09/10/2021

Kicillof y los Pandora Papers en la Dirección General de Escuelas bonaerense

Privatizaciones nacionales y populares.

En el listado de los “Pandora Papers”, la saga de la investigación periodística sobre los paraísos fiscales y empresas de lavado de dinero, figura Diego Zuckerberg , allegado directo del actual jefe de Gabinete de Alberto Fernández, Juan Manzur. Zuckerberg es “operador” de sociedades y activos financieros y presidente de Dienst Consulting, una empresa privada de medicina laboral y contratista del Estado bonaerense y la Dirección General de Escuelas.

En los documentos desclasificados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el denunciado Zuckerberg aparece como apoderado de la firma off shore Ballfields Overseas, calificada por el diario español El País como “despacho panameño donde las élites latinoamericanas ocultaban sus riquezas”. Además del CEO de Dienst Consulting, los “Pandora Papers” escrachan a otros dos capitalistas de la salud privada, Hugo Sigman, amigo de Ginés García, exministro de vacunatorio vip, y Marcelo Filgueras, dueños respectivamente de los poderosos laboratorios mABxience y Richmond.

La evasión fiscal millonaria de los privatizadores de la salud repugnan por partida doble en un país con más de 115.000 fallecidos en la pandemia y que exige con urgencia la nacionalización de todo el sistema sanitario. El escándalo bloqueó el nombramiento de Zuckerberg como ladero de Juan Manzur, quien supo ser ministro de Salud de Cristina Kirchner cuando ésta se calzaba el pañuelo celeste de los antiderechos; pero no cortó los negocios con el Estado y los distintos gobiernos, incluida la burocracia empresarial de los Moyano.

La reprivatización del control sanitario en la Dirección General de Escuelas

El 27 de noviembre del 2020, el gobierno bonaerense publicó la resolución conjunta número 2.566, entre la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y la prestataria privada de Zuckerberg, con la firma de la máxima responsable educativa, María Agustina Vila, y Paula Verónica Ferraris, subsecretaria de Administración y Recursos Humanos de la DGCyE. El acta oficial, firmada por las autoridades educativas detalla los servicios a realizar en materia de control de ausentismo, reconocimiento médico laboral y estadísticas médicas de licencias laborales. Debería explicarse por qué se firmó esta acta de pago durante la “cuarentena” y con los trabajadores de la educación trabajando en forma virtual, un despilfarro del presupuesto en pleno ajuste.

En el acta se oficializó la “redeterminación de precios” (actualización) del contrato con Dienst Consulting (que asciende a un valor total de $ 214.013.146,7), librando una orden de pago de $19.207.806 pesos para los ejercicios 2020/2021. De esta forma se mantiene la privatización de un control sanitario y preventivo que debería cumplir el Estado bonaerense, y se premia al “Pandora” Zuckerberg. Dienst Consulting desembarcó en la provincia de Buenos Aires en el 2009, bajo la gestión de Daniel Scioli, y estuvo a cargo del control de las licencias médicas de docentes y auxiliares de la provincia hasta que María Eugenia Vidal resolviera no extenderle el contrato a fines del 2017, modificando el sistema de justificación de inasistencias.

La ahora candidata a diputada nacional porteña por Cambiemos inscribió la cancelación contractual con Dienst Consulting en el marco de una campaña contra el “ausentismo docente”, eufemismo utilizado para atacar el régimen de licencias de la docencia contemplado en el Estatuto del Docente. La supuesta empresa especialista en “tecnología de la salud” fue y es un fraude por dónde se lo mire, acusada de emitir facturas truchas, emplear personal de atención sin título de Medicina, médicos sin formación para evaluar las patologías específicas y, como denunciaran los Sutebas combativos, de suprimir de hecho el reconocimiento a domicilio de los trabajadores enfermos, obligando a los docentes y auxiliares a concurrir a la prestataria.

Una prestataria millonaria y ñoqui que también fue beneficiada por el gobierno de Mauricio Macri con un contrato suculento para controlar la “acreditación del control psicofísico” de los portadores “legítimos” de armas de fuego. Este negociado que involucraba al gobierno macrista y a la Policía de la Ciudad le fue entregado monopólicamente a pesar de las causas judiciales por facturas apócrifas y la carencia de la infraestructura necesaria para proveer el servicio.

La empresa de “salud” cayó bien parada con todos los gobiernos a ambos lados de la “grieta”, y ahora vuelve a la carga en la Dirección General de Cultura y Educación, a la que ingresó con Scioli en el 2009, sin licitación y con contratación directa. La “ley de ética pública”, que esgrime Kicillof como otro slogan de campaña electoral, es en verdad una ley de encubrimiento de los funcionarios de gobierno. Rechazamos la privatización y tercerización del control sanitario, y todas las cajas negras. Fuera los evasores off shore de la Dirección General de Escuelas.

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