Con los tiempos parlamentarios al filo, todo indica que el tratamiento del Presupuesto y la Ley Fiscal 2025 pasará a sesiones extraordinarias en la Legislatura bonaerense después del 10 de diciembre. El gobernador Axel Kicillof, y sus ministros de Gobierno Carlos Bianco y de Economía Pablo López, presentan estas leyes como instrumentos indispensables para sortear el recorte de fondos y transferencias a la provincia de Buenos Aires por parte del gobierno nacional. Según Bianco, vocero del gobernador, la motosierra “libertaria» trepa a casi 8 billones de pesos adeudados por Nación, una cuarta parte de todo el presupuesto bonaerense 2025. 

La ley de leyes y la ley impositiva son calificadas por el kicillofismo como un escudo defensivo de la provincia frente al ajuste de Milei. Los escarceos y roscas previas -incluyendo presentaciones en la Legislatura y asados de convencimiento fallidos- no han tenido por ahora un resultado positivo para el gobierno de Kicillof pero sí le han servido a la oposición derechista para tensar la cuerda y exigir mayores concesiones y beneficios en las vísperas de un «año electoral». Según el titular de la cartera económica, Pablo López,  los jefes de bloque del PRO, la UCR e incluso de los libertarios disidentes (conocidos como los “libermassistas”, que vienen votando con el peronismo) le habrían hecho saber que “así como están las leyes no van a salir». La «ley de leyes» es un botín en disputa de toda la clase capitalista donde cada acuerdo se tarifa. 

¿Escudo?

La denuncia del «robo millonario a la provincia» ha seguido el camino de seis  presentaciones judiciales ante la Corte Suprema exigiendo la devolución de lo adeudado. Mucho ruido y pocas nueces porque Milei y su pandilla se valen de la Ley Bases y del DNU 70 -que sostienen con la colaboración del peronismo y las burocracias sindicales- para consumar este saqueo. El escudo presupuestario es puro cuento y una política de ajuste a los trabajadores bonaerenses para compensar la pérdida y retraso de fondos retenidos o eliminados por el gobierno de Milei. Otra vez la cuestión de fondo es quién paga la crisis. 

El monumental recorte libertario asciende a unos cinco billones de pesos por fondos no transferidos para infraestructura que tienen paralizadas las obras provinciales. Otra poda de casi dos billones corresponde a  transferencias directas, un guadañazo que incluye la  supresión del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), el recorte de  programas sociales y la  retención de partidas para el Instituto de Previsión Social (IPS) calculadas en un billón de pesos. El vaciamiento del IPS pretende forzar la «armonización» de la caja provincial con la Anses nacional para terminar con el régimen jubilatorio bonaerense y los haberes vinculados a las paritarias y el salario.

¿Quién paga y quién se cobra el superávit?

La caída de la recaudación tributaria por el desplome del consumo, y el aumento de la pobreza que ronda el 60% en el conurbano, no le impidieron a Kicillof proclamar el «éxito» de un superávit primario en el primer semestre de 279.000 millones de pesos.  Agreguemos que los «nacionales y populares» pagaron religiosamente los compromisos de la deuda externa bonaerense por más de 1.000 millones de dólares. En los próximos tres años hay obligaciones de pago por montos anuales similares, una hipoteca que condiciona a la provincia de Buenos Aires y que explica la prioridad que tiene el pedido de  endeudamiento para Kicillof. Recientemente un Tribunal de Nueva York falló a favor de dos fondos buitres que no entraron en  la  «reestructuración» de deuda, sextuplicando  el monto de la demanda original. 

A pesar de todo, el gobierno de Unión por la Patria (UP) aceptó pagar el fallo, desestimando la posibilidad de una apelación a la que tenía derecho. La resolución del Tribunal  norteamericano y el achique de los que pregonan que «la patria no se vende» sienta otros precedentes, en tanto y cuanto el canje de deuda le cedió la potestad a los fondos de inversión para litigar en Estados Unidos frente a eventuales incumplimientos y demoras de pago. El «ordenamiento» de las cuentas, del que se jacta Kicillof, implica una colosal transferencia de ingresos de los bolsillos de los trabajadores a las arcas de los capitalistas.

