Poco duraron los trascendidos sobre un regreso urgente de Kicillof ante la crisis de la cocaína adulterada, que ya costó la vida a más de veinte personas en el conurbano, mientras decenas siguen internados. Carlos Bianco, “jefe de asesores” del gobernador, declaró a los medios que la situación ya estaba “estabilizada”. En resumidas cuentas, se prepara el borrón y cuenta nueva para preservar la impunidad de la Bonaerense, metida hasta los tuétanos en el negocio, protección y guerra por el mercado de la droga.

Salvo generalidades y un comunicado, no se conocen las conclusiones del “Comité de Emergencia” ni mucho menos el curso efectivo que seguirá la investigación sobre la tragedia ocurrida, incluidos los responsables materiales y políticos de las muertes. La invitación de Sergio Berni a descartar la cocaína comprada en los últimos días es una obviedad para salir del paso y tapar lo que a todas luces trasciende la adulteración de un puntero inescrupuloso. Las 200.000 dosis de cocaína que según Berni se venden y compran diariamente en la provincia es seguramente un número inferior a la realidad. Datos del 2017 dan cuenta de un negocio que movía 228 millones de dólares en la Argentina, y que en los años posteriores aumentó su precio de venta en “la calle” en un 300%. Hay que llegar al fondo de la trama y su relación con las instituciones estatales que liberan zona a los narcotraficantes.

Con la identificación del “Paisa”, un narco prófugo que operaba en San Martín y que “podría estar relacionado” (sic) con la cocaína contaminada, el gobierno y la cúpula de la policía provincial desanduvieron la hipótesis de una guerra narco por el mercado. En plena entrega al FMI y a su carta de intención ajustadora, los Fernández, Máximo y Kicillof quieren cerrar rápidamente lo ocurrido para no agitar olas en lo que es otro capítulo de la descomposición del gobierno nacional y popular. El lamentable posteo de Aníbal Fernández, faltándole el respeto y sobrando a los fallecidos y a sus familiares, da cuenta de esta improvisación berreta y encubridora por parte de quien siendo ministro de Cristina Kirchner fuera acusado en su momento de favorecer el contrabando de efedrina en la causa abierta por el triple crimen. El cruce entre Aníbal Fernández y Sergio Berni es otro eslabón de la crisis e interna del peronismo.

Se trata de cortar todos los hilos que conducen a la vinculación de la Bonaerense y su jefes políticos con el narcotráfico y el delito organizado que mueve millones. Berni reconoció al pasar la participación de policías en la comercialización de la cocaína y otras drogas, pero no se trata de casos individuales sino de una estructura delictiva y mafiosa que persigue a la juventud y lucra con el robo, la trata, el regenteo de la prostitución y el comercio de drogas. Es conocido cómo se tarifan las comisarías en función de los vueltos, mejicaneadas y cobros a los delincuentes. La Bonaerense es un aparato podrido y represor que debe cortarse de cuajo.

Está por verse todavía qué hay detrás del affaire, considerado un “hecho excepcional” por el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, y cuáles son las bandas narcopoliciales se benefician con esta “limpieza” criminal del mercado. Las víctimas, todas consumidores de barrios pobres, retratan el carácter de clase de este narco Estado en proceso. Las declaraciones de la secretaria del Sedronar le bajaron el tono a este crimen social e insistieron en que la situación está bajo control. Al operativo se sumó El ministro de Salud, Nicolás Kreplak. El ocultamiento de la pandemia y la cantidad de contagios diarios por supresión de testeos se aplica ahora al envenenamiento impune de decenas de personas por consumir cocaína cortada, presumiblemente con un veneno mortal u otras sustancias.

Para Bianco, vocero de Kicillof, el gobierno provincial avanza en la lucha contra el narcotráfico, un relato tan vacío y trucho como el de la “leona” María Eugenia Vidal quien dejó intacta la estructura delictiva y su blanqueo a través de una deuda externa provincial fraudulenta (que los nacionales y populares reconocieron en su totalidad sin investigar), y de los bancos que fugaron divisas con el crédito del FMI a Macri. El Frente de Izquierda lo denunció en el Congreso y la Legislatura bonaerense ante la sanción de las leyes de blanqueo de capitales. Unos y otros sostuvieron y sostienen una política que criminaliza y persigue a los consumidores, para blanquear la responsabilidad estatal.

La propuesta de empezar a discutir la “legalización del consumo de algunas drogas”, escuchada de algunos funcionarios de Kicillof es un tiro al voleo y de apuro para cortar la investigación de las muertes, la protección a los kioskos de punteros en los barrios, y los nexos de los barones de la droga con políticos, jueces, comisarios y burócratas sindicales. El centro de la agitación política del Frente de Izquierda Unidad tiene que estar dirigido contra el estado capitalista y su responsabilidad en esta masacre que no puede quedar impune. La solidaridad con las familias de los fallecidos exige la movilización por justicia y castigo a los responsables materiales y encubridores de los crímenes. ¡Fuera Berni y la maldita policía! Desmantelamiento de los aparatos mafiosos en los barrios y de la protección policial con que cuentan. Basta de perseguir y penalizar el consumo. El estado es responsable. No al pacto colonial con el FMI.