La bancarrota de la provincia de Buenos Aires se mide por la brutal paralización y sub ejecución de la obra pública, agravada por la prórroga del presupuesto de ajuste de Vidal. Las declaraciones del gobernador y del ministro de infraestructura Simone anunciando un próximo presupuesto bonaerense 2020 con eje en la obra pública son simplemente una estafa descarada cuando la provincia está al borde del default y Kicillof viene de pagar 270 millones de dólares cash a los bonistas.

Esta prórroga del presupuesto ajustador implica convalidar sin investigación el desfalco macrista. En el 2019 la ejecución para la obra pública no habría superado el 3% del presupuesto provincial y en cuatro años de gobierno, Vidal acumuló deudas por 10 millones de dólares en concepto de multas por desvío de préstamos para obras que no se hicieron o se retrasaron. Esto mismo vale para los “miles de millones de pesos en obras paradas o atrasadas” que denuncia el actual gobernador y que seguirán así, y para un “muerto” de certificados de obra sin pagar por 800 millones de pesos de la Dirección Provincial de Arquitectura. 

El ministro de infraestructura Simone abrió el paraguas sobre la quiebra provincial cuando declaró que la provincia no podrá afrontar los 50.000 millones de pesos en concepto de subsidios al transporte ni el costo de la llamada tarifa social de los servicios. En relación a los fondos para obras municipales, para Simone lo pertinente serían los contratos de la provincia cuestionando el Fondo de Infraestructura Municipal ( FIM) que hoy llega directamente de nación a las comunas . De avanzar en esta dirección y aguijoneado por la crisis financiera, Axel Kicillof marcha a un choque seguro con los intendentes y con el propio aparato del PJ.

En la lista de prioridades de Kicillof- Simone no está la obra pública sino el pago a bonistas de la deuda y cómo lidiar con pulpos eléctricos como Pagano que controlan y monopolizan las distribuidoras de energía, entre ellas EDELAP que sigue regenteando el servicio a pesar de ser la responsable de haber dejado sin luz a decenas de miles de usuarios platense el año pasado. Después del blooper de Santiago Cafiero sobre la liberación inminente de las tarifas Kicillof le puso ahora fecha al tarifazo para junio cuando “culmine la revisión en curso”. ¡Para los docentes no hay cláusula gatillo pero sí para los monopolios del servicio eléctrico que siguen en huelga de inversiones!

El párate de la obra pública es general y crucial. Especialmente en un área tan sensible como es la educación pública de la provincia de Buenos Aires sacudida dos años atrás por la tragedia que costó la vida de Sandra Rubén y que sacó a la luz el Cromagnon educativo con cientos de escuelas en derrumbe. Como denunciamos en Prensa Obrera el plan “Escuelas a la Obra” de Axel Kicillof se limita a arreglos menores y refacciones de emergencia para empezar las clases a como dé lugar mientras la gran mayoría de las escuelas bonaerenses están en un estado de abandono y no cumplen con los requisitos de seguridad que plantean los 12 puntos de CTERA. En su propia versión “solidaria” Kicillof convocó a las organizaciones sociales kirchneristas a suplir el trabajo que deberían llevar adelante los trabajadores de la Dirección de Escuelas; una variante extrema de precarización laboral sin desembolso de fondos del estado. Ni el gobernador Kicillof ni las burocracias sindicales nacionales y populares cooptadas han dicho una palabra sobre la reapertura de la Unidad Ejecutora Provincial que fue hasta el cierre de Vidal la encargada de la planificación y ejecución de los proyectos de infraestructura escolar. 

Un caso extremo es la paralización de la obra pública en La Plata que llevó a la movilización de la UOCRA por trabajo y que fue tapa de los diarios de la capital provincial. En el tendal del frenazo de obras están la bajada de City Bell congelada hasta nuevo aviso, la suspensión del paso a nivel cercano a la salida de la ciudad, la ampliación del policlínico y trabajos en el puerto. La devaluación, inflación, los sobreprecios que salpican al intendente macrista Garro y el ajuste de fondos provinciales y nacionales por el apriete de los bonistas y el FMI tienen paradas las obras desde diciembre.

El deterioro de la obra pública pone al rojo vivo la oposición irreconciliable entre los intereses populares y el FMI. Buenos Aires es una provincia con enormes carencias de obras hidráulicas, de saneamiento, con falta de servicios, agua y provisión de luz y del financiamiento necesario para la construcción y mantenimiento de las escuelas. Con la soga al cuello el gobierno de Kicillof está gestionando un financiamiento del Banco Mundial (¡más deuda!) con resultado más que incierto por la amenaza de cesación de pagos (en los próximos cuatro años vencen 9 mil millones de dólares de los 11.000 que se la deuda de la provincia). Como sucede con los salarios y las jubilaciones, la obra pública está sometida al pacto con los usureros y el FMI. Un plan de obras públicas integral exige cortar la sangría de la deuda externa y nacionalizar los servicios esenciales bajo el control de los trabajadores.