En plena “cuarentena estricta” el gobierno bonaerense continúa ajustando a los trabajadores y subsidiando al capital, mientras exceptúa a cientos de empresas no esenciales del aislamiento obligatorio. Entre Carlos Bianco, jefe de gabinete de Kicillof, y la ministra de Trabajo Mara Malec se encargaron de pincharle el globo a las burocracias de ATE, UPCN y Salud Pública que habían anunciado con bombos y platillos la reanudación de la “discusión paritaria”.

Según el vocero del gobernador y la “compañera ministra” Malec (quien proviene de una fundación de ATE) la provincia de Buenos Aires no estaría en condiciones de pagar un incremento salarial a los empleados públicos por la “delicada situación financiera que atraviesa”. Con el antecedente inmediato del pago fraccionado de los aguinaldos, la ministra de Trabajo adelantó que “no se podrían afrontar por completo todos los compromisos”. Está en peligro el cobro de los salarios y la amenaza de nuevos desdoblamientos en los cobros.

No hay “reanudación de las paritarias” sino extorsión por parte de un gobierno “nacional y popular” que rescata a los capitalistas a costa del quebrado Estado provincial. Recordemos que los estatales bonaerenses recibieron como único “aumento” en todo el 2020 solo 4.000 pesos en dos cuotas, cuando los propios sindicatos denuncian una pérdida de 30 puntos el año pasado con respecto a la inflación. Este baldazo de agua fría empapó también a las burocracias de Roberto Baradel y el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que promocionaron a los cuatro vientos la “promesa” de la directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila, de convocar a las comisiones técnicas paritarias para discutir salario y condiciones laborales. Este ataque es parte de la política oficial pactada entre Alberto Fernández y todos los gobernadores para borrar del mapa las cláusulas gatillo y para subordinar los aumentos de salarios a la renegociación de la deuda, como exigen el capital financiero y el FMI.

Los recursos que se niegan a los trabajadores se destinan a los establecimientos educativos de la enseñanza privada, que incumplen con sus trabajadores docentes a pesar de estar subsidiados por el Estado. En un comunicado oficial, Kicillof dio cuenta de una reunión conjunta con Malec, Vila y representantes de instituciones privadas y del clero católico y evangélico, donde se anunció un aporte extraordinario por 340 millones de pesos. Este nuevo subsidio, ahora para las patronales educativas y las iglesias, se da a pocos días de que Kicillof dispusiera créditos blandos y a tasa cero para los empresarios de la salud por 410 millones de pesos que saldrán del Ioma, desfinanciando así la obra social. En la crisis, la orientación social dominante del kirchnerismo es el rescate del capital para que la crisis la paguemos los trabajadores

En la misma línea, el eslabón más débil del ajuste son los municipios. El titular de la Federación de Sindicatos Municipales, que agrupa a 200.000 municipales de toda la provincia, denunció que son los intendentes los que no quieren que se convoque a paritarias, cuando hay salarios congelados desde el 2019. A esto se suma la falta de elementos de protección cuando aumentan los contagios por coronavirus en los lugares de trabajo. El secretario general de Fesimubo, Rubén García, cuestionó a las intendencias que usan la emergencia para golpear los salarios y puso como ejemplos al jefe comunal macrista de Olavarría y al oficialista intendente de Tigre, una muestra de que cuando se trata de ajustar a los trabajadores no hay “grieta”. Lo que no dice la conducción del Fesimubo es que los intendentes avanzan a caballo del ataque provincial contra los salarios y las condiciones de trabajo. La lucha contra los intendentes ajustadores es inseparable de la denuncia del gobierno de Kicillof.

La raíz de esta quiebra, que afecta y reduce las partidas de la coparticipación destinadas a los municipios, hay que buscarla en el pago de una deuda externa fraudulenta que hipoteca a la provincia de Buenos Aires. Esta semana, el gobernador Kicillof le puso el sello al proyecto de pedido de endeudamiento por 500 millones de dólares y 28.000 millones de pesos cuando aún no ha podido cerrar la reestructuración de la deuda provincial por 7.148 millones de dólares. La oposición derechista de Juntos por el Cambio salió a apoyar la “nueva deuda” mientras presiona por incidir en el reparto de los fondos y el lote que le toque a los intendentes macristas y radicales.

Después de criticar a la exgobernadora Vidal por el endeudamiento en moneda extranjera, Kicillof recorre el mismo camino, manteniendo a la provincia a merced de nuevas devaluaciones. El proyecto enviado a la Legislatura es una confesión de la bancarrota provincial y del fracaso de la política fiscal del kichnerismo bonaerense. Kicillof y su ministro de Economía se quejaron de que a los ricos “nada les costaba hacer un aporte para no salir a pedir 500 millones de dólares”, una señal de impotencia y de que quieren hacerle pagar el rescate de la deuda a los trabajadores. El malogrado “impuesto a la riqueza bonaerense” duró menos que un suspiro y se hundió definitivamente en una provincia donde 211 familias de la oligarquía son dueñas de once millones de hectáreas de las mejores tierras.

Los recules de Kicillof ante los bonistas y el mejoramiento de la oferta de pago de deuda, el nuevo endeudamiento bajo garantías de mayores ajustes al salario y golpes a las jubilaciones y a la obra social son la evidencia de un nacionalismo burgués conservador y de “vacas flacas”, que se sostiene principalmente por la colaboración entreguista de las burocracias sindicales y la alianza de Cristina-Kicillof con el cuartelero Sergio Berni, hoy jefe de la Bonaerense. Como quedó demostrado con el raid mediático de Berni, la expresidenta se sirve del derechista ministro de Seguridad de la provincia para tirar contra la línea de flotación de Alberto Fernández.

Una programa de los trabajadores exige el no pago de la deuda externa nacional y provincial, y un fondo de emergencia provincial basado en un impuesto extraordinario al gran capital y la oligarquía para financiar la lucha contra la pandemia, los aumentos de salarios y jubilaciones y un plan de urbanización integral, de salud y habitacional. Que la crisis la paguen los capitalistas.