El choque público del kirchnerismo con el gobierno nacional replicó fuerte en la provincia de Buenos Aires. Kicillof, Bianco, Larroque y La Cámpora salieron en defensa del subsecretario de Energía Basualdo, rechazando el pedido de renuncia exigido por el ministro de Economía, Martín Guzmán. En disputa está la “segunda ronda de aumento de las tarifas eléctricas”, resuelta por el tándem Alberto Fernández-Guzmán, que seguiría al 9% de incremento tarifario anunciado.

Este tarifazo del 15% -a completarse a mediados de año- deja en offside el aumento “final” de tarifas del 7% anunciado por Kicillof a partir de abril. Guzmán, empoderado en su momento por la propia Cristina Kirchner para cerrar el pacto colonial con los fondos buitres, actúa por cuenta del FMI que exige el descongelamiento tarifario como parte del “equilibrio fiscal” para garantizar el pago de la deuda usurera.

Crisis política en el Frente de Todos

Después de haber ensalzado las negociaciones entabladas por Guzmán como “soberanas”, al igual que lo hicieron las burocracias de ATE y Suteba, Axel Kicillof advierte ahora que no hay margen para nuevos aumentos de tarifas porque “explota todo”, y reclama la restitución del IFE, vetada por el Fondo Monetario Internacional.

La eliminación de IFE fue una pieza clave del Presupuesto Nacional 2021 que apoyaron albertistas, kirchneristas y massistas en el Congreso, y que antecedió al Presupuesto Provincial de ajuste votado por el peronismo y la oposición derechista de Juntos por el Cambio en la Legislatura. El trasfondo de esta crisis política es la situación explosiva en el Conurbano por la miseria social, la pobreza, desocupación y las consecuencias letales del fracaso de la política sanitaria, que tiene en la provincia de Buenos Aires un epicentro de contagios, muertes y saturación del sistema sanitario.

Algunas encuestas conocidas en estos días dan cuenta de una caída fuerte de la imagen de Kicillof que puede incidir en el resultado de las elecciones legislativas. Máximo y Cristina Kirchner operan para marcarle la cancha a Alberto Fernández, y para definir el escenario electoral con la lapicera en mano. La postergación de la elección es también funcional a esta política. Si bien Máximo Kirchner no asumió todavía formalmente como jefe del PJ provincial, hace rato que se lanzó abiertamente a conchabar intendentes peronistas, y ya tiró como globo de ensayo una eventual candidatura presidencial para el 2023.

Un cuadro social explosivo en la provincia

Con todo, el punto fuerte que incuba esta crisis sanitaria y social viene asociado a los “nuevos aires” que se viven en el movimiento obrero, como respuesta a la miseria salarial, a los despidos, la precarización laboral, falta de vacunas y al incumplimiento de los protocolos en los lugares de trabajo. A las manifestaciones masivas del Polo Obrero y el movimiento piquetero se suman distintos reclamos obreros, entre éstos los cortes de los choferes por vacunas y $100.000 de salario inicial. Los paros y acciones de los Sutebas Multicolor fueron decisivos para que Alberto Fernández y Kicillof decretasen la suspensión de clases en el Amba.

El pedido de “cierre total” de actividades que hizo público el ministro derechista Sergio Berni, a un año de la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, es una presión para que Kicillof habilite un mayor empoderamiento de la Bonaerense y una eventual militarización de las barriadas y las luchas obreras. Entre las “nuevas medidas” dispuestas por Alberto Fernández, y a las que adhirió el gobernador, hay una referencia explícita a la prohibición de manifestaciones populares en la pandemia. El blanco no es la lucha contra el Covid sino contra los reclamos populares que emergen con el hambre y la pandemia..

Adaptación a la derecha

La disputa con Martín Guzmán prolonga anteriores crisis en el gabinete nacional, y recientemente con el ministro de Educación, Nicolás Trotta. La pretensión de Kicillof de presentarse como un portavoz de la suspensión de las clases presenciales en el Amba, para frenar la circulación del virus, polarizando con el “rebelde” Larreta y ahora con la decisión de la Corte Suprema de avalar las clases presenciales, tiene un corto vuelo. Si bien son ahora más de 40 los distritos bonaerenses donde se dictarán las clases en forma virtual (lo que es el resultado de la lucha docente) una reciente disposición excluye de la virtualidad a la modalidad de la educación especial y autoriza clases presenciales en los distritos de fase 2 para estudiantes sin conectividad, sin equipos o que tengan que “fortalecer” sus trayectorias educativas.

