El desabastecimiento de gas y, consecuentemente, de energía eléctrica es un hecho. Asimismo, la evidencia de que las petroleras están imponiendo una politica de aumentos convierte a la crisis energética en una crisis política.

Ahora, recuerdan que “el sector de hidrocarburos ha ganado más de 5.000 millones de dólares este año” (Clarín, 26/03).

“Palos públicos y acuerdos privados” así define El Cronista (22/3), las negociaciones desesperadas con las petroleras, que prevén el aumento del gas a 90 centavos de dólar en boca de pozo.

La política anti-crisis, entonces, es una adaptación completa a las presiones de las petroleras. Kirchner, “pese a que desde la tribuna les imputa a las compañías productoras la responsabilidad por no haber invertido en los últimos ocho años, en la intimidad de los despachos avanzó en un acuerdo con las petroleras para otorgarles un aumento del 100 por ciento” (Página/12, 24/03). Además está previsto “el subsidio a las usinas para que recurran al fuel elevando tarifas a los grandes usuarios y el precio del GNC, e importando de Bolivia (a un costo de 1,50 dólar por millón de BTU). En alguna medida, aún incierta, la emergencia castigará el bolsillo de los consumidores” (Página/12, ídem).

 

¿Una gran maniobra oligopólica?

La producción de gas está en manos de cuatro grandes compañías (Repsol es la más importante). No existe un marco regulatorio para la producción de hidrocarburos y con la privatización de YPF el Estado carece de toda injerencia real en el manejo de la producción y hasta en el conocimiento de la situación, ya que “el Estado tiene enormes dificultades para saber si efectivamente falta gas y si, como afirman los privados, las reservas de hidrocarburos apenas alcanzan para 13 años” (Clarín, 27/03).

Según expertos chilenos, “que a la Argentina le falte gas es una crisis más aparente que vinculada a la realidad” (El Mercurio). Más específicamente, “las exportaciones de ese combustible a Chile han pasado a ser un elemento de presión” en el contexto de un enfrentamiento del gobierno argentino con las petroleras, “en un conflicto político y económico con las empresas de gas natural” (ídem). Se trataría de una gran maniobra de los productores argentinos que habrían optado “por bajar su producción y, de esta manera, argumentar la falta de gas para presionar por un alza global de las tarifas” (ídem).

El mismo Gobierno admite una política de presión en la puja por aumentar los precios del gas en boca de pozo” (Página/12, 24/03).

La “escasez” provocada por las productoras sería también una excusa para justificar la importación de gas desde Bolivia hacia la Argentina, lo que “daría una triangulación que supondría abastecer a Chile, principal cliente para el gas argentino” (El Cronista, 22/3). Ante esto “políticos y sindicalistas bolivianos aumentaron sus críticas a la intención del gobierno de Carlos Mesa de vender gas a la Argentina, por el temor de que éste se desvíe a Chile” (Clarín, 27/3).

 

¿Falta de inversiones y de exploración?

La otra cara de la crisis energética es la suma de “errores e imprevisión”, por lo que “faltó un plan y faltará gas” (Página/12, 28/3).

Es que para las empresas privatizadas, el mercado argentino era un mercado agotado desde mediados de la década del noventa, cuyas “chances de ulterior expansión provendrían de la exportación, especialmente a Chile y a Brasil” (ídem).

Efectivamente, la ausencia completa de inversiones en infraestructura es un elemento clave, que convierte a la crisis energética en estructural. Ausencia de inversiones que el gobierno conoce perfectamente y toleró permanentemente.