Los pactos entre Kicillof y la oposición derechista de Juntos por el Cambio son el modus vivendi del cogobierno legislativo en la provincia de Buenos Aires. El asesor Carlos Bianco, mano derecha del gobernador, defendió estos enjuagues con el PRO y la UCR, y hasta les asignó forzadamente un contenido “antimacrista”, para disimular el contubernio.

Después de la votación conjunta del Presupuesto provincial 2022 (ajuste) por parte de oficialistas y opositores, ahora le tocó el turno a la designación del Defensor del Pueblo, la presidencia del Tribunal de Cuentas y a los directores vacantes del Banco Provincia (Bapro).

La foto del “nuevo directorio”, que festeja Bianco, incluye a kirchneristas, camporistas, massistas, larretistas, pejotistas , del PRO y radicales de la provincia de Buenos Aires. Los nombramientos del Directorio del Banco Provincia son un bocado apetecido por todos los partidos burgueses para direccionar los créditos a los distintos grupos capitalistas, y una caja negra de la gobernación de Axel Kicillof que tiene que pagar el “canje” ruinoso de la deuda externa provincial

El pacto Kicillof-Juntos por el Cambio parió el “nuevo directorio” con acuerdo del Senado Bonaerense. Estos nombramientos son también un pacto de impunidad que compromete al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio. Con los cargos completados, el presidente seguirá siendo el oficialista Juan Cuattromo del elenco kicillofista, y serán parte del directorio Daniel Barrera, del peronismo matancero; Laura González, ligada a Mayra Mendoza, la cuestionada intendenta de Quilmes imputada por el desvío de más de $500 millones del municipio a favor de las “cooperativas” que controla La Cámpora; Humberto Vivaldo, actual director de Provincia Seguros y de la Caja de Jubilaciones; el “Patito” Sebastián Galmarini, en nombre de Massa y el Frente Renovador; el kirchnerista Alejandro Formento, actual presidente de Provincia Microcréditos y de Red Link SA; Bruno Screnci Silva, escudero de Santilli y ex jefe de gobierno durante el primer mandato de Larreta; Santiago Nardelli, referenciado en el intendente amarillo y del PRO de Bahía Blanca (Gay); Diego Rodrigo, radical ligado al exvicegobernador de Vidal; Daniel Salvador y Carlos Fernández de la UCR bonaerense y ex jefe de gabinete del jefe comunal de Tandil.

Un personal político que reúne a todos los flancos de la “grieta”. El contubernio y las negociaciones que le permitieron a Juntos por el Cambio quedarse con cuatro de los nueve integrantes del directorio del Bapro siguen trabando hasta el presente la derogación del régimen previsional modificado a la baja por María Eugenia Vidal en el 2017.

La prometida “devolución” de la movilidad jubilatoria por parte de Kicillof y Palazzo, de La Bancaria, ha tenido varias idas y vueltas y no termina de avanzar en la Legislatura. El texto propuesto por el peronismo, que deben tratar las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación y Presupuesto, establece el haber de los jubilados del Banco Provincia en un 70-75% del salario, calculado sobre la base del mejor cargo durante cinco años. Este porcentaje está por debajo del 70 al 82% que prometía Kicillof; también tramposo, porque el gobernador tomaba como base la fórmula de Vidal (promedio de las últimas 120 remuneraciones).

Si bien ahora se toma en el proyecto los tres mejores años, el ajuste de la Caja del Banco Provincia lo pagan los trabajadores activos del Bapro, que deberán incrementar sus aportes del 14 al 15%, y los jubilados con una suba de aportes del 10,8 al 12%. En el entrevero, los legisladores del PRO –vidalistas, macristas y larretistas- cerraron filas en su oposición a derogar la ley sancionada en el 2017 bajo el gobierno de María Eugenia Vidal, señal de que la “nueva reforma” si avanza será a costa de otros cedazos y sujeta a mayores cambios en perjuicio de la movilidad de los trabajadores del Bapro.

En el proyecto presentado por el peronismo se fija también un incremento del aporte patronal que sube del 21 al 29%, pero abriendo el paraguas se vuelve a la carga con el “déficit estructural” de la Caja, mientras que el PRO agita que los aportes y contribuciones previsionales sólo servirán para cubrir la mitad del gasto en jubilaciones y pensiones. El déficit es también la bandera del ajuste en el Instituto de Previsión de la provincia (IPS), organismo que paga las jubilaciones de los trabajadores del Estado y la docencia bonaerense.

A pesar del larguísimo tiempo transcurrido sin que se derogue la antijubilatoria ley de Vidal, la burocracia sindical sigue atada a los tiempos del “gobernador amigo” y no mueve un dedo para imponer la devolución íntegra de la movilidad y los derechos cercenados.

El pacto que dio lugar al nombramiento del “nuevo directorio” del Banco Provincia y la continuidad de la reforma a la baja de la Caja del Bapro ponen a la orden del día cuestiones que son de interés de todo el pueblo trabajador: la defensa de las jubilaciones, que no son otra cosa que el salario diferido de la clase trabajadora, la elección por voto popular con derecho de revocatoria de los integrantes del Directorio del Banco Provincia para que rindan cuenta ante el pueblo trabajador, y la apertura de los libros y cuentas del Bapro en el marco de un plan económico integral al servicio de los trabajadores y bajo su control.

¡Devolución inmediata de la movilidad jubilatoria y de todos los derechos a los trabajadores del Banco Provincia!