Se cumplió un año desde la asunción de Axel Kicillof, el delfín de Cristina, como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Kicillof debutó aplicando las leyes de emergencia y la “norma impositiva” -votadas en común por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Estas leyes habilitan la rescisión de contratos del sector público, reasignar partidas del presupuesto y la renegociación de las deudas con los tenedores de bonos y proveedores, así como las deudas impositivas. La “emergencia” fue el complemento del prorrogado presupuesto 2019 de Vidal, calificado por Kicillof como “tierra arrasada”, en la campaña electoral.

En su momento, el gobernador peronista anunció que la fecha límite para enviar la ley del Presupuesto 2020 sería el 31 de marzo. Nada de esto ocurrió. Cerrando el año, Axel Kicillof sigue gobernando con las facultades extraordinarias de la “emergencia” anterior a la pandemia y sin haber podido sancionar la ley presupuestaria en las sesiones ordinarias de la Legislatura. La razón de fondo que llevó a Kicillof a prorrogar el presupuesto de Vidal fue la intención previa de cerrar un acuerdo con los bonistas de la usurera deuda externa bonaerense, como continuidad de las políticas de Estado.

Cuando se apruebe  el Presupuesto 2021, en contubernio con Juntos por el Cambio y con las exigencias de los acreedores buitres, éste seguirá condicionado por las reasignaciones de fondos para subsidiar al capital y pagar la deuda que autoriza la emergencia por otro año más..

Rendición ante los bonistas

Entre enero y febrero el gobierno tuvo la “primera pulseada” con los bonistas. Kicillof y su ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, habían dicho que no iban a ceder pagando un bono de deuda por 250 millones de dólares, que la provincia no podía pagar. Pura espuma. La “resistencia con aguante” con la que alardeaba murió sin pena ni gloria y concluyó con una rendición incondicional del gobierno ante el Fondo Fidelity. La panquequeada de Kicillof no resistió el relato de los “fondos propios”, porque no hay tales recursos en una la provincia de Buenos Aires que está quebrada e hipotecada.

Para disimular el arrugue Kicillof anunció en el verano que iba a presentar un plan de reestructuración “sustentable” por 7.148 millones de los 12.000 millones de dólares que hacen a la totalidad de la deuda externa bonaerense. Trascartó, reconoció integralmente la deuda a pesar de ser fraudulenta y de estar nominada en un 85% en moneda extranjera a merced de la devaluación. Los fracasos del gobierno de Kicillof se miden por las diez veces sucesivas que tuvo que postergar el cierre de la “reestructuración sustentable”, por el rechazo de los bonistas y a pesar de las mejoras ofrecidas al Comité de Acreedores. Como pusimos de relieve en Prensa Obrera los fondos buitres le tomaron el tiempo al peronismo pagador serial y exigen nuevos beneficios de todo tipo en el reconocimiento del valor de los bonos a canjear y en los plazos más cortos para cobrar.

Entre los fracasos en cadena se cuenta la impasse de la “ley de endeudamiento”, pactada entre julio y agosto con Juntos por el Cambio, que debía asegurar un crédito por 500 millones de dólares ante la caída de la recaudación tributaria y el derrumbe de las cuentas. Los organismos “multilaterales”, es decir el capital financiero, condicionan los préstamos al cierre de la deuda y a la aprobación del presupuesto provincial de ajuste.

A las burocracias de la CGT y las CTAs no las sacó de su modorra ni siquiera el artículo 66 del presupuesto de Kicillof, que confisca 8.000 millones de pesos de los fondos del Ioma. Tampoco la exigencia de la Coalición de Bonistas, a la que adhiere el grupo Ad Hoc propietario mayoritario de los bonos de la deuda bonaerense, que demanda de los gobiernos provinciales que vuelquen una parte significativa del “ahorro fiscal” ( reducción del gasto público) al pago de las deudas provinciales, incluida la del Estado bonaerense.

Hundimiento de la salud pública

En marzo, con la declaración de la cuarentena, el gobierno provincial dijo que la prioridad era la atención de las “deficiencias estructurales” de la salud pública dejadas por Vidal. Por fuera del relato nacional y popular, ni Kicillof ni su ministro de Salud, Gollán, quisieron centralizar el sistema de salud para no chocar con el capital. Siendo la provincia más grande y con mayor cantidad de población, los testeos y el seguimiento de los contagios cercanos fueron completamente insuficientes y un factor de agravamiento de la crisis sanitaria. La “gestión exitosa” terminó con más de 640.000 contagiados por coronavirus y la mitad de los 40.000 fallecidos en el país, que elevaron a la Argentina al puesto 11 en número de muertes en el mundo.

Tiempo después y en plena pandemia vendría el choque del presidente del Ioma -hombre del gobierno de Kicillof- con la Asociación Médica Platense (AMP) -una corporación dirigida por los grandes propietarios de la salud privada. El lock out patronal de la AMP terminó con otra capitulación del kirchnerismo gobernante en la provincia. El “nuevo convenio” con IOMA autoriza el aumento de los copagos y del valor de las prestaciones médico asistenciales, golpeando el bolsillo de los afiliados a la desmantelada Obra Social de los docentes y trabajadores del Estado. La frutilla del postre fue el anuncio de subsidios a tasa cero para los sanatorios y clínicas privadas por 400 millones de pesos mensuales con los fondos del Ioma mientras dure la pandemia.

