperadas, 7.000 trabajadores de éstas recibían el programa Potenciar Trabajo, equivalente a la mitad del salario mínimo y tienen que sobrevivir a los salarios de hambre y al sabotaje capitalista. Los tarifazos de Alberto Fernández y el FMI volverán a golpear a las empresas recuperadas.

Acto del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad

El Partido Obrero realizará este 2 de marzo un acto frente a la Legislatura bonaerense, con la presencia del diputado provincial Guillermo Kane, para ratificar su rechazo al presupuesto provincial de ajuste 2022 y al pacto Kicillof-Cambiemos. Denunciamos el apoyo del gobernador “nacional y popular” al cogobierno con el FMI y le oponemos un programa de transformación social de la provincia y el país bajo la dirección de los trabajadores.

La movilización política del PO está al servicio de la lucha contra el ajuste fondomonetarista nacional y provincial, y para apoyar las luchas en curso, incluida la jornada nacional y provincial que realizarán los docentes contra las paritarias de hambre y la precarización laboral. Abajo el pacto colonial. No al pago de la deuda externa. Ruptura con el FMI.

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