El discurso de inauguración de sesiones parlamentarias del gobernador bonaerense Axel Kicillof tuvo un fuerte tono confrontativo. Rechazó los diez puntos propuestos por Milei para el llamado “acuerdo de mayo”, contrapuso diez reclamos propios, partiendo de que se reponga el fondo quitado a la provincia de Buenos Aires. Dijo que se oponía a que se quiera hacer una foto de diálogo sin contenido y que, si querían hacer esto, arranquen sin él.

Cuatro días luego de la bravata, Kicillof fue el primero en llegar a una negociación con los gobernadores impulsada por funcionarios de Milei, que analiza una nueva presentación de la ley ómnibus, en una versión muy acortada, pero cuyos detalles no se conocen, sino que rondan una serie de puntos genéricos. Claro, aprovecharon el “diálogo” para reclamar puntos en la negociación, como los gobernadores dialoguistas como Llaryora o Juntos para el Cambio. Pero es claro que no hay plan B de parte del peronismo que gobierna la provincia de Buenos Aires. No llaman a enfrentar la política de Milei ni ensayan otra política distinta en el territorio más poblado y más importante económicamente del país que les toca gobernar. Kicillof avisó que su traslado del ajuste de Milei a los servicios públicos cuestionaba que siga funcionando el sistema de salud, por ejemplo, y atenderían “hasta donde puedan”. La única política es convivir con el ajuste y tratar de sacar provecho electoral adjudicándoselo a Milei.

Esta política de connivencia del peronismo no es casual. Cristina Kirchner ha planteado expresamente que el período Milei debe durar los cuatro años para lo que fue electo y ha expresado su acuerdo con la aplicación de una reforma laboral. La “modernización” de las formas laborales y la licuación de los salarios es una tarea sucia que les reclaman las patronales a las que representan políticamente y que les es favorable que sea ejercida por otra fuerza política.

Convivir con la motosierra

Mientras tanto, convivir con la motosierra y aplicarla en la provincia, a su manera. ¿Cómo? Ajuste generalizado, tarifazos y endeudamiento. Por ahora, hasta que languidezcan aún más los recursos, sin cierres ni despidos masivos, para hacer un contraste con el estilo rimbombante de Milei. En este sentido, vienen cerrando los acuerdos salariales de la provincia debajo de la inflación, aprovechando la inacción de las burocracias. La quinta hora, el gran logro educativo del que se jactaban el año pasado, ha sido discontinuada con el recorte de fondos nacionales.

La segunda línea de acción es seguir apilando deuda, que es una hipoteca inmediata en la realidad de la provincia. La primera acción legislativa del año es formar un comité de cuenca del arroyo San Francisco de Quilmes y distritos aledaños para poder tomar deuda con organismos internacionales por 200 millones de dólares.

En tercer lugar, el gobierno de Kicillof aplica un impuestazo que impacta en primer lugar y desproporcionadamente a los trabajadores y sectores medios. Los tironeos de sectores agrarios por los aumentos de alícuotas sobre el impuesto a la propiedad muestran el envalentonamiento de los capitalistas, que no están dispuestos a tolerar siquiera perder un poco de sus beneficios. Sucede que las valoraciones fiscales de los terrenos agrarios siguen decenas de veces debajo de su valor real de mercado, pero el gobierno no se atreve a tocar ese problema de fondo. Mientras tanto, ingresos brutos, patentes e inmobiliarios han tenido aumentos siderales que caen directamente o indirectamente sobre los trabajadores.

Ioma: punto cero de la crisis provincial

La atención en Ioma, la obra social de todos los trabajadores estatales bonaerenses, es un punto central de la crisis social y económica de la provincia. La asistencia médica viene suspendiéndose en gran parte, quedando sin atención zonas enteras (Mar del Plata, Tandil, parcialmente La Plata y Bahía Blanca). La cobertura de medicamentos también ha bajado. En la crisis se combinan un lock-out patronal de las clínicas privadas e intermediarios privados en las presentaciones, con retrasos e incumplimientos sistemáticos de Ioma en el pago a profesionales. La obra social, como hemos denunciado a lo largo de años, ha sido vaciada por los sucesivos gobiernos, que han usado su recaudación como parte del tesoro, violando su autarquía, y hoy la declaran deficitaria. La “salida” de Homero Giles, el presidente de Ioma nombrado por Kicillof ha sido aumentar los copagos a los afiliados, cuyos sueldos están en caída libre, y aumentar los cánones que se pagan a las clínicas privadas. Los copagos tienen un límite oficial de 3.500 pesos, pero rápidamente se ha sabido que se está cobrando dos o tres veces esa cifra para conseguir atención real. Este acuerdo, cediendo a la extorsión de los empresarios, no ha resuelto los choques. En Mar del Plata no se han reanudado las operaciones ni internaciones para los afiliados. En La Plata, las clínicas han anunciado que solo atenderán a quienes tengan domicilio en la ciudad. Lo que está en crisis es el esquema de tercerización de la obra social, que por su tamaño podría y debería desarrollar servicios propios, a financiar un negocio para los empresarios de la salud privada. Ioma debe ser dirigida por sus afiliados, los trabajadores, y deben reponerse todos los fondos apropiados por el Estado provincial.

Kicillof cede y muestra disposición al “diálogo” con las patronales, mientras condena a la población trabajadora a sufrir la catástrofe económica y social en curso. Sus críticas mediáticas no resuelven el problema ni abren otra perspectiva. La realidad es que desde Kicillof hasta la burocracia sindical, el peronismo deja correr la motosierra de Milei con su parálisis.

En la provincia de Buenos Aires, la única alternativa es preparar la huelga general. El argumento de no luchar porque el patrón de los docentes, médicos y estatales de la provincia es opositor es un enorme favor a la ofensiva antiobrera que encabeza Milei. El aporte de los trabajadores públicos bonaerenses a poner de pie a la clase obrera argentina puede ser fundamental. Reorganicemos la prioridad de la provincia desde la defensa de un salario mínimo igual a la canasta familiar indexado con la inflación. Rechacemos el ajuste y vaciamiento de los servicios públicos. En este camino reagrupemos a los luchadores para garantizar una Asamblea de Trabajadores ocupados y desocupados y todos los sectores en lucha, y una gran columna independiente de los partidos del Estado en la movilización del 24 de Marzo.

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