Al entrar en su quinta semana, la movilización docente puso al gobierno de Santa Cruz ante una crisis política. Los mandaderos de Kirchner han fracasado una y otra vez en su intento de quebrar la huelga a fuerza de provocaciones y represión.

 

Al revés, cada golpe represivo hizo crecer la huelga, la fortaleció, la extendió a toda la provincia y ganó el apoyo activo de los trabajadores de otros gremios y de la población. Por primera vez en mucho tiempo, Santa Cruz es políticamente una provincia y no un conjunto de ciudades y regiones aisladas: la huelga y la movilización se extiende a toda su extensa geografía.

 

La semana pasada se movilizaron 8.000 docentes y trabajadores en Río Gallegos y otros 4.000 en otras catorce localidades provinciales. La huelga docente de 72 horas fue muy masiva. La Mesa de Unidad Sindical, que agrupa a docentes, estatales, judiciales, municipales de algunas ciudades y otros gremios estatales, realizó a un paro de 24 horas el jueves 29 (la directiva de ATE, sin embargo, excluyó de este paro a los mineros del Turbio).

 

Ante el fracaso de su política, el gobierno redobló la apuesta. Llenó la provincia con tropas de la Gendarmería, ocupó militarmente las escuelas, puso al conjunto del aparato represivo provincial bajo el comando de la Side, lanzó un spot televisivo donde compara a los docentes con “subversivos (...) que quieren destruir la provincia” y procedió a descontar de los salarios docentes (y de otros trabajadores que habían parado) el presentismo y los días de huelga. Para completar el cuadro, en la noche del sábado sus patoteros lanzaron una bomba molotov contra el local donde se realizaba un festival para recaudar dinero para el fondo de huelga.

 

El empeño represivo del gobierno demuestra que considera a la derrota de la huelga como una cuestión estratégica. Pero la nueva escalada represiva del gobierno estaba condenada, nuevamente, al fracaso. ¿Por qué? Porque ya había fracasado antes con los petroleros que resistieron a la Gendarmería y obligaron al gobierno a recular. Y efectivamente fracasó.

 

El viernes, cuando se pagaron los salarios con descuentos, en Río Turbio y 28 de Noviembre hubo una fuerte movilización docente que ocupó los Concejos Deliberantes. En Gallegos, a los trabajadores de ATE no se les pagaron los sueldos; un paro y movilización del Hospital, que virtualmente ocupó el Ministerio de Asuntos Sociales, obligó al gobierno a pagar de inmediato.

 

La militarización de las escuelas (el sábado 31) fue repudiada en toda la provincia. En Río Turbio hubo una marcha de varios miles de personas (en una localidad de 15.000 habitantes). En Gallegos se instaló una carpa durante 36 horas, con una guardia permanente de 300 a 400 compañeros que se mantuvo de día y de noche en el centro de la ciudad en medio de un entusiasmo impresionante. En Caleta se marchó el sábado; la marcha retomó la consigna de 2001: “que se vayan todos”. En Calafate una marcha de antorchas el domingo reunió unos 500 docentes y padres.

 

La movilización continuó el domingo y el lunes en el acto del 2 de abril.

 

Este nuevo fracaso abrió una crisis política manifiesta. Los medios provinciales hablan de la renuncia del gabinete y hasta de una intervención federal... de una provincia virtualmente intervenida. En el propio PJ, comienzan a aparecer quienes plantean, como el presidente del Concejo Deliberante de Río Gallegos, la necesidad de “negociar con los docentes”. Todo esto le impone al gobierno provincial (y al nacional, que es el verdadero gobierno de Santa Cruz) la necesidad de pegar un viraje para salir de la impasse a la que lo ha llevado el fracaso de su política represiva.

 

Más tarde o más temprano, el gobierno se verá obligado, por la fuerza de las circunstancias, a tratar de imponer por la vía sinuosa de las negociaciones la política que no ha podido imponer por la fuerza. Para que una eventual apertura de las negociaciones no quedara en evidencia como una muestra de debilidad, el primer paso fue una provocación (y a la vez, un tanteo): la Subsecretaría de Trabajo convocó telefónicamente a la dirección de Adosac a una reunión... que luego negó haber convocado. Para algunos medios de Santa Cruz, este ida y vuelta es una expresión de las divisiones en el gabinete y del estado de “ebullición interna del gobierno” (Opi, 3/4).

 

Esta crisis estuvo en el centro del debate docente sobre la realización de paros durante el martes y miércoles previos a la Semana Santa. La directiva de Gallegos y la provincial impulsaron la no realización de paros en esos días. Las votaciones en las asambleas docentes fueron muy divididas. En Gallegos, por un margen estrecho, triunfó la moción de no parar; en Caleta Olivia, también por un margen estrecho, ganó la de parar (aquí, la directiva local de Adosac apoyó la realización de los paros). En Calafate, se votó la huelga indefinida.

 

Sobre esta base, Adosac resolvió no parar el martes y miércoles previos a Semana Santa y convocó a una nueva huelga de 72 horas a partir del lunes 9 de abril.

 

Pero, después de cinco semanas de aprietes, militarización y descuentos, no son los docentes sino el gobierno el que debe mostrar su “disposición” a negociar. Frente al gobierno de la militarización de las escuelas y los ataques patoteros, la eventualidad de una negociación en torno a los salarios no puede condicionar en modo alguno las medidas de movilización. Sin desmilitarización el plan de lucha debería continuar.

 

El gobierno debe retirar la gendarmería, sacar a la policía de las escuelas y pedir perdón por los atropellos cometidos.

 

La movilización y la huelga han puesto al gobierno contra las cuerdas. Su continuidad y profundización es el único instrumento capaz de llevar esta enorme lucha a la victoria ante las maniobras que se avecinan.