Estamos frente a una adaptación de Kicillof a la “presencialidad administrada” de Trotta -que también invoca Larreta-  y al fallo reaccionario de la Corte Suprema, que en sus considerandos cuestiona la suspensión de la presencialidad en todo el país. La falta de recursos para la virtualidad es responsabilidad exclusiva de un gobierno que ante cada crisis vuelve a prometer equipos y conexión para los estudiantes después de un año entero sin entregarlos.

Nuevamente la deuda externa

Este agrietamiento de la coalición peronista parecería, superficialmente, haber relegado el impacto que tiene la nueva postergación de la oferta de canje de deuda de bonos bajo legislación extranjera (7.148 millones de dólares), por quinceava vez en un año y para el próximo 7 de mayo. Mientras se diferencia verbalmente de Guzmán por el aumento de las tarifas, y habla de “los enflaquecidos bolsillos en la pandemia”. Kicillof ya anunció otra mejora de la oferta a los “acreedores”.

El kirchnerismo provincial actúa bajo la premura de la judicialización del default en los tribunales de Nueva York. En marzo, el gobierno propuso eliminar toda quita de capital, elevar el valor de los cupones y disminuir la vida promedio de los nuevos bonos. En abril adelantó “nuevas mejoras en la propuesta”, ahora inició una ronda de consulta con el Comité de Acreedores para realizar otra oferta antes del 7 de mayo, que incluya el reclamo de los “acreedores” de un pago inmediato en concepto de capital e intereses, para retomar las negociaciones.

Los fondos que no hay para salarios, salud y educación van a los bonistas buitres. Las medidas “sociales” anunciadas por Kicillof son una gota en el océano y están condicionadas por el cierre del acuerdo de deuda externa y las garantías de ajuste fiscal en la provincia. Kicillof anunció una limitada ampliación del Servicio Alimentario Escolar, un incremento del 35% para el haber mínimo de jubilados, que no precisó, un incremento de fondos para la compra directa de alimentos y fondos para subsidios patronales. Las paritarias con estatales y docentes se cerraron todos a la baja y con la cogestión de las burocracias sindicales, especialmente kirchneristas, “enflaqueciendo” salarios y jubilaciones.

Las presiones del capital financiero llegan en el peor momento, por la segunda ola, y cuando los índices epidemiológicos colocan a las municipios más poblados del Conurbano, la región de La Plata, Berisso y Ensenada, y Bahía Blanca en “alarma” por la combinación de contagios y stress del sistema sanitario, con ocupación plena de camas. En la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud, Daniel Gollán, anunció una disminución en el crecimiento exponencial de los contagios desde el inicio de las “restricciones”, pero la realidad es que el Amba sigue con un promedio de más de 9.000 casos diarios, con el agravante de que la segunda ola está provocando una prolongación en el tiempo de internación de los pacientes (mayor saturación), y un promedio del 70% de fallecidos en las terapias.

Salida de los trabajadores

En la pandemia se manifiestan brutalmente todas las contradicciones del régimen social, desde la apropiación capitalista de las vacunas por los laboratorios, al aumento de los precios de los medicamentos, la especulación con la provisión de oxígeno, la falta de recursos y centralización del sistema de salud y los salarios de hambre y pluriempleo de los trabajadores de la salud. La provincia de Buenos Aires es un laboratorio de las luchas obreras y populares pero también de una experiencia política con el kirchnerismo, que los trabajadores deben superar. Un programa obrero y socialista integra la lucha por las reivindicaciones inmediatas de las masas, en defensa de la salud, salarios, trabajo y vivienda con la comprensión general de que hay que construir una alternativa política de los trabajadores.

El no pago de la deuda externa, la centralización del sistema de salud a cargo del Estado, el salario igual a la canasta familiar, un seguro al desocupado, la supresión de los tarifazos y la recuperación de los sindicatos y organizaciones obreras son eslabones fundamentales de esta cadena.

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