Llegado el “Día D” no hubo acuerdo de deuda en la provincia de Buenos Aires pese a que el 14 de agosto era la fecha límite.

El gobernador Axel Kicillof   anunció que “seguirá negociando” con los acreedores sin más precisiones.  Siendo que el gobierno pretende incluir los bonos impagos en la “reestructuración” por 7.148 millones de dólares (bonistas con jurisdicción extranjera) , el cierre fallido de deuda conlleva la amenaza de litigio en los tribunales de Nueva York , y deja a la provincia más cerca de la cesación de pagos.

La hipoteca total de la deuda externa bonaerense alcanza los 12.000 millones de dólares con una fuerte concentración de los pagos durante este mandato del Frente de Todos, unos 1.300 millones de dólares anuales entre el 2020 y el 2023. Días atrás, el ministro de Hacienda y Finanzas de Kicillof se apresuró a saludar el acuerdo del gobierno nacional con los Black Rock declarando que éste iba a impactar positivamente en la provincia de Buenos Aires. En verdad está ocurriendo todo lo contrario. Los fondos buitres – muchos de éstos también acreedores de la nación- exigen una mejora de la oferta, tanto en los mayores intereses a cobrar del orden de los 10 puntos y una reducción en los plazos de repago a tono con el acuerdo nacional.

Lejos de “despejar el horizonte”, el pacto colonial se convirtió en un nuevo instrumento de presión para que el gobierno provincial haga una “oferta superadora”.  La propuesta del tándem Kicillof- López- los mismos que negociaron el reconocimiento y pago de deuda al Club de París bajo el gobierno de Cristina- quedó “desactualizada” después de la firma del acuerdo de Martín Guzmán con los fondos buitres, a pesar de que convalida casi el 100% de la fraudulenta deuda externa bonaerense. Los bonistas exigen que el piso de los intereses sea del 54% .

Después del entusiasmo inicial, el ministro López salió a enfriar los ánimos declarando que “la provincia de Buenos Aires no está en condiciones de replicar el acuerdo nacional”. Al pegar la negociación bonaerense con la de nación, Kicillof fue cerrando la cuerda sobre su propio cuello. La presión de los buitres confirma que los “acreedores” están dispuestos a exprimir al máximo al gobierno exigiéndole más garantías de ajuste para asegurarse el cobro de la deuda usurera.

Los tenedores de deuda juegan con la desesperación de los “nacionales y populares” que recurrieron de apuro a un endeudamiento extra en la Legislatura bonaerense por 500 millones de dólares y 28.000 millones de pesos.  El derrumbe de la recaudación provincial dejó a la provincia al borde la bancarrota. Juntos por el Cambio que votó con el Frente de Todos la nueva deuda facturó caro su apoyo forzando a múltiples concesiones del gobierno.

La crisis de deuda agrava la situación financiera de la provincia de Buenos Aires, hoy epicentro de la crisis sanitaria y social del país.  Son los aportes del gobierno nacional y las limitadas partidas giradas a los municipios lo que permitió sostener el pago de los sueldos y cubrir cuestiones básicas como el deficiente servicio alimentario escolar.

El congelamiento de las paritarias estatales y docentes, la ofensiva sobre el Instituto de Previsión Social para golpear a las jubilaciones provinciales y la movilidad atada a los salarios, la desinversión educativa y la falta de cobertura de los cargos docentes, son parte de esta política ajustadora que raspa la olla para pagar la deuda. Denunciamos como puro palabrerío encubridor la supuesta asignación de 200 millones de dólares del “nuevo endeudamiento” a combatir la pandemia cuando el sistema sanitario está en los límites del colapso, tanto por el insuficiente número de camas de terapia intensiva como por la falta de personal médico. No habrá plan de obras públicas ni de construcción y refacción de escuelas con un presupuesto al servicio de los parásitos de la deuda externa.

No hay deuda “sostenible” sino un “pasamanos” que termina en el bolsillo de los acreedores. El Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad denuncia este saqueo que apoyan las burocracias sindicales integradas al gobierno y su cohorte de “legisladores sindicales”. La condición y punto de partida para una salida del pueblo trabajador  exige la investigación y no pago de la deuda externa bonaerense, el desconocimiento de esta hipoteca usuraria y un impuesto al capital para financiar las obras, urbanización completa de los barrios, la construcción de escuelas y jardines, y un  plan económico bajo control de los trabajadores.