El reciente anuncio del gobierno de Kirchner de “avanzar” en la anulación de los decretos de indulto de Menem es una gota más del “operativo clamor” para la Plaza del Sí.

 

El Procurador General de la Nación, Esteban Righi, envió a los fiscales una instrucción para que avancen en las investigaciones relacionadas con los crímenes imprescriptibles y de lesa humanidad cometidos por la dictadura. “La resolución vale más como gesto político: es una forma de hacerle notar a la Cámara de Casación que hace ya meses debería haberse pronunciado acerca de la constitucionalidad o no de los indultos” (Clarín, 15/5).

 

La mayoría de los jueces de la Cámara de Casación fueron nombrados por la dictadura militar y muchos de ellos han sido recusados por organismos de derechos humanos. Esa misma Cámara excarceló, hace pocas semanas, a los militares presos por el Plan Cóndor y hasta el camarista Alfredo Bisordi se refirió de puño y letra en un expediente a una desaparecida como “delincuente terrorista”.

 

En vísperas del último aniversario del golpe, Kirchner se negó a derogar por decreto los indultos (una facultad presidencial) para que fuera la Justicia quien eventualmente proceda. La anulación depende ahora del fallo de un organismo (Cámara de Casación) conformado casi íntegramente por jueces de la dictadura.