No hay escudo sino ajuste. En primer lugar de la masa salarial de los trabajadores públicos y docentes que arrastran una pérdida salarial del 30% y cuyos salarios  cubren apenas la mitad de la canasta básica. El ajuste de Kicillof nada tiene que envidiarle al de Milei. La crisis de la Obra Social estatal de la provincia, sometida a un saqueo a dos puntas por los lock outs de Femeba (la corporación mafiosa e intermediaria) y por el vaciamiento que lleva adelante el gobierno provincial (caja negra), golpea la atención sanitaria de dos millones de bonaerenses. Su titular, el camporista Homero Giles, definió al Ioma como un modelo similar a las prepagas con copagos para la atención, un sablazo al salario indirecto.

Seduciendo al capital

Kicillof llega a la discusión del Presupuesto 2025 después de importantes concesiones a los capitalistas. Entre estos beneficios se cuenta el llamado Rigi bonaerense que es un complemento del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones de Milei (eximiciones impositivas y de contribuciones patronales). El  Rigi de Kicillof suma quitas de impuestos provinciales a los capitalistas que «radiquen» sus inversiones en territorio bonaerense. Un bonus track que desfinancia al Estado y favorece la fuga de capitales. La aprobación del Rigi de Kicillof en el Senado -después de tres meses de impasse- confirma que los beneficios capitalistas son una prioridad y cuestión de Estado para toda la «casta» capitalista.

Los beneficios no se limitan a las eximiciones impositivas. La vicegobernadora Verónica Magario, en nombre del Ejecutivo, encabezó el rechazo a un proyecto legislativo presentado por el camporismo para aumentar limitadamente el cálculo de las indemnizaciones por despido,  calificándolo de «antiproductivo», en consonancia con las quejosas cámaras  patronales.

El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, le aseguró a la Mesa de Enlace  que integran la Sociedad Rural, Carbap, Coninagro y la Federación Agraria que  repondrán los descuentos por «buen pagador» y pagos anticipados. Según el titular de Arba, Cristian Girard, estos beneficios incluyen descuentos que van del 25 al 30%. Con estos anuncios, el gobierno provincial quiere frenar la agitación del «campo» y la derecha, que tildan de confiscatoria la política impositiva de Kicillof.  

La oposición derechista, que a principios de este año le votó la «emergencia económica y financiera», hace ahora campaña contra las  facultades delegadas prometiendo ponerle «límites» al Ejecutivo. Las concesiones ofrecidas a la Mesa de Enlace  no parecen ser suficientes para «el campo». Después de la reunión de Rodríguez con las entidades agrarias, la Mesa de Enlace descalificó duramente al gobierno de UP en un comunicado donde lo acusó de ser «la reserva de la peor política que empobreció a los argentinos». Lejos del apaciguamiento, la Mesa de Enlace le respondió al gobierno con una incendiaria diatriba mileista. La agitación contra la actualización del impuesto inmobiliario rural va unida a las amenazas de rebelión fiscal fogoneadas por La Libertad Avanza.  

El punto de choque más fuerte es el artículo 163 que autoriza a Arba -la agencia tributaria de la provincia- a aumentar la cuota del impuesto inmobiliario hasta un máximo del 100%. Quienes agitan contra el «régimen de emergencia» de Kicillof son los mismos que convalidan los superpoderes de Milei y el régimen de veto permanente. La llamada cuarta cuota del inmobiliario no le hace ni cosquillas al capital agrario que mantiene aplastado al inmobiliario rural. El  impuestazo de Kicillof sí impacta sobre los trabajadores con el encarecimiento del inmobiliario urbano (gravamen a la vivienda única) y los aumentos de las patentes. A esto se suma la autorización de los aumentos tarifarios a los pulpos eléctricos que operan en la provincia, otro golpe a los salarios. 

Las burocracias kicillofistas que aplauden al gobierno le entregan en bandeja a la derecha la bandera de lucha contra el impuestazo y encubren que la política impositiva es un pasamanos para el pago de las obligaciones financieras. Como señaló el diputado del Partido Obrero, Guillermo Kane, las leyes de Kicillof son una hipoteca que ahoga el presente y futuro de 17 millones de bonaerenses. 

