30/11/2021

Kicillof apura el ajuste que exigen los bonistas

El Presupuesto 2022 llega a la Legislatura.

Este lunes el gobierno bonaerense presentó el Presupuesto provincial 2022 en un plenario de comisiones en la Legislatura, donde expuso el ministro de Hacienda Pablo López junto al pollo de Insaurralde, Federico Otermín. Después de la derrota electoral, el Frente de Todos apretó el acelerador con dos urgencias a la vista; por un lado la garantía de ajuste fiscal para el pago del “canje” de deuda externa a los bonistas; y por el otro la negociación con Juntos par su aprobación a partir de los cambios que traerá la nueva composición de las cámaras después del 10 de diciembre.

Presupuesto de ajuste

Pese al relato de la “derrota ganadora”, el peronismo acusó el golpe y le atribuye a Kicillof y la Cámpora la paternidad de la derrota electoral. El Frente de Todos perdió una banca en diputados, aunque finalmente conquistó otra banca en senadores lo que le permitirá imponer una mayoría en la cámara alta con el voto desempate de la vicegobernadora Magario. Todo esto siempre y cuando la puja entre Kicillof y el PJ (intendentes) no termine con la fractura de las bancadas del Frente de Todos.

Según se dijo, el Presupuesto bonaerense será de 3.140 billones de pesos, un 50% más que en el 2021, una actualización por inflación de la “ley de leyes” de ajuste que rigió durante todo este año y que fuera consensuada entre Kicillof y Juntos por el Cambio. El pedido de nuevo endeudamiento asciende a 94 mil millones de pesos, una continuidad de la “tierra arrasada” agravada por el Frente de Todos en el gobierno. El proyecto de Presupuesto 2022 repite la cantinela de las prioridades en seguridad, obras, salud y educación, en ese orden, pero a la fecha sólo se ampliaron las partidas para el ministerio que preside el ratificado jefe de la Bonaerense, Sergio Berni.

Una suerte de “reembolso” para que el represor de Guernica no abandone el barco gubernamental y no rompa con Kicillof y el kirchnerismo. Berni anunció que pondrá unos 40.000 nuevos policías en las calles entre el 2022 y 2023, como ultimátum al gobierno para que éste abra la billetera, y un guiño directo a la cúpulas de la maldita policía cuando recrudece el gatillo fàcil y la violencia policial impune. Berni en el gobierno de Kicillof es presentado como garantía de impunidad.

López no se refirió al Fondo de Inversión Municipal poniendo en crisis el acuerdo con la oposición derechista. Las “obras”, anunciadas una y otra vez en la larga campaña electoral, siguen en veremos y están condicionadas por la auditoría conjunta del FMI y los bonistas buitres (ajuste fiscal), pero también por los reclamos de los intendentes de Cambiemos y los barones del PJ para que se mantenga el porcentaje del Fondo de Inversión Municipal (FIM) -que se gira a las comunas- y que equivale a un 2,82 del presupuesto, unos 88.000 millones de pesos.

La confirmación del FIM en el próximo ejercicio, la rosca en torno a cómo se distribuirá el fondo de inversión municipal entre las intendencias, y el perdón a las deudas de los municipios con Provincia son algunos de los nudos del presupuesto, y de las exigencias de los jefes comunales para ponerle el gancho a la “ley de leyes” de consenso. López evadió hablar del FIM, señal de que viene con recorte.

Impuestazo

Con el Presupuesto 2022 entra en discusión la Ley Fiscal y el impuestazo inmobiliario del 37% a la vivienda única. López y Kicillof hablan de una “progresividad” nacional y popular en el pago del inmobiliario urbano porque éste vendría segmentado desde el 37% en adelante, creciendo hasta casi un 50% para las viviendas de mayor valuación. Una impostura para no imponer un gravamen al capital y a la especulación inmobiliaria responsables del encarecimiento del precio del suelo y los alquileres.

Lo que está claro es que el impuestazo va dirigido a hacer caja para pagar la deuda externa cuyos intereses por default deberían comenzar a pagarse desde principios del año que viene. También, que se ajustan las patentes para los vehículos con un “techo” del 70%. Otro golpazo a los trabajadores y a la clase media. No se conoce cómo se ajustará el devaluado inmobiliario rural después de las lisonjas de la Mesa de Enlace, y sus representantes bonaerenses, al ministro de agricultura nacional, el “albertista” Julián Domínguez.