Ahora Kicillof completa el ajuste de Vidal a la salud replicando un presupuesto a la baja como el de Vidal en el 2019 y manteniendo la precarización laboral para los trabajadores sanitarios que están en la primera línea de la lucha contra el coronavirus. Un contrapunto sin vueltas con los 8.000 efectivos policiales que pasarán a planta permanente en el ministerio de Berni.

La alianza de Kicillof con el derechista Berni

Abril puso más claro todavía la alianza férrea entre Kicillof y el represor Berni. Recordemos que Sergio Berni arrancó al frente del ministerio de “Seguridad” reprimiendo a los trabajadores del frigorífico Penta y prometiendo actuar como un “camarada más” en una cerrada defensa del espíritu de cuerpo de la maldita policía (impunidad).

Desde un inicio, el cuartelero Berni, hombre de confianza y protegido de Cristina, trabajó con el aval del gobernador para encubrir el secuestro y asesinato de Facundo Astudillo Castro, a pesar de las múltiples pruebas que incriminan a los efectivos policiales. El ocultamiento de este crimen fue acompañado por la reivindicación criminal de la doctrina Chocobar, la persecución y gatillo fácil a la juventud y el cercamiento policial de las barriadas.

En septiembre, la Bonaerense de Berni fue otra vez noticia con el amotinamiento policial que llegó a las puertas de la residencia de Kicillof y luego a Olivos. Más allá de las poses -incluidas las denuncias del “golpe de la derecha”-, los Yasky y los Baradel terminaron justificando el “salariazo” del 44% para la Bonaerense en nombre de los “atrasos salariales” de Vidal. Los mismos que cierran filas con Berni y pactan paritarias de miseria en sus gremios, apañaron el motín reaccionario.

Kicillof y Alberto Fernández presentaron como un acto de justicia federal la quita en la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, que digamos de paso el macrista Larreta descargará con ajuste sobre los trabajadores porteños. Este incremento de la coparticipación a la provincia no irá a salud ni a un plan de construcción y refacción de las derruidas escuelas bonaerenses, sino a las arcas del Ministerio de “Seguridad” de Berni para reforzar el aparato represivo.

La represión a las luchas y reclamos populares tuvo su expresión más brutal en el desalojo a las 1.400 familias de Guernica y a todas las recuperaciones de tierra ordenados por Kicillof. Berni fue no sólo el eje de este operativo de guerra que movilizó a 4.000 efectivos en Guernica, sino un asiduo y promocionado concurrente a todos los medios “hegemónicos” comportándose como un candidato en campaña, al punto que se hizo filmar un spot propio.

Berni actúa por cuenta de CFK, que quiere su “pata derechista” y mano dura en las elecciones legislativas del 2021. Como denunciaron los delegados de Guernica junto al Partido y al Polo Obrero, las promesas de “reubicación” de los sin tierra fueron mentiras arteras para justificar la represión y la quema de las casillas. Mes y medio después del desalojo de Guernica no hay atisbos de un plan de viviendas y no lo habrá con un presupuesto sometido a la lupa de los bonistas y el FMI.

Fuera el presupuesto de ajuste a los salarios y jubilaciones

Kicillof fijó una pauta inflacionaria mentirosa del 30% en el Presupuesto 2021 para condicionar los aumentos salariales y las paritarias en cuotas, allí donde se convocan (Kicillof excluyó al Astillero Río Santiago de toda negociación salarial). Es una política de estrangulamiento de los sueldos y jubilaciones en línea con las “paritarias” a la baja que vienen firmando desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense (Fudb), que integran Suteba y FEB, a las burocracias de ATE, UPCN y Salud Pública.

La desvalorización del salario, y con éste de las jubilaciones bonaerenses amenazadas también por la “armonización” del Instituto de Previsión Social (IPS) con la Anses, retrata al “gobierno amigo de los trabajadores” como un gobierno profundamente antiobrero. Allí donde los salarios subieron por encima de las ofertas iniciales fue por la acción y la lucha de los trabajadores, como ocurriera recientemente con el paro de los médicos y las movilizaciones de los enfermeros.

El 17 los Sutebas Multicolor, distintas juntas internas combativas de ATE, el movimiento piquetero que integra el Frente de Lucha Piquetero y otras organizaciones obreras y de la izquierda movilizarán a la Legislatura para rechazar el Presupuesto 2021 de ajuste, contra el pago de la deuda externa y por un programa y agenda de movilización por el salario, la reapertura de las paritarias, un salario al desocupado de 30.000 pesos y contra el ajuste a la salud, la educación, la vivienda y el trabajo. Un plan de lucha y la exigencia del paro nacional y provincial son inseparables de la denuncia de todas las burocracias sindicales para que rompan con el gobierno.

El balance de un año de gobierno del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires plantea agudamente la lucha por la independencia política de los trabajadores y por una alternativa obrera y socialista a todos los gobiernos que saquearon el Estado bonaerense a cuenta de los capitalistas.