Las CTA’s han resucitado el verso del «desendeudamiento» para avalar los pagos al Comité de Acreedores de la deuda bonaerense bajo jurisdicción extranjera.   Kicillof quiere que le voten un nuevo endeudamiento por dos mil millones de dólares. El ajuste presupuestario es la  garantía de pago. El relato nacional y popular proclama que el gobierno cubrió los pagos de la deuda externa con fondos propios. En verdad, Kicillof viene financiando  los gastos corrientes con la emisión sistemática de Letras de Tesorería, un centro a los tenedores de bonos bonaerenses para que hagan pingues negocios financieros con cada rescate.

Más allá del Presupuesto

La crisis y fragmentación del oficialismo y de la oposición le dan un contexto particular a la rosca por la ley de leyes. En danza están la reforma electoral que promueve Sergio Massa (votación por distrito único y posibilidad de reelección para los intendentes que están impedidos de hacerlo), la suspensión de las Paso (que son de interés de la Libertad Avanza pero también de intendentes peronistas para bloquear eventuales listas opositoras que compitan en la interna), el desdoblamiento de la elección provincial de la nacional y la boleta única resistida por el peronismo. Una suspensión de las Paso golpearía especialmente a un PRO dividido y engullido por Milei, y también a la UCR donde proliferan los radicales con peluca.

En el campo del peronismo continúan los enfrentamientos entre kicillofistas y la Cámpora, que no se saldaron con la felicitación de compromiso del gobernador a la presidenta del PJ nacional. Máximo Kirchner sigue como titular del Partido Justicialista bonaerense y es resistido por los intendentes que reportan a Kicillof. Mientras se agravan los choques con las incursiones de Jorge Ferraresi (actual intendente de Avellaneda) en municipios con intendentes kirchneristas, el jefe de la bancada de diputados de UP y dirigente de la Cámpora posteó contra las «mesas distritales», que son el armado kicillofista en el territorio bonaerense. En disputa están también los pliegos de los jueces y fiscales que promueve el gobierno. 

La investigación judicial que compromete al ministro de Transporte por corrupción y coimas es un golpe directo a Kicillof. El ministro Jorge D’Onofrio llegó al gabinete de la mano de Massa y en acuerdo con Cristina y Máximo. El detonante del escándalo fue el distanciamiento del ministro con el Frente Renovador y su acercamiento al proyecto político del gobernador. No se puede descartar que el titular de Transporte de Kicillof sea obligado a renunciar.

Burocracias cómplices

Las conducciones de las CTA’s apoyan el Presupuesto de ajuste y mayor endeudamiento cerrando filas con Kicillof. Las paritarias se han convertido en una escribanía de las ofertas salariales a la baja del gobierno que han reducido la capacidad de compra de los salarios a la mitad de la canasta básica. Metidas de lleno en la interna peronista, las burocracias kicillofistas dejan pasar la caída en picada de los salarios, los ataques al Instituto de Previsión y la caótica crisis del Ioma. 

Este seguidismo llevó a las CTA’s a un sistemático desinfle de la «marcha federal» con la intención de convertirla en un acto copado por los funcionarios e intendentes alineados con el gobernador, avivando la interna con el cristinismo. En el medio. Kicillof se muestra con Andrés Rodríguez, el burócrata millonario de UPCN e integrante de la cúpula de la «CGT de Milei».

Rechazo al Presupuesto de ajuste

El Partido Obrero une la consigna de lucha por Fuera Milei a la movilización y plan de lucha para derrotar el ajuste del gobierno nacional y de los gobernadores. Esto le cabe por entero al presupuesto 2025 de Kicillof que debe ser enfrentado defendiendo los salarios, la salud, la educación, la vivienda y la atención social con absoluta independencia del gobierno peronista. Kicillof es un pionero del ataque al derecho de huelga que castigó con descuentos y faltas injustificadas a los miles de docentes que pararon contra el ajuste salarial y las reformas antieducativas de Alberto Sileoni, el Director General de Escuelas de la provincia.

Rechazamos la motosierra de Milei a la provincia de Buenos Aires sin el menor apoyo politico al gobierno de Unión por la Patria que acumula superávits a lomo de los trabajadores para pagar la deuda externa usurera. La respuesta al robo libertario exige una intervención enérgica e independiente de la clase obrera. Con esta política y agitando el paro general de 36 horas abordamos la jornada del 5/12 y la lucha política en la provincia.

El combo de ajuste más mayor deuda retrata al cobarde y adaptado nacionalismo burgués en todas sus variantes.