En relación a la salud, Kicillof debería incrementar acentuadamente la vacunación, que està en el 65% con ambas dosis, cuando hay un rebrote de la pandemia en el Gran Buenos Aires y La Plata. El ajuste en salud tiene dos instancias inmediatas: los rechazos al cierre por decreto y a la baja de la paritaria de Cicop, que preanuncia un tratamiento similar para otras paritarias estatales, y las avanzadas del gobierno para transformar al Instituto Biológico Tomás Perón en una Sociedad de Estado que combine privatización y reforma laboral.

La ministra de Trabajo, Mara Malec, adelantó que no habrá “novedades” en materia de salarios, porque a partir de mediados de diciembre comenzaría la discusión paritaria y la “revisión” por inflación. Mientras tanto, Malec también confirmó el fin del pago de la doble indemnización y el fin de la prohibición de los despidos. Un llamado a l precarización laboral y a los despidos.

López anunció que continuará el plan de obras en las escuelas pero éste viene a paso de tortuga. Baradel traduce el estado de ánimo posderrota electoral del Frente de Todos, que llevó a Suteba a mandar a la congeladora su propuesta de un Congreso Educativo y las leyes de financiamiento y conectividad. La burocracia hizo su propio aporte a la “Ley de Leyes” cogestionando los contratos precarios sin licencias ni vacaciones en la docencia bonaerense.

Juntos cotiza en metálico y en especies su voto positivo al Presupuesto 2022 a sabiendas de que el ajuste es una condición del Fondo en provincia y Nación, y son los tenedores de título de deuda quienes impusieron el reconocimiento de la fraudulenta y usurera deuda externa, y la revalorización de bonos defaulteados. En la cocina del presupuesto entran las apetencias de Juntos por cargos en el aparato estatal, incluida la Defensoría del Pueblo.

Reelección

Un tema candente que forma parte de los contubernios tiene que ver con el interés de una mayoría de intendentes para que se habilite la reelección de quienes no podrían competir en el 2023 si se aplica la ley que limita las reelecciones indefinidas. Este conflicto ha vuelto a enfrentar a los barones del conurbano con Kicillof y Berni, y al gobernador con Alberto Fernández, quien pretende una “gran Paso” en el 2023 para licuar a Cristina Kirchner. Con la inclusión de Martín Insaurralde como jefe de Gabinete, los intendentes ponen la modificación de la ley sobre las reelecciones indefinidas como una cláusula gatillo para aprobar el presupuesto.

En la previa al tratamiento presupuestario vuelve a cobrar fuerza la ofensiva K para que se convierta al Astillero Río Santiago (ARS) en una Sociedad de Estado que cotice en bolsa. Una política de ajuste para que el gobernó se desentienda del financiamiento estatal del ARS. Los presupuestos anteriores ya mostraban un financiamiento recortado para el Astillero.

Respuesta obrera

La lucha contra el pacto con el FMI y los bonistas que presionan bajo su ala tomará mayor carnatura con el posicionamiento de los bloques patronales y el voto al Presupuesto provincial 2022. El gobernador “amigo” no ha podido restituir siquiera parcialmente el régimen previsional que Vidal le arrebató a los bancarios del Banco Provincia. En el Congreso de Suteba, la Multicolor denunció el canje de deuda de Kicillof y llamó a ganar la calle contra el FMI.

El rechazo al Presupuesto 2022 servirá para desnudar el cogobierno parlamentario entre el Frente de Todos y Juntos. La sumisión a los bonistas se manifiesta en la enorme pobreza e indigencia, el déficit de viviendas, en la caída a pique de los salarios y jubilaciones y la falta de un plan de obras públicas y urbanización de las barriadas, movilizando bajo convenio y en blanco a cientos de miles trabajadores de los programas de empleo. Impulsemos una gran marcha por un programa económico de los trabajadores, el no pago de la deuda externa y el rechazo al presupuesto de ajuste 2022.

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