Por doble vía, el gobierno confirmó la instalación permanente de la Gendarmería en Las Heras. “Funcionarios nacionales”, dice La Prensa de Santa Cruz (25/3), “confirmaron que se producirá el asentamiento de una base de la Gendarmería Nacional, con aproximadamente 40 efectivos. El intendente municipal otorgó un predio para la instalación de una base”. La instalación permanente ha sido reclamada por las petroleras.

 

Ha salido a la luz que “Antenor Marsicano, comisario a cargo de la alcaidía de Puerto Deseado (donde se encuentran detenidos los cinco procesados con prisión preventiva acusados de haber participado en la muerte del policía) fue el primero en alertar al jefe de la Policía provincial, el comisario general Wilfredo Alejandro Roque, sobre presuntas ‘irregularidades’ cometidas por efectivos del cuerpo, durante el primer operativo de detenciones ordenado por la jueza Graciela Ruata de Leone”. Según Antenor: “el examen médico realizado a los cinco apresados (y contrastado con el realizado en Las Heras antes del traslado) concluía que habían sido víctimas de duras golpizas, presuntamente asestadas por efectivos policiales” (Ambito Financiero, 24/3).

 

Al conocer el informe, dice también Ambito, “Roque sorteó entonces a Acevedo y estableció una línea directa con el presidente Kirchner”. Acto seguido, en la madrugada del 25 de febrero, el comisario radicó ante la jueza Ruata de Leone una denuncia penal por posibles “excesos” y la jueza libró un oficio reclamando la nómina del personal policial afectado a las detenciones.

 

El 15 de marzo, luego de la caída de Acevedo, Kirchner denunció a su vez los “excesos” cargándolos en la cuenta del gobernador renunciante: “cuando los fueron a detener se excedieron y los golpearon”, declaró (Clarín, 17/3).

 

Las golpizas no se produjeron por bronca de los efectivos ante la muerte de un efectivo de la fuerza, sino para que incriminaran a alguien en la muerte del policía. “Me dieron nombres y me mostraron una foto de Cuatrihuala (uno de los detenidos) y me amenazaron para que lo incrimine: ‘decí que es éste o te cagamos a palos’”, reveló uno de los detenidos (Ambito, ídem).

 

Los mismos presos denunciaron que “son el chivo expiatorio que la jueza y el gobierno necesitan para esconder a los verdaderos culpables” (ídem).

 

Todos los hilos conducen a una conspiración política inspirada por el Presidente y al armado posterior de una “historia oficial”; fue denunciada también la eliminación total de las pruebas en las horas siguientes a la pueblada y a la muerte del policía (ver PO anterior), horas en las que todo lo que se hacía o se deshacía en materia de seguridad estaba en manos directas del enviado del gobierno (Tibiletti) y del jefe de Policía. Este, el mencionado Roque, es un incondicional de Kirchner, impuesto luego del acuartelamiento de la policía provincial en octubre del año pasado, una acción que el entonces gobernador denunció como provocación.

 

La presencia de Hebe de Bonafini, alentada por la Casa Rosada, puede haber sido una cortina de humo de toda esta trama —esta sí “siniestra”. Una vez más los presos denuncian que “el domingo (19/3) nos hicieron limpiar todo porque iba a venir la señora Madre de Plaza de Mayo, pero al final fue pura mentira. Nosotros ya estamos sindicados como asesinos, ya nos condenaron” (ídem).

 

Una investigación independiente debería tomar todos estos hilos, que llegan hasta la propia pueblada de Las Heras y la muerte del policía.

 

El gobierno títere le ha dado la tarea de “echar luz” sobre los sucesos a Alberto Marucco, titular de la flamante Secretaría Provincial de Derechos Humanos, un hombre acusado de montar los grupos de provocadores a sueldo contra las movilizaciones de los mineros o de otros sectores populares en tiempos de Kirchner gobernador de la provincia (OPI, 24/3). Una investigación independiente, para ser tal, debería incluir a los Familiares de los Presos y Perseguidos de Las Heras y Santa Cruz.

 

Libertad a los presos políticos.

 

Fuera la Gendarmería de Las Heras.