Axel Kicillof ofició de anfitrión de la tercera reunión de la “liga de gobernadores” peronistas. El cónclave en La Plata contó con la presencia de una docena de gobernadores y vices del PJ y del Frente de Todos que escogieron la provincia de Buenos Aires como escenario para una demostración de fuerzas, aclarando por las dudas que no se trataba de marcarle la cancha a nadie ni mucho menos de sacar los pies del plato. A modo de síntesis, Kicillof declaró el apoyo a las “medidas económicas en defensa del ingreso y contra la inflación”, ocultando hipócritamente el carácter ajustador del plan Massa.

Se trata esencialmente de una ratificación del pacto fondomonetarista y una burla a los trabajadores, cuando la canasta básica marca que para no caer en la pobreza se necesitan $111.000 mensuales. Kicillof y la “liga” le chupan las medias al ajustador Sergio Massa, cuando se preparaba la confirmación del superministro al “neoliberal” Gabriel Rubinstein como su segundo en el gabinete económico. El “Kici” apeló al cuento de la difícil tarea de gobernar en un mundo complejo (sic) para seguir tirando la chancleta como hizo en su momento apoyando abiertamente el voto positivo al pacto colonial con el FMI en el Congreso.

El motivo formal de la reunión de gobernadores fue el reclamo de un Presupuesto 2023 de consenso nacional y federal. Según algunos medios de prensa, el lobby pejotista fue también una instancia para amenazar con un eventual adelantamiento o desdoblamiento de las elecciones provinciales para no ser arrastrados por el derrumbe del gobierno nacional. De prosperar la segmentación del proceso electoral, el “relanzamiento” del Frente de Todos con Massa como nave insignia habría tenido poca vida. Está por verse cómo impacta el pedido de cárcel para Cristina e inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos, que echa más leña al fuego de la crisis política y está llamado a incidir en la interna del peronismo bonaerense y el “último refugio” del kirchnerismo, que sería la provincia de Buenos Aires.

La sanata del “Presupuesto federal 2023” que atienda los ingresos de los argentinos tuvo su debut con el recorte de 210.000 millones de pesos que dispuso Massa para reducir el déficit fiscal, tijereteando la obra pública, la salud y la educación. Previendo incluso una modificación del calendario electoral de las provincias, la liga de gobernadores combinó el apoyo al plan de “estabilización” de Massa con la presión para que no se frenen las obras pautadas en el Presupuesto 2022. Sin dejar de actuar como tapadera del ajuste del FMI contra los trabajadores, Kicillof y los gobernadores peronistas quieren negociar los fondos para encarar las elecciones del año que viene y sus proyectos reeleccionistas.

Es evidente que tanto Kicillof como sus pares sabían de antemano el anuncio de este superajuste a horas de la designación oficial de Rubinstein. El silencio de Kicillof es complicidad con el paquetazo del gobierno nacional. Empezando por casa, el gobernador bonaerense le pone cepo a las paritarias estatales y docentes en línea con el ajuste fiscal y para cumplir con el comité de acreedores de la deuda externa provincial.

Según el diario El Día de La Plata, el ejecutivo provincial pretende no ir más allá de una suma fija para los estatales de menores ingresos. Una virtual liquidación de la paritaria y un achatamiento de la pirámide salarial. Las sumas fijas que promueven Kicillof, Cristina, la Cámpora y la CTA Yasky, cuando la diferencia entre las paritarias en cuotas firmadas en la provincia de Buenos Aires y el 90% de inflación proyectada para este año implica una caída de 30 puntos que agiganta la pérdida salarial arrastrada desde tiempos de Vidal y el macrismo.

A la posibilidad de un desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires se suman la cautela y los pies de plomo del “presidenciable” Sergio Massa. El superministro abrió el paraguas en el coto de intereses imperialistas que representa el Council of the Americas declarando que no estaba en sus planes ser candidato a presidente en el 2023. Más allá de las maniobras, esto delata la crisis política del peronismo y el temor a una derrota del Frente de Todos.

La perorata sobre la defensa de los ingresos populares frente a la inflación tuvo un nuevo mentís en la reunión del Consejo del Salario, que resolvió un aumento miserable en cuotas que recién llevará el salario mínimo a 57.000 pesos en noviembre. La abstención del superoficialista Hugo Yasky y el voto negativo de Peidró de la CTA Autónoma en el Consejo del Salario es puro humo porque deliberadamente ambas CTAs evitaron movilizar como sí lo hizo en cambio la Unidad Piquetera, ganando la calle, marchando al Ministerio de Trabajo y plantando bandera en las puertas de la CGT por un salario mínimo de 111.000 pesos.

Mientras patea sin fecha la Comisión Técnica Salarial en la provincia, Kicillof demora también la asunción efectiva del cegetista e integrante de la Corriente Federal, Walter Correa, al frente del Ministerio de Trabajo. Quiere asegurarse, primero, el acuerdo de las burocracias sindicales con la suma fija restringida para quitarle presión al representante directo de la burocracia sindical en el gobierno. Para el activismo sindical y el clasismo, la lucha contra el ajuste fondomonetarista va unida -obligadamente- a la campaña de asambleas y cuerpos de delegados por la reapertura de paritarias y el inmediato aumento de salarios.

El cepo de Kicillof a las paritarias estatales y docentes es hijo del superajuste de Sergio Massa contra los trabajadores. La deriva antiobrera del peronismo plantea la intervención de los trabajadores en la crisis política y su dirección de un nuevo movimiento popular con banderas socialistas.