Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, anunció luego de una reunión con la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, que redoblará la presencia de la Gendarmería en el Conurbano bonaerense. La misma se desarrolló este miércoles 22 con la presencia, entre otros funcionarios, del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, que protagonizó en los últimos días más episodios de sus cortocircuitos con la susodicha en un fuego cruzado de declaraciones públicas. Sin embargo, pese a las internas que brotan de la crisis política en la coalición gobernante, eso no ha sido motivo de retén para coordinar acciones en materia de política represiva.

En esta fase de la cuarentena, y para enfrentar los problemas de seguridad, avanzamos en la planificación de acciones frente a la pandemia de Covid-19.
Junto con @Kicillofok y @SergioBerniArg diagramamos operativos de control y el redespliegue de las fuerzas federales en el GBA. pic.twitter.com/EBYptY0C9i

— Sabina Frederic (@SabinaFrederic) July 22, 2020

A partir de este viernes 24, en tempranas horas de la mañana, se comenzaron a instalar operativos en Avellaneda, Quilmes, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown, La Matanza, Moreno y Florencio Varela. Montados en los hechos delictivos más recientes y con una fuerte campaña fascistizante, con Berni respaldando los casos de asesinatos alegados como legítima defensa, tanto el gobierno nacional como el bonaerense se aprestan a profundizar, aún más, el reforzamiento del aparato represivo y la militarización de las barriadas obreras.

A partir de mañana va haber un despliegue más grande de las fuerzas de seguridad en el conurbano. Forma parte de un trabajo importante y coordinado entre la provincia de Buenos Aires y la Nación.

— Sergio Berni (@SergioBerniArg) July 23, 2020

Esto no tiene otra razón de ser que los inexorables saltos que pegará la crisis social. Sergio Berni lo advierte, incluso, para justificarse en su discurso de que tras la cuarentena “la criminalidad irá en aumento”. Aunque la presión patronal ha llevado al gobierno a levantar la cuarentena en el peor momento de la pandemia, eso no implica que las contradicciones de la crisis económica hayan sido resueltas. Los despidos siguen en aumento, en concordancia a las estimaciones de la OIT que vaticinan un tendal cercano al millón de puestos a perderse en el país. Las rebajas salariales y las suspensiones se consuman frenéticamente. El IFE se ha revelado a todas luces insuficiente, mientras cada vez mayores capas de la población trabajadora se sumergen bajo la línea de pobreza y sus ingresos se devalúan permanentemente. Los jubilados, que han sufrido el congelamiento de la movilidad jubilatoria en enero, y su prorrogación por decreto, han sido desfavorecidos por un aumento miserable en junio, del orden del 6%. La militarización de las barriadas es el rumbo que los gobiernos han emprendido como respuesta a los crecientes reclamos populares que este panorama conjuga y es un método de disciplinamiento y control ante un eventual agravamiento de la situación; pilar indispensable para continuar descargando el peso de la crisis sobre la espalda de los trabajadores.

Es importante destacar, a su vez, que mientras Berni —y tras su figura abiertamente reaccionaria el “progresista” Kicillof y su gabinete- se lanza a esta campaña “contra la delincuencia”, uno de los casos en que hicieron hincapié, el de Jorge Adolfo Ríos, reveló el verdadero entramado detrás de la esfera del crimen. El ladrón al que el jubilado remató en el suelo era un barrabrava de Quilmes: grupos por excelencia del crimen organizado ligado al poder político, las fuerzas represivas y al aparato de un Estado que lo organiza y regentea.

Hasta el propio Kicillof reconoció en la reunión con Frederic que entre enero y mayo del presente año la tasa delictiva se redujo en un 26% en comparación con 2019. Este reforzamiento del Estado policial se sustentaría sobre la estimación de que de mayo en adelante los números volvieron al mismo punto (Télam 22/7).

El envío de estos gendarmes a la provincia de Buenos Aires lejos está de solucionar la cuestión de los delitos, cuyos fundamentos se encuentran en el entrelazamientos de intereses y negocios del crimen organizado, con las “fuerzas de seguridad”entre una de sus piezas fundamentales.

A este reforzamiento del descompuesto aparato represivo, que dirige el delito y el manejo de las cajas negras, le oponemos como solución el inmediato desmantelamiento de la policía bonaerense así como de las fuerzas policiales en su conjunto y su reemplazo por una fuerza reclutada y bajo control de las organizaciones de Derechos Humanos. Urge más que nunca el Fuera Berni y la convocatoria a un gran plenario nacional contra la represión, contra la tentativa de militarización de todos los gobiernos para seguir pasando el ajuste.

 

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