En sus dos horas de intervención en la apertura de sesiones de la Legislatura bonaerense, Axel Kicillof fustigó a la exgobernadora María Eugenia Vidal por dejar a la provincia como “tierra arrasada” y clamó por decirle “nunca más el neoliberalismo”.  Por el tono y el contenido, Kicillof se diferenció del discurso presidencial de Alberto Fernández en el Congreso (y hasta se permitió una crítica al ubicuo Daniel Scioli), pero ambos van en la misma dirección de priorizar  el pago de la deuda usurera, ilegitima y fraudulenta bajo la vigilancia estricta del FMI.

Tanto en el discurso como en un reportaje televisivo posterior, Kicillof negó que la provincia esté en default y puso como ejemplo el pago de los 277 millones de dólares al contado a los bonistas. Como denunciamos en Prensa Obrera, los “fondos propios” que invocó el gobernador para pagar salieron del “reperfilamiento” del pago de la actualización salarial docente, del  decretazo de hambre contra  los estatales,  del ajuste educativo  y de la parálisis de la obra pública cuando el estado de las escuelas y  hospitales es calamitoso.

Ahora, el Gobernador anunció nuevas convocatorias a los bonistas para negociar una  reestructuración de la deuda provincial, que vence en un 80% en estos cuatro años y está nominada mayormente en dólares. La aclaración de que esta negociación está atada a la del gobierno nacional significa que pondrá a la provincia también bajo supervisión del FMI (incluida la aplicación del artículo 4 de su estatuto). En el Congreso y en la Legislatura la prioridad establecida fue cumplir con los acreedores, y para justificarlo han acuñado la teoría reaccionaria que el pueblo votó pagar la deuda porque la contrajo un “gobierno constitucional”.

Prorrogan el Presupuesto de Vidal

De conjunto, el discurso de Kicillof fue una cortina de humo para disimular el ajuste que empezó desde el mismo día de su asunción. Las diatribas contra el “neoliberalismo” tienen como función encubrir que en la provincia  (donde gobierna el delfín de Cristina Kirchner) se prorrogó el presupuesto ajustador de Vidal -en principio hasta abril o mayo. De esta forma se avala la “deuda flotante” y los incumplimientos de pagos que dejaron una enorme carga financiera al Estado provincial, así como el conjunto del endeudamiento que lo deja a las puertas de una cesación de pagos. Con esta prórroga también se encubre la subejecución de partidas,  los sobreprecios y negociados con las contratistas, y por efecto de la inflación abarata los gastos del Estado en materia de salud, educación, obras y salarios.

A pesar de criticar reiteradamente en su discurso lo gravoso del endeudamiento provincial, Kicillof no hizo una sola referencia a la posibilidad de proceder a una investigación de la deuda. Un relevamiento de este tipo debería remontarse a la gestión de Scioli y más allá, como evidencia el hecho de que los 277 millones de dólares que pagó el gobierno a los bonistas en febrero remiten a una deuda contraída por el ahora embajador en Brasil.

Además de un acto de encubrimiento, el discurso también es una advertencia y una exigencia  a las burocracias sindicales. Agita que recibió “tierra arrasada” luego del mandato de Vidal para reclamar moderación y pasividad a los sindicatos, y justificar que no dará respuesta a los derechos y reivindicaciones que del pueblo trabajador. Es un chantaje y una extorsión, con el objetivo de atender el pago de la deuda.

Las obras, los tarifazos y el pago de la deuda

En lo que hace a la obra pública y las necesidades urgentes de los trabajadores bonaerenses, el Gobernador describió el cuadro calamitoso  de “ajuste brutal de la inversión en obras” pero se cuidó mucho de hacer algún anuncio concreto. Sí dijo que buscarán recuperar  el financiamiento internacional para reforzar la “infraestructura básica”, es decir que agravará el endeudamiento. La posibilidad de encarar un plan de obra pública y de vivienda choca con la hipoteca bonaerense, por lo que se plantea la necesidad de una amplia organización y movilización de trabajadores y vecinos por para pelear por urbanización, cloacas, saneamiento y las viviendas necesarias, con un plan bajo control popular.

