El gobierno de Kicillof concretó una tercera suspensión de la resolución sobre fumigaciones con agroquímicos en lo que va del mandato; que sería la cuarta si se cuenta también la que llevó adelante la exgobernadora María Eugenia Vidal.

La resolución macrista, la 426/18, garantizaba la impunidad de los envenenadores y depredadores del ambiente, ampliando el área de fumigación. “Buenas Prácticas Agrícolas” fue llamada esta lavada de la cara a los Monsanto y Syngenta, presentada como un ejemplo de modernización de la explotación agrícola. El autor de esta normativa fue el entonces ministro de Agricultura bonaerense, Leonardo Sarquís, un ex CEO de Monsanto.

Las prácticas contaminantes del medio ambiente que faculta la resolución fueron denunciadas y enfrentadas por las organizaciones ambientalistas y el movimiento de pueblos fumigados, aportando amplia documentación científica nacional e internacional sobre sus consecuencias cancerígenas y lesivas para la vida. El Frente de Izquierda fue parte de esta pelea y la banca del Partido Obrero en la Legislatura bonaerense presentó proyectos en este sentido, con el diputado Guillermo Kane.

Este cuestionamiento, que incluso cuenta con fallos favorables de largas peleas en la Justicia, forzó la suspensión de las fumigaciones en áreas donde hay escuelas. Es que la resolución 426 habilitaba la fumigación de terrenos ocupados por establecimientos escolares “fuera del horario de clases”, una barbaridad que dio lugar a un masivo rechazo de la docencia y de las comunidades.

Suspensión tramposa

Con la llegada de Kicillof al gobierno de la provincia de Buenos Aires se volvió a suspender lo suspendido, pero sin cumplir con la promesa de derogación de la resolución macrista, ni mucho menos con el reclamo de prohibir la aplicación de los agroquímicos y fumigaciones en áreas urbanas y periurbanas, en zonas próximas a cursos de agua o escuelas rurales, entre otros.

La “suspensión” es de carácter transitoria, se renueva cada seis meses y está sujeta en todo momento a las negociaciones y presiones del los pulpos agrarios y agroquímicos que mueven un negocio millonario. Con la cortina de humo de la suspensión de la resolución, el Frente de Todos encubre la ausencia de “regulación” sobre el uso de estos agroquímicos.

El Observatorio para el Tratamiento de Agroquímicos (OTA), creado en el 2020 por el gobierno de Kicillof es más una fachada que otra cosa. Técnicos de la UNLP denunciaron que sus observaciones y conclusiones negativas sobre los agrotóxicos fueron desestimadas. El relato invocado por el Frente de Todos para seguir suspendiendo y no suprimiendo de cuajo a la 426 sería la complejidad que exigen los estudios de impacto ambiental, social y sanitario; una traba al servicio de Monsanto. Al día de hoy no se conocen las conclusiones de estos estudios ni los aportes al debate de las organizaciones ambientalistas y de expertos de la Universidad de La Plata que elaboraron la agroecología como alternativa.

Desde el Partido Obrero denunciamos la política continuista de Kicillof y del Frente de Todos, que salva los negocios de los contaminadores. Kicillof es un representante de la clase capitalista y sus negocios, y en ese sentido enemigo de quienes combaten la depredación ambiental y defiende la calidad de vida del pueblo bonaerense.

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