El “realismo” de Kicillof, que se jacta de no hacer promesas, es todo un  programa de ajuste que anticipa el contenido del próximo presupuesto provincial -en el momento en que decidan tratarlo.

También destacó el congelamiento de las tarifas de los servicios, pero se cuidó bien de decir que a mitad de año se actualizará el cuadro tarifario y será un nuevo golpe a los bolsillos del pueblo trabajador. Una medida elemental contra el saqueo de los pulpos energéticos y de servicios implicaría abrir los libros y disponer el cese de contratos con  empresas como Edelap, que han llevado adelante una sistemática huelga de inversiones para chantajear con los tarifazos.

Los medios destacaron del discurso el reclamo de “revisar la coparticipación de impuestos para terminar con la inequidad que padece la provincia”. En el pasado reciente las pretensiones de Vidal de un nuevo Fondo del Conurbano se estrellaron con el acuerdo de Macri con el FMI. Ahora, en las vísperas de un nuevo pacto con el FMI, una mayor  transferencia de recursos nacionales a la provincia suena inviable. La “sustentabilidad” de la deuda votada en el Congreso no sale gratis y exige un “consenso” ajustador con los gobernadores, sean de Cambiemos o del PJ.  Los fondos que necesita la provincia  para financiar viviendas, obras y servicios exigen gravar a los grandes capitalistas, terratenientes y pooles sojeros con impuestos extraordinarios, terminar con las privatizadas de servicios colocando estas empresas bajo control de los trabajadores, y rechazar la deuda usuraria.

Pobreza y desocupación

Los datos sobre pobreza y desocupación pintan de cuerpo entero el default social. El gobernador dijo en su discurso que el 60% de los desempleados del país viven en la provincia de Buenos Aires, que también concentra el 55%  de los pobres. Sin embargo, no anunció una sola medida concreta para terminar con la desocupación, porque ello requeriría proceder al reparto de las horas de trabajo y la reapertura de fábricas cerradas -como Kimberley Clark- bajo financiamiento del Estado. Es un programa que solo podemos defender los trabajadores, y que reclama una movilización de todos los sindicatos.

Por el contrario, el ministro de Seguridad, el derechista Sergio Berni, viene de reprimir brutalmente a los trabajadores de Cresta Roja que piden la reincorporación a sus puestos de trabajo. Los medios destacaron que Kicillof evitó hablar del tema “seguridad”, pero esta omisión sirve como carta blanca al accionar de Berni, que reivindicó recientemente la doctrina Chocobar. El gobernador cristinista se cura en salud, en un cuadro que anticipa posibles choques con un fuerte movimiento piquetero que prepara nuevas acciones de lucha por el trabajo genuino, y de malestar en la base de los sindicatos.

Tampoco hizo mención alguna al Astillero Río Santiago, símbolo si los hay de la “tierra arrasada” por Vidal, y de la lucha que la enfrentó. El “olvido” de Kicillof dice mucho de los supuestos planes productivos que promete la nueva intervención de Ariel Basteiro y que a la fecha siguen sin conocerse. Reclamamos una partida urgente a cargo del Estado provincial para asegurar los insumos e inversiones necesarias para poner en marcha al ARS, bajo control de sus trabajadores. La prórroga del presupuesto de Vidal desfinancia toda posible reactivación.

El énfasis puesto en resaltar que el 55% de la población pobre habita en territorio bonaerense busca disimular que las “paritarias” de Kicillof dejan a la inmensa mayoría de docentes y de estatales por debajo de la canasta de pobreza. Por eso ha generado amplios rechazos. Otro capítulo que se avecina es la defensa del régimen de jubilación del IPS contra todo intento de armonización  a la baja con el Anses, que implicaría la liquidación de la movilidad atada a los incrementos salariales. Un programa contra la pobreza es inseparable del aumento de salarios y jubilaciones acorde a la canasta familiar, con cláusula gatillo y paritarias libres, y de un programa integral para terminar con la desocupación y el trabajo precario y en negro.